Las residencias nutren de cargos a Cultura y Turismo

«Son buenos gestores con experiencia que pertenecen a este sector como podría ser a otro», defienden desde la Consejería, que se remiten a las evaluaciones de los concurso de méritos para respaldar sus contrataciones.

Es obligado que la Consejería convoque esos concursos para encontrar los relevos en los altos cargos, según la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, que establece que la selección del personal directivo de las sociedades mercantiles autonómicas, como es el caso, se realice mediante convocatoria pública de acuerdo con los principios de «igualdad, mérito y capacidad». Este método está en vigor desde 2018 tras una modificación legal que aprobó el Parlamento de Cantabria para acabar con los nombramientos a dedo. En la práctica, tanto antes con PRC y PSOE como ahora con el PP, estos concursos sirven para poco, porque los criterios subjetivos acaban teniendo más valor que los objetivos a la hora de resolver.

De hecho, en las bases, además de ser mayor de edad y tener nacionalidad española o europea, solo se pide: «Estar capacitado para el desempeño de las funciones que se requieren (...) teniendo experiencia en puestos de responsabilidad directiva, en cargos de representación pública o en organización y dirección de equipos humanos». Es decir, unas condiciones generales que permiten al político de turno contratar a quien quiera, al entenderlo como un cargo de confianza.

Y en este caso, los vínculos profesionales entre los dirigentes de Cultura y Turismo no se pueden obviar. Sin ir más lejos, cuando en febrero de 2021 Míchel Valdés dejó su cargo de director de la residencia DomusVi de Liencres, en la que llevaba trabajando desde 2016, su sillón lo heredó Luis Martínez Abad. Es decir, su jefe actual en la Consejería.

El consejero, que había estado al frente de la residencia San José de El Astillero más de una década, apenas estuvo seis meses en Liencres antes de convertirse en director técnico del Grupo Medinaceli. Tras el covid, esta compañía vendió sus centros enfocados a la discapacidad al gigante francés Colisée, entre ellos el situado en Soto de la Marina. En esa época, justamente, Colisée también compró el geriátrico de Puente Viesgo, propiedad de María Fernández-Rosillo, quien también fue su directora y administradora durante trece años, y que esta misma semana ha sido nombrada directora de la Sociedad Regional de Cultura del Gobierno cántabro.

Hijas de la Caridad

Después de vender la residencia de Puente Viesgo, Fernández-Rosillo –anteriormente responsable del departamento financiero de la constructora del mismo nombre– se marchó a Cabuérniga para dirigir la residencia Santa Ana de Terán. Casi al mismo tiempo, Míchel Valdés llegaba a la residencia Sagrada Familia de Carrejo (Cabezón de la Sal). Ambas gestionadas históricamente por las Hermanas de la Caridad, aunque en ese momento su peso directivo había bajado.

Es más, después de 130 años en Cabezón de la Sal, el Consejo Provincial decidió en 2022 poner fin a la presencia de las Hijas de la Caridad en el municipio por «la avanzada edad de las hermanas, la falta de vocaciones y la carencia de personal de relevo», señalaron en aquel momento.

Con Valdés al frente del geriátrico y de la Fundación Igareda y Balbás que la controla, Sor Leo, una de las dos hermanas que aún quedaba allí, fue trasladada a la residencia de Cabuérniga como 'número dos' de María Fernández-Rosillo.