Los representantes de La Encina y Cannor guardan silencio ante la jueza

Este pasado jueves comparecieron en el complejo judicial de Las Salesas los representantes de dos de las cuatro empresas investigadas en la trama, La Encina y Cannor, que se acogieron a su derecho a no declarar, tal y como hicieron en su momento las ocho personas investigadas: el funcionario, su mujer, y sus dos hijas; y los dirigentes de Cannor, La Encina, Rucecan y API Movilidad e Imesapi.

Como se recordará, la jueza aceptó la petición del Gobierno de Cantabria para ampliar la investigación a las personas jurídicas, con el fin de analizar la propuesta de apartar a las empresas presuntamente implicadas en el caso de corrupción protagonizado por el jefe del servicio de Carreteras, Miguel Ángel Diez, de los procesos en los que este participó y que se encuentran en marcha en la Consejería de Obras Públicas.

Hasta ese momento, tan solo estaban encausados los propietarios o representantes legales de las cuatro empresas implicadas, pero como personas físicas, a título individual. Tras dar el visto a la propuesta del Ejecutivo, la jueza dio un plazo a las cuatro compañías para personarse en la causa con abogado y procurador.

El próximo martes, 16 de mayo, tendrán que comparecer ante la jueza los representantes de Rucecan y API Movilidad e Imesapi.

Esta próxima semana también tendrá lugar la celebración de la vista que tuvo que ser aplazada y en la que se abordarán las medidas cautelares que solicitó el Gobierno de Cantabria. En concreto, la de la inhabilitación o prohibición de contratar a las empresas investigadas (La Encina, Cannor, API Movilidad, Imesapi y Rucecan) en los once expedientes de obras todavía en licitación (aún no adjudicados). Una de esas sociedades, API Movilidad, ya ha remitido un escrito a la instructora en el que califica de «desorbitada» la petición del bipartito PRC-PSOE al entender que «no tiene encaje legal, ni concurren los requisitos legales para su aplicación y resultan absolutamente desproporcionadas por cuanto provocarán daños irreparables e irreversibles».

A juicio de API Movilidad, las medidas solicitadas por el Ejecutivo cántabro «no son cautelares». «No están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni tampoco en el Código Penal, a pesar del intento que se realiza». Lo que cree esta empresa es que la intención del Gobierno es, «lisa y llanamente», la de expulsar a las compañías señaladas de las licitaciones en trámite, «de modo que serán otras empresas las adjudicatarias o queden desiertos los concursos».