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Repsol y Cantabria celebraron en noviembre de 2023 la decisión de la Unión Europea de incluir la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo entre ... los 166 Proyectos de Interés Común repartidos por todo el continente por su carácter estratégico. En este caso, para respaldar y reforzar el sistema energético de España. El movimiento suponía un espaldarazo casi definitivo a la iniciativa promovida por la multinacional energética, ya que lograr este reconocimiento suponía tener prioridad en su impulso por parte de las instituciones comunitarias y nacionales.
Más facilidades y menos burocracia al considerar «claves» estos proyectos para lograr los objetivos marcados en materia energética y climática a través de la transición para dejar a un lado los combustibles fósiles y sustituirlos por fuentes de generación renovable. Pero también –y esto era lo más destacado– el acceso prioritario a la financiación que contemplaba el Pacto Verde Europeo: un nuevo programa llamado Conectar Europa que, en su rama de energía, está dotado de 5.800 millones de euros, con una aportación máxima de 750 millones para cada uno de los proyectos. Prácticamente la misma cantidad que Repsol tiene previsto invertir (alrededor de 700 millones) en la ampliación de la central.
La sorpresa, para mal, ha llegado al resolverse ahora la convocatoria. Aguayo sigue siendo un Proyecto de Interés Comunitario, pero no tendrá dinero procedente de este mecanismo. Al menos en esta edición. Esta era una de las alternativas que tenía abiertas Repsol para completar, junto a los recursos propios, la financiación de su megaproyecto en Cantabria. Tendrá que buscar otras opciones, pero la compañía no dará marcha atrás y sigue contemplando, dentro su estrategia de crecimiento, la ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo, una actuación que la convertirá en una de las más relevantes en cuanto a capacidad de almacenamiento del país.
De hecho, la preocupación de Repsol no está tanto en el corto plazo –cómo pagar la obra– y sí más en el medio y largo plazo. En concreto, la compañía viene insistiendo en que si aún no ha empezado a trabajar sobre el terreno es porque el Gobierno central no termina de concretar cuál será el marco regulatorio por el que se regirá estos nuevos sistemas de producción/almacenamiento de energía limpia. En el sector están pendientes de saber los detalles del mecanismo de pago por capacidad, que servirá para remunerar la seguridad de suministro siempre teniendo en cuenta los beneficios adicionales y flexibilidad que aportan los bombeos al sistema eléctrico.
Mientras espera, Repsol ha recibido alguna noticia positiva de cara a este gran proyecto estratégico. La más relevante fue que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico aprobó el pasado mes de octubre la concesión de la prórroga para explotar los embalses por 50 años más. El trámite se daba por seguro, pero el retraso del organismo en informar sobre la decisión también generó nerviosismo.
La actuación de Aguayo servirá para ampliar la potencia de la planta de los 340 megavatios actuales a más de 1.400. ¿Cómo? No hay que hacer nuevas presas, solo una nueva infraestructura subterránea para crear un sistema que tendrá el mismo funcionamiento que el de la actual central reversible, aunque aprovechará al máximo las posibilidades de generación eléctrica.
La central se compone de dos embalses (Mediajo y Alsa). El paso del agua de uno a otro mueve las turbinas que generan la electricidad. La peculiaridad de esta presa es que también puede bombear agua del embalse inferior al superior. Cuando hay picos de generación de energía renovable, el complejo consume electricidad procedente de fuentes verdes (eólica o fotovoltaica, que si no se consume en el momento se pierde) para subir el agua de Alsa a Mediajo. Y cuando las renovables no dan abasto, se abren las compuertas y la gravedad hace girar las turbinas, generando nueva energía. Es decir, hace de almacén. Al contrario de lo que ocurre con otras renovables, aquí la producción no tiene un carácter variable.
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