Las residencias de mayores de Cantabria trabajan «a pérdidas» por la subida de precios

«Necesitamos una correcta financiación pública, que se ajuste al coste real del servicio, de lo contrario no vamos a poder aguantar este ritmo», advierten, temerosos de que ese desequilibrio «acabe afectando a la calidad de la atención a los más vulnerables».Sin bajada de precios a la vista, la única vía de contención es «recortar gastos», lo cual implicaría apagar la calefacción aunque haga frío, reducir la frecuencia de las duchas o cargar menos la cesta de la compra. «Y eso no lo podemos hacer en ningún caso», zanjan. Pero advierten de que «la situación actual ya es insostenible», una sentencia que apoyan en el manojo de facturas del primer trimestre de 2022, que reflejan el «brutal aumento» del gasto energético (en torno al 200%) y la subida de los ingredientes con los que se cocinan a diario los menús a sus cientos de usuarios.

59euros es el precio concertado por usuario y día en una residencia

6,5%es el aumento de las nóminas aplicado para ajustar al nuevo convenio

Y para muestra, ejemplos concretos: «El coste medio mensual de luz y gas de las cinco residencias de Calidad en Dependencia en 2021 se acercaba a los 16.000 euros, ahora estamos en 49.800», señala Otero. Una cuenta que crece en la misma proporción en el resto de centros consultados. Así, La Caridad pasó de los 3.000 euros de luz en febrero de 2021 a los casi 10.000 en 2022; en las dos residencias de San Francisco la factura eléctrica del primer trimestre superó los 36.000 euros, frente a los 12.200 del mismo periodo de 2021; y en San Cándido, si suman la diferencia trimestral de un año a otro les sale más de 70.000 euros de desembolso extra. Y eso sin contar lo que cuesta de más llenar la despensa, que dependiendo del tipo de producto el ascenso va del 15% de las frutas y verduras al 211% del aceite, pasando por el 120% de los ultramarinos, el 29% de la carne o el 40% del pan. A todo ello se añade la subida salarial del 6,5% asumida por los centros asociados a FED y Lares, aun sin haberse firmado el nuevo convenio del sector, pero «adelantado una vez que la Consejería de Política Social se comprometió a repercutir ese porcentaje en los precios públicos de las plazas concertadas», recuerda Otero. En teoría, la devolución se hará efectiva, «con carácter retroactivo», cuando se aprueben las nuevas tablas salariales a nivel nacional, pero «mientras tanto creíamos que era de justicia aplicar ese aumento por lo precario de nuestro convenio», opina la directora de La Caridad. Y coinciden en la reflexión que hace De la Concha: «No hay profesión más importante que la del cuidado.A ellos es a los que tenemos que cuidar (médicos, enfermería...). Una cajera de supermercado gana más que un auxiliar, ¿cómo pretendemos que sea un sector atractivo para trabajar?». Esa es la razón del déficit permanente de personal que arrastran los centros de atención a la dependencia, sobre todo cuando se hacen llamamientos para cubrir bajas en la red sanitaria pública. «Se nos van sin pensarlo», lamenta.

Por eso, «defendemos la mejora de nuestro mayor patrimonio, que son los trabajadores, destaca el director de la residencia de Reinosa.

Para dimensionar el impacto del alza de precios en sus presupuestos, los responsables de las principales patronales desgranan lo que cobran por plaza concertada, que son 59 euros por usuario y día, con todo incluido. «No encuentras en Santander un alojamiento solo para dormir por ese precio», subraya Otero. «El reparto de esa cuantía antes era el 66% para gastos de personal, 31,75% en el concepto de 'otros' y 2,25% euros para servicios energéticos», explica. «Ahora, la parte de trabajadores se ha elevado ese 6,5% de subida salarial, 'otros gastos' han crecido de media un 3,4% por el alza de costes y los servicios energéticos han experimentado un ascenso del 200%, lo que implica que si antes suponía un euro y pico por usuario, ahora conlleva cuatro. Con todo, el total por plaza se eleva a 68 euros, es decir, un 14% más de lo que cobramos por ellas». A lo que Óscar López aporta un matiz, y es que «el beneficio que la Administración estima que deberíamos ganar es del 5% por plaza (3 euros de esos 59, en el mejor de los casos, porque para eso tiene que estar el centro ocupado al 100%, y siempre hay días perdidos bien por las rotaciones tras fallecimientos, por hospitalización o 'vacaciones' del usuario –momentos en los que la cuota se reduce a la mitad–), pero sólo la subida de la luz se ha comido ese beneficio».

Con los balances en negativo, el sector calcula que haría falta una inyección pública «urgente» de «unos 20 millones de euros» para ajustar los costes a la coyuntura actual, «porque el problema es que no es una situación temporal, que se vaya a revertir... y hay centros, que viven al día, que no lo van a soportar, les empuja a la quiebra», insiste Otero. «El Gobierno sabe que estamos infrafinanciados, no tiene más que comparar lo que paga por plaza en las residencias públicas, cuatro o cinco veces más que por las concertadas», apostilla Lázaro. Y las consecuencias de esta asfixia económica «abocan a que se puedan dar situaciones delicadas en personas vulnerables, hay que tener mucho cuidado con eso, y la responsabilidad es de la Administración», concluye De la Concha.

Incluso con un consumo menor, la factura eléctrica de las residencias, como en cualquier hogar, se ha disparado en el primer trimestre. La luz, el gas, la alimentación, los productos de limpieza... todo se ha encarecido en el arranque de 2022. A continuación, algunos ejemplos aportados por un centro de Santander con casi 200 usuarios, aplicables en la misma proporción al resto.