Las residencias, lastradas por la difícil contratación de personal cualificado

La problemática se agudiza más si cabe en los meses estivales. En el Gobierno de Cantabria coinciden, al menos, en el diagnóstico: «En el Consejo Interterritorial y en las comisiones delegadas de Dependencia y Servicios Sociales es un tema que preocupa, en general, a todas las comunidades. Cada vez resulta más costoso encontrar profesionales cualificados que quieran trabajar en el sector», indica Julio Soto, director general de Políticas Sociales. La preocupación se ha evidenciado, explica, en los foros de debate con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, donde ya se debate un nuevo acuerdo sobre criterios de acreditación y calidad asistencial.

Para entender la situación es preciso conocer sus causas. Las residencias, para empezar, no están obligadas por ley a contar con personal sanitario, pero al mismo tiempo encuentran dificultades para que la atención de los residentes se realice al cien por cien en centros de salud. En el sector apuntan, en primer lugar, a la apertura de las bolsas de trabajo en el sistema público –Servicio Cántabro de Salud, Gobierno...– como uno de los motivos que provocan esta migración tan brusca de profesionales hacia el ámbito público, dejando a las residencias, en muchos casos, sin capacidad para reorganizar sus plantillas con margen. «Es el mismo problema que hemos tenido el verano pasado y el anterior..., aunque este año ha sido un poco más intenso», indica Otero.

Muchas residencias cuentan con ratios más altos de los fijados por normativa, pero eso no evita el problema. Lo explica De la Concha:si la ratio profesional-usuario es amplia es porque el centro así lo decide atendiendo a su «diseño organizativo», por lo que «el problema de encontrar personal es el mismo». La responsable de Lares habla, además, de un factor añadido este verano:las bajas del personal positivo de covid.

Tras meses de trabajo extra para contener el covid, el «cansancio» pasa factura entre los profesionales, añade Otero, que apunta a la reciente apertura de nuevas residencias en Cantabria. El presidente de la FED, en cualquier caso, recuerda que la escasez de profesionales, sobre todo, de Enfermería, no solo afecta al sector de la dependencia:«En los servicios públicos también tienen ese problema». Y en esto coinciden los portavoces.

Julia Gurruchaga describe la urgencia de la situación. Es el peor verano, en términos de contratación, en sus trece años de trayectoria. «No hay suficientes profesionales formados», revela la presidenta de Cesade (Círculo Empresarial de Servicios de Atención a la Dependencia, integrado en la Confederación Ceaps). Las causas, incide, es ese «éxodo» de profesionales al sistema público al abrirse listas; y el covid, que lleva cerca de año y medio haciendo mella en la sociedad y, por tanto, en las residencias. «Genera una tensión asistencial brutal, que hace que sea muy difícil prestar los servicios con la calidad que deseamos».

«Ni a través del Servicio Cántabro de Empleo ni a través de plataformas de trabajo somos capaces de encontrar suficientes profesionales cualificados», explica Gurruchaga, en referencia al personal de Enfermería y también a los auxiliares de Geriatría.

Y hay otro problema añadido: en la mayor parte de los casos, los trabajadores que dejan las residencias para prestar servicio en otros ámbitos no lo hacen con ese preaviso de 15 o 20 días, es decir, con ese margen para que las residencias puedan maniobrar y mantener sus rutinas cubiertas.

A la Consejería de Políticas Sociales, según consta, se han remitido ya escritos por parte de algunos equipos directivos, reclamando medidas excepcionales para la contratación. Con todo, ¿qué hacer a partir de ahora?

El sector menciona varias soluciones. Una pasa por la deseable ampliación del número de plazas en los grados de Enfermería, para así ajustar las matriculaciones a la fuerte demanda de estos profesionales. Otero apunta además a la planificación. «En Cantabria tendríamos que empezar a programar, pero no solo por este año, sino por el siguiente y el siguiente. Hay que empezar a programar para superar este problema a futuro», entiende. Si la previsión del Gobierno es ampliar las plazas residenciales –un máximo de 3.230 hasta 2027 en virtud del Mapa de Recursos de Atención a la Dependencia–, habrá que dimensionar las plantillas, expone. Otero también apunta a que otra vía es la revisión de las condiciones laborales.

Gurruchaga se expresa en términos similares:«No existe una planificación para estos servicios. La Consejería debería de realizar un plan para el sector, para tener profesionales suficientes que nos ayuden a cumplir con el compromiso de ofrecer el mejor servicio a los residentes». Un plan de acceso al empleo; ampliar el número de plazas en los grados y potenciar toda la formación reglada son pasos básicos, defiende la presidenta de Cesade.

De la Concha también cree que es necesario «tomar decisiones». «Es fundamental una planificación desde la Administración», indica, y luego «trabajar también en la mejora de los convenios laborales». También sería eficaz «ampliar el número de estudiantes que se incorporan todos los años» a los grados. En su caso, han tratado de contratar profesionales enfermeros poniendo ofertas en toda España. «No lo hemos conseguido».

«Es verdad que los servicios sanitarios han absorbido una gran cantidad de trabajadores», coincide Julio Soto. El director general de Políticas Sociales explica que en las últimas comisiones delegadas se ha presentado un «documento de bases» con el objetivo de modificar el actual acuerdo de 2008 –se hizo unos dos años después de aprobarse la Ley de Dependencia– sobre acreditación y calidad de los centros. Es el documento que guía, entre otros asuntos, la revisión de las ratios de profesionales en los centros o la medición de estándares de calidad.

Este es un punto de partida. «La intención es que para diciembre de este año se llegue a un acuerdo que modifique el marco de la atención y calidad de los centros», explica Soto, y eso, a su vez, conllevará modificaciones en esas ratios y, a futuro, en las condiciones de las plantillas. «Esperemos que sea un elemento atractivo para que chicos y chicas quieran trabajar en el sector», confía Soto.

Esta es la segunda clave para el responsable: «Algo hay que hacer. Es una realidad que es un trabajo con poco prestigio social». La idea es revertir esa especie de descrédito. ¿Cómo? Mejorando la retribución y reconociendo en los salarios –explica– aspectos como «los turnos» o la «nocturnidad».

Para ir concretando, patronal, sindicatos y Administración han formado dos grupos de trabajo donde discuten, a partir de las directrices nacionales y de las órdenes cántabras, sobre ratios y protocolos de atención en residencias y centros de día. Ha habido, al menos, tres reuniones. «Vamos avanzando», declara Soto. «Hay una clara intención por las tres partes de llegar a un acuerdo». Una vez se concrete cuál es la ratio adecuada, se podrá empezar a discutir sobre condiciones laborales. Para aumentar las ratios, en cualquier caso, De la Concha recuerda que se precisa financiación.