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Queda menos de un mes para que el Parlamento cierre sus puertas como preámbulo a la campaña electoral, pero la temperatura en el hemiciclo no ... había estado tan alta en toda la legislatura. Entre el caso de los contratos irregulares en Juventud e Igualdad, la trama de corrupción en Obras Públicas y las reclamaciones por el escándalo de los trenes que no entran en los túneles, la hostilidad entre los diputados se ha disparado desde que comenzó el año. El último capítulo se ha escrito en la comisión de Presidencia en la que la consejera Paula Fernández informaba sobre la investigación del Gobierno del 'caso Renedo'. Los intentos de Vox por vincular este asunto con otras denuncias por presuntos casos de corrupción terminó con una enconada discusión con el dirigente del PRC Pedro Hernando, que ejercía como presidente de la comisión, y la suspensión de la sesión durante cinco minutos. «Estamos ante una trama de contrataciones ilegales en el Gobierno. No es un caso puntual, es una trama de corrupción estructural», dijo el diputado de Vox Armando Blanco antes de levantarse, marcharse y no volver a ocupar su sillón cuando se reanudó la comisión.
«Tenemos que dar el nivel y medir bien las palabras. A los políticos se nos pide más, debemos estar a la altura de las circunstancias. No podemos entrar en el juego sucio y en el barro», reclamó la consejera de Presidencia en la segunda parte de la comisión, en la que no hubo muchas novedades respecto a la información que ya había avanzado la semana pasada El Diario Montañés. Una vez terminada la primera fase de la investigación, el instructor de la Inspección General de Servicios decidió no archivar la causa porque ve «al menos una posible infracción» de la Ley de Incompatibilidades en las operaciones de la exdirectora general de Igualdad y Juventud Alicia Renedo. La investigación, reservada y confidencial, continuará con la apertura de un expediente sancionador a la dirigente socialista «por no haber ejercido el deber de abstención».
Renedo adjudicó una docena de proyectos y programas relacionados con la formación en igualdad de género, entre 2016 y 2019 y por valor de 78.348 euros, a la empresaria gaditana María Luisa Rebolledo Deschamps. Una vez que terminó aquella legislatura, compaginó su papel de concejala en Ruente con el sector privado, y empezó a trabajar, precisamente, para una de las empresas de Rebolledo, tal y como consta en la declaración de Actividades e Intereses de los altos cargos del Gobierno, publicada el mes pasado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC). Durante esa etapa, esa empresaria consiguió nuevos contratos públicos en Cantabria, tanto en el Gobierno regional como en concejalías de ayuntamientos del PSOE.En 2021, Zuloaga contó con ella para volver al Ejecutivo, esta vez como directora general de Juventud. Y menos de un año después, a comienzos de 2022, Renedo volvió a firmar un contrato público con Rebolledo desde su nuevo puesto. Le adjudicó un curso de diversidad afectivo-sexual online por valor de 1.580 euros. Un contrato para el que no hubo ningún licitador más, pero que, según la consejera, «el servicio se prestó y fue un éxito, por lo que no hay perjuicio al dinero público».
«Ahora entraremos en la segunda fase de la investigación, en la que se escuchará la versión de Alicia Renedo. Habrá que ver la naturaleza de su contratación por la empresaria y el trabajo que desempeñaba para ella. Es un proceso abierto y pide respeto para el trabajo de los funcionarios», señaló Paula Fernández.
El diputado del PP Álvaro Aguirre, muy beligerante con la falta de control del Gobierno, considera que el 'caso Renedo' no solo afecta a la exdirectora de Juventud e Igualdad, sino que la responsabilidad se extiende al vicepresidente del Gobierno. «Zuloaga sacrificó a Alicia Renedo para llegar vivo a las elecciones. Él ya está en el fondo del pozo, que no le arrastre a ustedes», dijo.
Según los populares, el artículo 19 de la Ley de Incompatibilidades señala como responsable al líder del PSOE, ya que debía haber informado de la situación de Renedo y no lo hizo. «Pero en el ala socialista impera el silencio en un caso indigno y bochornoso para el Gobierno», denunció.
La diputada Paz de la Cuesta insistió en que los hechos «afectan eventualmente a un contrato menor y no se perjudicó al erario público», por lo que rechazó los argumentos que «quieren dar apariencia de corrupción generalizada».
Además, alabó la «diligencia» del Gobierno en actuar cuando se encontraron indicios que comprometían al servicio público. «Se asumieron rápidamente responsabilidades. Y esto es lo correcto», señaló.
El portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez, fue uno de los más críticos con la exdirectora de Juventud e Igualdad. «De forma inmoral se puso a trabajar para la misma empresaria a la que adjudicó contratos. Lo que se conoce como una puerta giratoria», señaló.
Y calificó de «escándalo» que, a su vuelta al Gobierno, volviese a dar contratos a la empresaria gaditana. «Esto es ilegal, nadie lo pone en duda. Se saltó la ley de forma descarada», denunció Álvarez, que recriminó al Gobierno su falta de control y vigilancia: «¿A qué se dedican? No hace falta que venga Sherlock Holmes para ver un caso tan claro»
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Ana del Castillo
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