IU renuncia a personarse en la causa judicial por las irregularidades del Servicio Cántabro de Salud

Se da la circunstancia de que IU fue el primer partido que llevó el caso a la Fiscalía para que investigara las irregularidades denunciadas por la exjefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, y por la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga.

En declaraciones a Europa Press, IU ha achacado la decisión de no personarse en el proceso a los «costes económicos» que supone un proceso de esta magnitud, en el que está afectado «todo» un Servicio como es el caso. Sin embargo, el partido ha afirmado que «confía» en el papel de la Justicia a la hora de investigar y sancionar llegado el caso.

Ha señalado que si el partido tuviera representación en el Parlamento de Cantabria continuaría con el proceso «hasta el final» como, según ha indicado, ya están haciendo los concejales de IU en Astillero en un proceso «mucho más pequeño» y que a va a sentar en el banquillo al excalde de ese Ayuntamiento, Carlos Cortina (PP), por un perjuicio a las arcas públicas o como ocurre a nivel estatal en el 'caso Bárcenas', en el que IU es acusación.

Pese a no personarse en la causa del SCS, IU ha reivindicado el «papel impulsor en la protección de la sanidad pública» que ha tenido el partido tras conocerse las primeras noticias sobre las irregularidades del SCS. «Fuimos los primeros en llevarlo a la Fiscalía ante el más que posible daño a las arcas públicas», han subrayado desde la formación.

Pocos días después de que IU llevara el caso a la Fiscalía, el PP formalizó su denuncia ante este órgano con toda la documentación que previamente entregó en mano al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fruto según dijo Buruaga, de una investigación realizada durante meses.

En su denuncia, el PP alertaba de «adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento» de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el «desembarco» de asesores externos que «intervienen e interfieren» en los procesos de contratación; y la elaboración de informes «a la carta» para «dirigir» las adjudicaciones.

Tras las denuncias de IU y PP, la Fiscalía inició una investigación en la que detectó indicios de criminalidad en cuatro actuaciones del SCS, en los que a su juicio, se habrían cometido presuntamente delitos de prevaricación administrativa, de fraude y exacciones ilegales y/o malversación de caudales públicos.

En un auto fechado el 12 de diciembre, la magistrada Mercedes Compostizo ha citado a declarar como imputados, a finales de enero, a los tres exaltos cargos del SCS y el asesor externo denunciados por la Fiscalía.

Se trata del exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, que presentaron su dimisión a finales de mayo; el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez, que dimitió el 12 de diciembre -el mismo día de la fecha del auto-; y el asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores.

También ha llamado a declarar como testigos a otras siete personas, entre ellas, el interventor general del Gobierno, Pedro Pérez Eslava, y la exjefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud Inmaculada Rodríguez.

En sus denuncias, PP e IU alertaban de indicios de supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones, tipificados todos ellos en el Código Penal, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos en la sanidad cántabra, algunas de ellas a tres empresas del hijo del alcalde socialista de Suances.

Ambos partidos presentaron sus denuncias a principios de mayo, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.