La renuncia de las aseguradoras de Muface afecta a casi 20.000 mutualistas cántabros

Para entender la situación conviene recordar que el Muface es el organismo que se encarga de prestar asistencia sanitaria a los funcionarios públicos adscritos, que cada año pueden decidir quién les va a dar esa asistencia, si una de las aseguradoras privadas que participan del concierto (son tres, Adeslas, Asisa y DKV) o la sanidad pública.

Esa mutualidad gestiona hoy el seguro de 1.490.000 personas, todas ellas empleados públicos (bien en activo o bien jubilados) o familiares de estos que aparecen en calidad de beneficiarios. En su gran mayoría son trabajadores en los ministerios de la Administración General del Estado -se incluyen los de cuerpos específicos como los diplomáticos, los inspectores de Hacienda y de Trabajo, o la Policía Nacional- así como trabajadores públicos de las comunidades autónomas, en especial docentes de educación primaria, secundaria y universitaria.

Como el Muface existen otras dos mutualidades más específicas, el Mugeju, que cubre los seguros médicos de los funcionarios de la administración de Justicia, y el Isfas, que presta asistencia sanitaria a los miembros del Ejército y de la Guardia Civil, a las que la decisión tomada por las tres compañías aseguradoras no va a afectar.

Según los datos que la mutualidad tiene guardados en su memoria de actividades de 2022, los últimos que están disponibles, ese año tenía aquí, en Cantabria, 19.783 afiliados así repartidos; 7.797 asegurados en Adeslas, 5.968 en Asisa, 285 en DKV y otros 5.733 en concierto con la Seguridad Social.

A todos ellos les afecta la decisión de las tres compañías aseguradoras de no presentarse a la licitación del concierto para prestar asistencia sanitaria en Muface el próximo año por considerar que la oferta económica realizada por la Administración no les compensa económicamente. Las tres, Adeslas, Asisa y DKV, han argumentado que no pueden seguir asumiendo las pérdidas que les está generando el concierto durante los últimos años, primero por el impacto de la pandemia del covid-19 y después por su mayor coste debido a la elevada inflación.

La falta de un entendimiento deja a Muface y a sus afiliados -1,5 millones en toda España- en una delicada situación considerando que las tres aseguradoras que abandonan la mutualidad eran las únicas que prestaban asistencia sanitaria a los trabajadores públicos adscritos en el último concierto, el correspondiente a los años 2023 y 2024 (que finalizará el día 1 de enero), y que ayer, martes, terminaba el plazo para poder presentar las ofertas al nuevo convenio para los años 2025 y 2026.

La renuncia de estas aseguradoras a continuar prestando el servicio ha causado gran inquietud no solo entre el millón y medio de personas que se han visto directa o indirectamente afectadas por una decisión sin parangón, entre las que hay, como se ha dicho, cerca de 20.000 cántabros. Sin ninguna compañía privada dispuesta a ofrecer este servicio, la Administración teme ahora que tenga que ser la sanidad pública la que tenga que absorber todo ese reguero de funcionarios, con el enorme problema que ello supondría en un momento en el que el sistema da claras muestras de agotamiento.

Según un reciente estudio publicado por la Fundación IDIS, la incorporación a la sanidad pública de casi 1,5 millones de nuevos pacientes provocaría un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas; y del 115% en las listas de espera de cirugías. Se necesitarían alrededor de 4.000 camas más y un aumento de 1.214 millones de euros anuales en el gasto del sistema público para evitar su colapso.

Ello, por no hablar de las repercusiones que tendría en los centros hospitalarios privados (como es el caso de Mompía, donde son derivados los afectados) la «fuga» de pacientes a la sanidad pública.

Para amortiguar esa inquietud, la del funcionariado en especial, el Ministerio de Función Pública anunció ayer mismo que pronto iniciará los trabajos para sacar a concurso una nueva licitación, ello con la esperanza de atraer a estas compañías aseguradoras o incluso a otras interesadas que en su día también abandonaron el sistema, como es el caso de Mapfre, Sanitas o Caser.

A sosegar a los perjudicados salió también inmediatamente la dirección general de Muface, que ayer convocó a los sindicatos a una reunión urgente mañana jueves, día 7 de noviembre, con la idea de transmitir su intención de buscar fórmulas legales para continuar con sus prestaciones en los términos actuales. Aseguran que una vez finalizado el concierto que está vigente hasta el 31 de diciembre «se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público».

De los resultados de esa reunión está especialmente pendiente el presidente de CSIF Cantabria, Manuel Garay, cuyo sindicato, el más representativo en las administraciones públicas, ha convocado para el próximo lunes, día 11 de noviembre, una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno y frente al Ministerio de Hacienda.

En un comunicado de prensa, acusaron ayer al Ejecutivo central de «poner en grave riesgo» la sanidad de los funcionarios y exigieron que el nuevo proceso de licitación sea más generoso con las primas.

«CSIF ya advirtió que la oferta era totalmente insuficiente y que el modelo corría el riesgo de morir por inanición», advirtió este sindicato, que no fue el único en alzar la voz.

«Es urgente revisar las condiciones y obligaciones de los conciertos para garantizar la salud de las personas mutualistas», añadió a este respecto CC OO, que denunció los recortes en los cuadros médicos, la eliminación de especialidades o el cobro de algunas pruebas médicas en los últimos años.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que defiende los intereses de los funcionarios de la Policía Nacional, también se sumó a las críticas exigiendo «un plan para recuperar un concierto sanitario sólido y duradero» que impida que se produzcan situaciones como las que se dieron ayer con la renuncia de las aseguradoras a continuar a solo dos meses de la conclusión del concierto.