«Hay que abordar el desconfinamiento en las residencias no vaya a ser que sobrevivan al coronavirus pero sucumban a la pena»

Así lo han señalado durante su comparencia ante la comisión especial para el estudio de la evolución del coronavirus en el Parlamento de Cantabria esta mañana tanto Rubén Otero, presidente de FED -Federación Empresarial de la Dependencia de Cantabria- como Gema de la Concha Madariaga, presidenta de Lares Cantabria. También han ilustrado sobre la situación Carlos Pajares (portavoz del centro hospitalario Padre Menni, que ha colaborado con el Servicio Cántabro de Salud acogiendo pacientes) e Ignacio Fernández (Cermi Cantabria). Todos ellos han urgido un cambio en el modelo sociosanitario y mayor coordinación entre Sanidad y Políticas Sociales. Pajares, por ejemplo, ha denunciado que el sistema actual responde a criterios de hace 50 años («está diseñado en los años 70 y 80, cuando la atención no era universal»). Los cuatro han coincidido en que necesitan abordar el desconfinamiento de sus usuarios, no vaya a ser que hayan sobrevivido al coronavirus pero acaben sucumbiendo «a la pena», ya que siguen sin poder recibir visitas de familiares.

A la hora de hacer balance ante la citada comisión, Rubén Otero ha repetido que las residencias son «lugares para cuidar, no para curar» y ha lamentado que no hubiera interlocución con el consejero de Sanidad (Miguel Rodríguez) con el que le costó 85 días hablar. Tampoco ha habido «protocolos claros de actuación, ni coordinación sanitaria», pero sí problemas de gestión resultado de lo anterior. «Percibíamos el abandono a su suerte del colectivo residencial», ha indicado antes de relatar que, en muchas ocasiones, en las instalaciones han oído expresiones como «no es paciente prioritario, imposibilidad de entubar...», criterios que habrían afectado al 70% de los residentes y que, a su juicio, puede haber sido «causa de gran mortalidad». Con este grupo de edad se ha sido injusto, por lo que espera que «la injusticia cometida les haga reflexionar».

Por su parte, Gema de la Concha (de Lares) ha criticado la escasez de recursos con la que hubo que trabajar en los peores momentos. Las pruebas «llegaron tarde y los equipos de protección podrían ser exigibles a las residencias en circunstancias normales», pero no en éstas, ha sostenido. La portavoz ha afeado a Sanidad que las residencias no estuviera medicalizadas («hemos estado sin analíticas, sin radiografías...») aunque su mayor crítica ha sido por la falta de supervisión de la Atención Primaria, que no habría prestado la vigilancia médica debida. «Se les ha quitado a los residentes un derecho que se han ganado a lo largo de toda su vida». En su opinión, queriendo que las residencias tengan sus propios facultativos, «han intentado privatizar» esta atención. Se ha dolido, además, de que los centros de salud «no tuvieron como prioridad a las residencias».

A sus ojos, lo único bueno fue la creación de la residencia Covid-19 y, de cara al futuro, ha exigido que se garantice al residente la misma atención médica que recibe el anciano que vive en su casa, tests suficientes para hacer pruebas en cuanto haya sospecha y EPIs. «La viabilidad de muchos centros está en juego», ha advertido.

Carlos Pajares ha detallado todas las medidas tomadas en el Padre Menni para luchar contra el virus para concluir con un dato económico: en un mes y medio, este hospital santanderino se ha gastado 237.000 euros en proteger a sus pacientes, entre los materiales físicos y la contratación de profesionales extra. Según sus cálculos, a partir de ahora, el coronavirus traerá sobrecostes de entre medio millón de euros al año y dos millones -si se diera algún rebrote de gravedad- por lo que confía en que la Administración entienda que «la concertación de plazas debe cubrir estos sobrecostes, que son enormes».

«Necesitamos financiación extraordinaria y normas claras para que no haya conflictos jurídicos. Necesitamos test porque es la única forma de mantener a raya el virus y que el SCS nos dé EPIs cuando nosotros no los consigamos. Han fallado la anticipación, el diseño recursos y la organización de los mismos», ha resumido. Por otro lado, ha lamentado la escasísima comunicación con cualquier estamento de la Administración regional, salvo con servicios médicos o técnicos. Pajares está convencido de que el modelo sociosanitario actual, anclado en el pasado, no tiene «en cuenta el aumento de la esperanza de vida, complejidad y cronicidad de las enfermedades y seguimos con una visión hospital-centrista», ha afirmado para reivindicar un cambio global.

El portavoz del Cermi-Cantabria, Ignacio Fernández, ha dicho que la situación ha agravado «el desequilibrio en la sostenibilidad» de las entidades de la discapacidad, por lo que ha demandado un plan de choque con un fondo económico extraordinario para paliar el impacto de la pandemia. Fernández ha descrito numerosas disfunciones desde el lado oficial y, como contrapunto, ha subrayado el «ímprobo trabajo» al que han estado obligadas las organizaciones. También ha pedido que se unifiquen Sanidad y Servicios Sociales en una sola consejería. El presidente del Cermi ha alertado sobre que algunas entidades están en peligro de desaparición y ha instado a la Administración «a poner toda la carne en el asador» para que no pase. «Toda la financiación pública que recibe el sector de la discapacidad se convierte automáticamente en gasto por lo que no quedan remanentes para emergencias».

Ante tal rosario de demandas, tanto Eva Salmón (diputada del PSOE) como María Ángeles Matanzas (del PRC) -ambas en partidos del bipartito- se han limitado a hacer tibias alusiones a la necesidad de «trabajar unidos» para contar con un mejor escenario para el futuro tras repasar algunas de las actuaciones del Gobierno en medidas preventivas o la movilización de personal de centros de día (actualmente cerrados) a los residenciales o con la desinfección de 82 centros sociosanitarios.

Salmón ha hecho ver las bajas tablas salariales del sector (el sueldo de un empleado no llega a los 1.000 euros en Cantabria cuando en el País Vasco está en los 1.300) y ha reconocido tanto que ha habido «insuficientes» dotación de EPIs y test como que debe existir una mayor coordinación entre las consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Matanzas ha considerado «fundamental» testar el 100% de los casos sospechosos de contagio porque «las residencias son un foco de riesgo perfectamente identificado. No debemos cargar todo el peso sobre Atención Primaria», ha opinado.

El portavoz del PP en la comisión, César Pascual, ha censurado que Sanidad «no haya sido interlocutor» para el sector y que el Gobierno haya actuado durante toda la crisis «mal y con retraso», pero ha puesto el acento en el futuro, «en el que será necesario un crédito extraordinario para hacer frente a la situación». También ha reclamado «mayor participación» en la gestión de lo público para lograr una integración asistencial, un reto que «no es de ahora, aunque la Covid-19 lo haya puesto en evidencia». «Hay que buscar una profunda reforma estructural del sector pero al tiempo tiene que haber un plan rápido a corto plazo para garantizar la supervivencia de unas entidades que ya estaban en precario» y que cumplen una función pública.

Félix Álvarez, de Ciudadanos, ha declarado estar estremecido por unos datos «insoportables e inasumibles» porque además, la enfermedad se ha cebado con «una generación dura como el diamante que vivió perras gordas, pesetas y euros» y que ha supuesto «el 67% del total de fallecidos en Cantabria». El portavoz de Cs ha señalado que se han vivido dos realidades paralelas: la falta de recursos que contaban las residencias y la que pintaba Sanidad «de números». Es partidario de que el sobrecoste que han sufrido estas instalaciones lo asuma el Gobierno y de que se acabe con el cambios que afectan al sector cada cuatro años, dependiendo del gestor de turno.

Finalmente, el diputado de Vox (Cristóbal Palacio) ha anunciado que su partido propondrá la creación de una comisión para «reformar el sector asistencial con nuevas bases» que permita hacer frente a los desafíos. A sus ojos, si la Dependencia «es ineficiente» es porque «solo hay un pagador (la Administración regional) y va reduciendo los pagos. Desde la perspectiva del Gobierno la operación es fantástica porque traslada la responsabilidad al sector privado y les reduce los medios», ha manifestado. Palacio ha lamentado largamente la falta de sensibilidad del consejero de Sanidad para con el sector hasta el extremo de que ha pedido disculpas a los comparecientes por ello.