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Los menores de 35 años se han ubicado en el punto de mira del PRC. Su grupo parlamentario registró este jueves en el Parlamento de Cantabria una proposición de Ley de Juventud con la que el partido quiere reconocer a los menores de 35 años ... como «colectivo prioritario de acción social» y, de esta forma, impulsar medidas para apoyarles. Entre ellas, los regionalistas citan la gratuidad del transporte público y facilidades para acceder a la vivienda y el empleo, entre otras.
La diputada Rosa Díaz, también alcaldesa de Polanco, será la encargada de su defensa en la tramitación parlamentaria. El secretario general de Juventudes Regionalistas, Luis Casas, destacó ayer que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para elaborar una propuesta legal «viva, dinámica y abierta a la negociación y el consenso» con el resto de las fuerzas parlamentarias.
La norma presentada quiere un Plan Integral de Juventud con líneas de intervención concretas. De salir adelante el proyecto, querrían que esté listo en el plazo de un año y que abarque medidas a desarrollar en cinco años. El objetivo del PRC sería que, en vivienda, se les reservara un mínimo del 25% del parque público, porcentaje que alcanzaría el 30% en los municipios con menos de 5.000 habitantes y llegaría al 50% en aquellos que se encuentran en riesgo de despoblación. Esta reserva se mantendrá mientras la tasa de emancipación juvenil de Cantabria sea inferior a la del conjunto de la Unión Europea.
En empleo, la propuesta aspira a que los jóvenes reciban «al menos» el 30% de las ayudas destinadas a mejorar la empleabilidad. También se quiere que el Gobierno de Cantabria garantice la gratuidad del transporte público para todos los menores de 35 años y que impulse la FP como «elemento fundamental para la entrada en el mercado laboral», con especial atención a las familias profesionales agraria, marítimo-pesquera, de energía y agua y electricidad y electrónica.
El blindaje del Consejo de la Juventud es otro de los grandes contenidos de la proposición del PRC, que incorpora una modificación legal para asegurar que las subvenciones y transferencias destinadas a este órgano estén garantizadas en los presupuestos anuales de la Comunidad Autónoma, con el fin de garantizar su «independencia y funcionamiento» y evitar que vuelva a desaparecer, como ya ocurrió en la etapa de la mayoría absoluta del Partido Popular.
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