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A principios de agosto, el equipo del SUAP de Suances tuvo que encerrarse en el centro de salud para protegerse de la furia de ... un hombre que «no aceptó que le remitiéramos al hospital después de decirle que no disponíamos de la medicación que necesitaba el paciente al que acompañaba, en este caso, un niño», comenta uno de los profesionales que lo sufrió. Entre gritos, insultos y amenazas, el agresor acabó dislocándose el hombro cuando trató de tirar la puerta abajo. «No nos agredió físicamente porque nos dio tiempo a meternos en el centro, donde permanecimos, con el servicio de Urgencias bloqueado, hasta que vino la Guardia Civil y la Policía Local», explica.
El Sindicato Médico denuncia que «en lo que va de agosto ya se han registrado al menos seis agresiones a profesionales (Los Corrales, Torrelavega, Meruelo, Vargas...)» y se elevan a «trescientas» las intervenciones policiales este año para proteger a los sanitarios. De ahí que solicitara esta semana una reunión urgente de la Mesa de Seguridad de Atención Primaria (donde han tenido lugar estos últimos episodios violentos) para exigir que «se adopten medidas de protección y que la Consejería de Sanidad actúe contra esta lacra social». Critica «la pasividad» de la Administración, que «se niega sistemáticamente a adoptar las medidas sancionadoras que tiene a su disposición en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria (Loscan). En los 18 años que lleva vigente la Ley no se ha sancionado ni una sola vez a un usuario por vejar, injuriar o coaccionar a un profesional sanitario».
Recuerda que, al igual que ocurre con profesores o policías, «cualquier agresión física al personal sanitario se considera atentado contra funcionario público». Sin embargo, «bajo ese paraguas no entran los insultos, las vejaciones, las amenazas, las injurias o la coacciones (salvo en casos muy concretos), que suelen ser el paso previo a la agresión física y para los que en cambio están una serie de sanciones contempladas en la ley, que van desde los tres mil a los seis mil euros». El sindicato pide que se dote de «seguridad privada a aquellos centros en los que no se pueda garantizar una pronta asistencia policial» y que se audite el funcionamiento del botón del pánico, que «con frecuencia falla».
«Nos encontramos en una situación de indefensión», declara otro de los facultativos agredidos, que echa en falta el apoyo del Servicio Cántabro de Salud y, en contraposición, resalta «el respaldo en todo momento» del Colegio de Médicos y de la Guardia Civil. «Por primera vez en 20 años he decidido denunciar, porque hay que visualizar el problema, si nos lo tragamos parece que no pasa nada», añade. Su agresión ocurrió en una de las guardias de noche del servicio de Urgencias de Meruelo. «Vinieron tres jóvenes sobre las seis de la mañana porque uno se había hecho una brecha que no revestía gravedad y, cuando el celador del mostrador les pidió los datos, se pusieron violentos, no querían darlos. Ya venían muy alterados», relata. La tensión se elevó por momentos hasta el punto de que «al herido le tuve que agarrar del brazo contra la pared para que se tranquilizara cuando sentí que iba a ser agredido. Incluso después de ponerle las grapas, volvió a enfurecerse. Al final tuvo que intervenir una patrulla de la Guardia Civil».
El Sindicato Médico señala que «no es de recibo que la Consejería, teniendo las herramientas disuasorias a su alcance para poner coto a esta situación intolerable, no las use de inmediato y prefiera mirar para otro lado».
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Ana del Castillo
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