Reinosa, Potes y Ruente alegarán contra su salida del listado de riesgo de despoblamiento

Con la nueva orden del Gobierno regional se dejan atrás las dos listas de municipios afectados por el problema de la despoblación con las que contaba Cantabria. La primera estaba elaborada por la Consejería de Presidencia –se encontraban dentro 39 consistorios– y permitía que pudieran acceder a distintas ayudas como subvenciones propias a las que no tienen acceso todas las localidades y recibían una mayor cuantía del Fondo de Cooperación. La segunda dependía de la Consejería de Economía y concedía a los habitantes de esos municipios –55 en total– acceder a beneficios fiscales en el IRPF.

La nueva lista estará compuesta por 41 municipios en 2025, que cuentan con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o cumplen con tres de los cuatro parámetros que ha establecido el Gobierno:una variación negativa de la población en los últimos diez años, tener la renta per cápita inferior a la renta per cápita mediana de todos los municipios de Cantabria, una tasa de envejecimiento superior al 30% o ser un municipio de población inferior a los 2.000 habitantes.

Un cambio significativo si se tiene en cuenta que antes solamente se necesitaba cumplir con uno de los criterios para pertenecer al listado. Algo que ha generado controversia y rechazo desde algunos de los ayuntamientos afectados. «En los cuatro parámetros estamos peor que el año pasado, era un incentivo para establecer población y, de repente, te cambian las reglas del juego y te dicen que no perteneces a esa lista», argumenta el popular Javier Gómez, alcalde de Potes. En su caso van a presentar alegaciones para intentar que se corrijan los criterios para pertenecer al listado. «Se han encarecido las condiciones para entrar en esa lista, en Potes tenemos muy poca superficie y no se tiene en cuenta otros datos como pueden ser la tasa de paro, un dato que es un problema para animar a que la gente se instale aquí».

Otro de los municipios que trasladarán sus quejas es Ruente. Su alcalde, el también popular Jaime Díaz, explica que «se pierden muchas ayudas para obras públicas» y eso influirá en los proyectos. «Esta ley está hecha para que los municipios crezcan en población, en nuestro caso, el crecimiento no es significativo para decir que hay una tendencia positiva».

Y es que otro de los beneficios que se pierden por no estar viviendo en zonas catalogadas como 'en riesgo de población' y que merman el fijar población es no poder optar hasta a cuatro exenciones en el tramo autonómico del IRPF. Desde 300 euros de la deducción por arrendamiento de vivienda en ese lugar, otros 300 de deducciones de gasto de guardería, 500 euros si se acaba de trasladar a ese municipio y 200 más por gastos de transporte escolar de un hijo.

Reinosa es uno de los tres municipios que tiene claro que hará patente su disgusto ante esta decisión. «Puedo entender que hasta ahora había dos listas, algo que se ha intentado resolver. La de reto demográfico, en la que no estaba Reinosa, y la de riesgo de despoblamiento, en la que sí. Está claro que tener dos listas daba complicaciones», subraya José Luis López, alcalde de Reinosa por el Partido Popular. «A mí me parece bien que haya una lista, pero no estoy del todo de acuerdo con los criterios que se fijan para estar dentro de esa lista».

Aunque no todos los que no forman parte de ese nuevo listado lo ven con malos ojos. «En un año hemos subido más de cien habitantes, es lo normal, salimos porque es lo lógico. Somos un municipio en crecimiento». Así lo destaca Ignacio Sainz, alcalde de Limpias por el PP.

En esa misma línea se manifiesta el popular Juan José Barruetabeña, alcalde Argoños, «toca asumir lo que dicta el Gobierno». «Nosotros estamos subiendo en el padrón municipal, hemos estado durante años en este listado. Si estamos subiendo no nos podemos quejar. Queremos todo, subir de población y que no nos quiten los beneficios. Todo, a veces, es un poco injusto», añade Barruetabeña, que señala que la población ya roza los 2.000 habitantes en Argoños.

Con algo más de dudas se muestran en Saro. «De momento lo hemos consultado a ver si alegamos o no, ahora mismo no tenemos tomada una decisión fija. Nosotros nunca hemos estado en riesgo de despoblamiento, era la primera vez que íbamos a estar, porque no nos ha bajado el censo, al contrario, nos ha subido la población», argumenta Miguel Ángel Prieto, alcalde de dicho municipio por el Partido Popular.

Sin una postura definida se encuentran en Hazas de Cesto. «Estamos hablándolo para tomar una decisión. En un principio sorprende la decisión tomada por el Gobierno, en el municipio hay familias jóvenes con niños y con alquileres que pueden acceder a las deducciones por vivir aquí», puntualiza el socialista Enrique Lastra, alcalde de Hazas de Cesto.

Con la idea de no presentar alegaciones se encuentra el alcalde de Liendo, Juan Alberto Rozas (PP): «No hemos notado una variación en el padrón, pero no vamos a presentar nada». También lo tienen claro desde el Ayuntamiento de Udías. «Sabemos que estamos subiendo las cifras de población y que no entramos en las características que se piden ahora en el Gobierno», valora Fernando Fernández (PP), alcalde del municipio.