Renovarse o morir

Considerada como el motor económico de la comunidad autónoma, la industria, que sigue sangrando por las heridas abiertas por la reforma laboral llevada a cabo en 2012, no ha debilitado su musculatura pero tampoco la ha fortalecido lo suficiente como para garantizarse la estabilidad en un futuro incierto condicionado por varios factores: la incertidumbre de los mercados, la lenta adaptación a las nuevas tecnologías, los costes energéticos... De manera que a la pregunta de ¿cómo hemos cambiado? podría decirse que, en este sector concreto, no lo deseable.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde el comienzo de la legislatura, el valor medio anual del Índice de Producción Industrial (IPRI) de Cantabria, que es el que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales excluyendo a la construcción, ha experimentado un incremento de un 14,7%, lo que supone casi diez puntos más que la media nacional (un 5,3%). El aumento es considerable si se compara con la legislatura anterior, cuando, sobrevenida la reforma, el IPRI retrocedió un 8%.

Igualmente, y conforme a las cifras que maneja esa misma fuente, desde el comienzo de la legislatura, el valor medio anual del Índice de Precios Industriales de Cantabria, que es el que mide la evolución de los precios de venta de los productos industriales a salida de fábrica, ha reflejado un aumento de 5,9%, lo que significa casi dos puntos más que la media española (un 4,1%). Al finalizar el ejercicio de 2018, la variación positiva observada a lo largo del año por el IPRI duplicaba la experimentada por este indicador a nivel nacional.

Buenos comportamientos han tenido también el Índice de Entrada de Pedidos (IEP) y el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE), pero no así los indicadores de empleo, que mejoran en cantidad pero empeoran en calidad.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública, el sector de la industria empleaba a 33.898 trabajadores en la región durante el primer trimestre de 2015 y ocupaba a 36.386 en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento de un 7,6%. Una estupenda noticia si no fuera porque esos 33.898 trabajadores que se toman como referencia para entender el crecimiento observado al cierre de las dos últimas legislaturas (2015 y 2019) se corresponden con el techo de destrucción de empleo provocado por la devastadora crisis económica.

Además, ese aumento de los índices de empleo ha venido acompañado por un inusual incremento de las tasas de contratación temporal que han volteado la posición laboral del sector industrial cántabro, que si hasta 2013 nunca había superado el 90% de contratos eventuales, a partir de ese año pasó a arrojar los niveles de temporalidad contractual más altos hasta colocarse por encima del 95%.

Es decir, que al mismo tiempo que vio subir el empleo, la industria cántabra vio bajar su calidad. Ello en un ciclo legislativo en el que también detectó una drástica reducción de suelo disponible.

Admite el Gobierno de Cantabria que existe un problema de suelo a disposición a corto plazo y que las mayores demandas de terrenos se vienen produciendo en la zona central de la región. Para poder atenderlas, dice sobre esto el Ejecutivo, hay hoy en marcha dos iniciativas. Una, el parque Tecnológico Empresarial Bisalia, en Las Excavadas, en Torrelavega. Y la otra, el área estratégica de El Llano de La Pasiega, en Piélagos.

En este aspecto, además, la Administración autonómica resalta el impulso que se ha pretendido dar a la comarca del Besaya con la constitución de una mesa especial desplegada dentro de la Mesa General de Diálogo Social así como la elaboración del Plan de Acción Besaya 16/18 para revitalizar industrialmente una zona en la que los indicadores de paro y afiliación a la Seguridad Social son más favorables incluso que los regionales.

Con esos proyectos en ciernes, el Gobierno de Cantabria se propone dotar de una mayor potencia a los motores de la industria regional, que cada mañana ponen en marcha empresas como Sidenor, Sniace, Solvay o la antigua Robert Bosch, SEG Automotive.

En todas ellas se han producido importantes cambios esta legislatura. Cambios encaminados a mejorar el nivel productivo de las compañías que, en determinados casos, han supuesto incluso amplias renovaciones en los consejos de administración cuando no la entrada de nuevos propietarios.

Así, la multinacional brasileña Gerdau anunció en mayo de 2016 la venta de Sidenor a Clerbil S.L., un grupo inversor encabezado por el vizcaíno José Antonio Jainaga, que pagó 155 millones de euros por hacerse con la empresa de aceros especiales, aunque el importe de la transacción podrá incrementarse hasta en otros 45 millones al cabo de cinco años, dependiendo del desarrollo futuro del negocio.

Unos meses después, en octubre, la fábrica torrelaveguense Sniace anunciaba la reapertura de su planta de celulosa tras tres años de parón y una complicada andadura rodeada de obstáculos que, salvados, desembocó en el reinicio de la actividad y, con ella, la incorporación de 227 trabajadores a la citada planta y el cierre de su primer pedido: 3.000 toneladas con destino a China. Justo un año después, en diciembre de 2017, Sniace reabría también su planta dedicada a la producción de viscosa, Viscocel, clausurada durante un lustro.

En el hall de aquellas navidades, la empresa química belga Solvay se vio abocada a la paralización de la producción de la planta de cloro que posee en sus instalaciones de Barreda al contravenir la normativa ambiental europea, una medida por la que la compañía calculó que 52 trabajadores tendrían que abandonar el Grupo.

El último de los grandes cambios se produjo sólo unos días más tarde, el 1 de enero de 2018, cuando la planta de Robert Bosch en Treto pasaba a convertirse a todos los efectos en SEG Automotive consumándose de esa manera la entrada de un nuevo accionariado y la apertura de una nueva etapa.