EL TSJC rechaza suspender las resoluciones de Cantabria que permiten matar diez lobos en las zonas de más ataques

Los controles poblacionales autorizados por el Ejecutivo regional eran en Polaciones, Tudanca, su entorno y zona limítrofe con la mancomunidad -dos lobos-; en la Hermandad de Campoo de Suso -cuatro-; y en Ruente, Cabuérniga, Los Tojos y la mancomunidad de Campoo-Cabuérniga, otros cuatro ejemplares más.

La Sala se ha limitado a resolver el incidente cautelar pero no ha entrado a valorar la legalidad de las citadas resoluciones, sobre la que se pronunciará más adelante, según ha informado en un comunicado el TSJC.

La Sala ha decidido no suspender las resoluciones, ya que en ellas sesupeditan las posibles batidas a que se produzcan nuevos daños, a que los agentes del Medio Natural los certifiquen y a que se dicten resoluciones específicas para ello, resoluciones que pueden ser objeto de un nuevo recurso contencioso-administrativo y de una nueva petición de medida cautelar.

El tribunal entiende, por tanto, que no concurre el requisito de peligro en la mora, esto es, que no existe peligro de que si no se suspenden de manera cautelar las citadas resoluciones el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación pierda su objeto, ya que de la resolución impugnada no se deriva la inminente extracción de los lobos. Por contra, el voto particular del presidente de la Sala, el magistrado Rafael Losada, considera que «se han omitido» los requisitos de la Orden Ministerial que incluye al lobo en el listado de especies silvestres de protección especial (Lespre), como, por ejemplo, la adopción de medidas preventivas o de protección del ganado, o la justificación de que la extracción no afecta negativamente al estado de conservación de la especie.

A su juicio, la omisión de tales requisitos «viene a confirmar que la decisión de control letal ya ha sido tomada». «Se trasluce una resuelta decisión de sacrificar indiscriminadamente ejemplares de lobo ibérico, cuyo valor medioambiental es prevalente y su primacía ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional», ha apuntado el magistrado.

Sin embargo, para la mayoría de la Sala, las resoluciones del 13 de junio «no habilitan por sí mismas la caza del lobo, sino que a tal fin es necesario un acto administrativo posterior cuyo presupuesto ineludible es la producción de nuevos ataques del lobo».

En este sentido, entienden los magistrados que las resoluciones impugnadas se presentan «como un marco general autorizante que fija el número de lobos que se podrán abatir, el lugar, la forma y demás aspectos de la actuación de control de la población del lobo», pero que «precisa para su concreción de un acto administrativo posterior con una causa concreta: la producción de nuevos ataques del lobo al ganado».

Estos magistrados consdieran que las resoluciones que decreten cada muerte son «actos administrativos susceptibles de impugnación y, por ende, de suspensión cautelar», lo que «garantiza el control judicial» y «la consecución del fin cautelar que la parte actora pretende: evitar las acciones de control poblacional del lobo mientras se verifica y determina la legalidad de fondo de tales acciones».

En su voto particular, Losada pone el acento en que las resoluciones limitan el control a un número determinado de lobos «pero sin distinción alguna del ejemplar, por su edad, sexo», y además «pudiendo hacerse uso para esas muertes de una serie de procedimientos y medios auxiliares que imposibilitan, en caso de que se produzca ese control, la necesaria diferenciación exigible entre los miembros de esa especie».

En su opinión, tales procedimientos y medios «impiden, llegado el momento de su aplicación, diferenciar unos ejemplares de otros, diferenciar si es una hembra con cachorros, un ejemplar joven o un ejemplar adulto, incluso si es el jefe de la manada el ejemplar a abatir, lo cual medioambientalmente es esencial».

Para el magistrado «la ausencia de diferenciación de los ejemplares a abatir que la resolución impugnada refleja, pone de manifiesto el perjuicio irreparable para el medio ambiente que, en este momento, sin necesidad de resoluciones específicas, se produce por autorizar tales muertes sin criterios científicos mínimos».

Finalmente, ha señalado en su voto particular que existiendo recursos judiciales pendientes de resolver sobre el control letal del lobo «no se entiende que, entretanto, se dicten resoluciones que autorizan su muerte con la única condición de que se produzcan nuevos ataques», «sin mención alguna a si se han llevado a cabo medidas de protección del ganado en las instalaciones ante la depredación del lobo» y sin que se justifique «la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas».

El Gobierno regional considera que, con el rechazo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, «se da validez» a este proceso .«Desde el Gobierno de Cantabria seguimos con la premisa de que cuando se dicten las resoluciones ejecutivas se harán públicas y se comunicarán al tribunal», ha señalado el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco.