Las residencias lamentan que se les culpe de «sobrecargar a los médicos de familia»

«Nosotros no podemos ser un problema de la Atención Primaria», exponen las asociaciones del sector, que recuerdan que «la Ley 2/2007 de Servicios Sociales determinó que las personas mayores que estuvieran institucionalizadas, siendo beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, recibirían la misma atención por parte de los servicios sanitarios que si residieran en su domicilio particular». Defienden que no se les puede culpar de aumentar el trabajo de los centros de salud, porque sus usuarios tienen el mismo derecho a la sanidad pública que el resto de ciudadanos. Y cabe recordar que las residencias cántabras no están obligadas por ley a disponer de personal médico en sus plantillas.

«Queremos entender que dicha queja forma parte de la gestión interna de sus cupos y la distribución de su trabajo, en la que comprendemos perfectamente que atender en consulta presencial a más de 40 y hasta 60 pacientes, además de realizar una atención domiciliaria, sumado a atención telefónica y burocrática diversa, puede plantear que acudir a un centro sociosanitario a atender a estos otros usuarios resulte muy complejo, a la par que inasumible de forma adecuada en muchos casos». Pero es por eso que responden que «no pueden responsabilizar de esa gestión a las propias instituciones residenciales, que dan servicio a personas mayores que (recordemos esto como muy importante) viven en estas instituciones porque es su hogar», bien por motivos puramente sociales o relacionados con problemas de salud.

Desde el colectivo de atención a la dependencia apuntan que, a pesar del incremento de plazas en centros residenciales para mayores, estos siguen viviendo en la comunidad, donde debe garantizarse su acceso a los recursos sociales y sanitarios, contemplándose para ello la atención presencial en el centro de salud, así como la atención domiciliaria, si ese fuese el caso.

«¿O es que las personas mayores que viven en una residencia son ciudadanos de segunda?», se preguntan. «¿Deben ellos pagar las consecuencias de la gestión de la Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud? ¿Acaso no pertenecen al cupo de un médico, no tiene derecho a las mismas prestaciones?». Cuestiones que trasladarán hoy, viernes, al consejero de Sanidad, Raúl Pesquera. «Ignoramos si la solución pasa por mejorar notoriamente las condiciones laborales de los médicos y otros profesionales (algo siempre deseable y claramente necesario para garantizar la calidad asistencial) como ellos mismos reclaman: estabilidad laboral, sueldos acordes a la carga de trabajo real y ratios eficientes que aseguren la continuidad asistencial. Pero no hagan de su reivindicación un problema de los usuarios, de sus familias y de las propias instituciones, que cumplen con una labor necesaria y engranada en colaboración con el propio sistema público», destacan.

Conscientes de las dificultades que arrastra el personal de Atención Primaria, desde las residencias insisten en que «el problema deben identificarlo en la propia gestión sanitaria del SCS». Y terminan su respuesta trasladando su apoyo a los médicos, «porque son ustedes la importantísima entrada al sistema sanitario, los profesionales cercanos junto al resto del equipo de Atención Primaria, que nos cuidan y sostienen. Por favor, no nos orillen».