Del reto digital y la situación laboral de los docentes al consenso en Educación

De fondo subyace también un aspecto esencial que ha marcado la evolución del modelo educativo español desde prácticamente la instauración de la democracia en España, como es la constante alternancia de leyes educativas marcadas por enfoques políticos e ideológicos. Una anomalía estructural sin parangón en el continente europeo, que pone de manifiesto la necesidad de sustentar la estrategia educativa sobre un consenso general que sitúe en el centro del modelo el interés de los alumnos.

Todo ello en un país con la mayor tasa de paro juvenil del viejo continente y cuyo desempeño en los informes más importantes del sector, como es el PISA, sitúan a los alumnos españoles en el puesto 25, por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El consejero de Educación, Sergio Silva, destaca que aspiran a «avanzar en el enfoque digital, un área en la que cambiar respecto a lo que se ha hecho. No estamos tan enfocados en dotar de equipamiento a los centros como en hacer un repositorio de recursos digitales para que los profesores los usen con facilidad en el aula».

Rus Trueba, presidenta de ANPE Cantabria afirma que «es un tema en el que deben seguir trabajando desde la Consejería, y estamos a la expectativa de las propuestas que nos hagan para avanzar en este ámbito. Es un proceso que es mejorable, creemos que los recursos que se están asignando a los centros deben responder a una planificación y que es algo que debe hacerse con una mayor coordinación. También demandamos una estrategia que determine cómo esto se va a traducir en las aulas y en la docencia».

Por ello, resalta, «estaremos atentos a que este proceso suponga una digitalización y una mejora de las competencias digitales reales en los centros educativos y entre el alumnado».

Por su parte, Diego San Gabriel, de STEC, explica que «con la pandemia sobrevino la necesidad de avanzar mucho en la competencia digital, sobre todo entre los docentes de mayor edad que tuvieron que hacer un gran esfuerzo. Es un aspecto en el que se ha avanzado muchísimo.

Desde su punto de vista «se hubiera agradecido un acompañamiento y un asesoramiento más cercano desde la Administración Pública. Se ha forzado el cumplimento del requisito europeo de un certificado de competencia digital docente a través de un curso exprés que fue una gran presión añadida para el profesorado y que generó un gran rechazo por la forma en que se planteó».

También denuncia que «al cuerpo docente se le está exigiendo este esfuerzo y defendemos que también tiene que ir acompañado de una adecuación salarial y horaria. Dedicamos muchísimas horas a preparar las clases y a formarnos que no siempre se reconocen».

El presidente de FAPA Cantabria destaca que «el uso de medios digitales tiene un potencial tremendo, pero al final como todo hay que aprender a utilizarlo y aprovecharlo. Por ejemplo, en el tema de los libros es una cuestión muy importante por el ahorro que puede que puede suponer

También alerta de que esta cuestión «también implica una dotación de medios. El uso de medios digitales requiere que las familias se compren un ordenador o una tablet, y ahí también se están generando diferencias porque hay familias que no pueden permitirse hacerlo».

Desde su perspectiva, «hubo una inversión fuerte en época de pandemia, pero a día de hoy se ha ralentizado un poco y eso tiene consecuencias, como el tema de las tareas que se mandan para casa. Hay muchos alumnos que están haciendo las tareas a través de un móvil, y no es el dispositivo más adecuado para ello».

Uno de los frentes que más preocupan al cuerpo docente, representado por los dos principales sindicatos en Cantabria, es el de la situación laboral y salarial de los profesores. En este sentido, son varias las reivindicaciones que hacen.

Ruth Trueba, presidenta de ANPE Cantabria, sintetiza la situación resaltando que «la exigencia y la preparación que se requiere al personal docente es cada vez mayor, pero las mejoras en las condiciones laborales y retributivas no siguen ese ritmo». En materia salarial, detalla que «el último acuerdo retributivo tiene más de 15 años y la pérdida de poder adquisitivo de los docentes es una constante, por eso pedimos una mesa de negociación para reclamar un aumento y una mejora de las condiciones salariales». La docente cántabra inciden en que »hay que tener en cuenta que el propio Partido Popular llevaba en su programa electoral la creación de un complemento salarial para la acción tutorial de los docentes, que realizan unas funciones muy específicas y muy necesarias».

En materia de condiciones laborales, desde ANPE Cantabria también denuncian la ingente burocracia a la que tienen que hacer frente los docentes: «Es un mal endémico que no deja de crecer en la función pública. Cada vez lo sufrimos más y los docentes tienen que perder una ingente cantidad de horas de trabajo en tareas en muchos casos innecesarias. Por eso creemos que deben reducirse, especialmente con la carga que ha supuesto la implementación de una nueva ley educativa».

A este aspecto, Trueba añade también el hecho de que «la gestión administrativa y económica de los centros docentes cada vez es más compleja y muchas veces recae sobre los propios docentes». Un problema cuya solución pasaría, a su juicio, por «la inclusión de un administrativo en todos los colegios de Cantabria y una gestión económica en la que contemos con profesionales especializados en este tipo de tareas».

Desde ANPE Cantabria también ponen sobre la mesa otros aspectos laborales que consideran que deben ser afrontados y solucionados por la Consejería. Entre ellos se cuentan temas como la regulación del teletrabajo, la reducción del horario lectivo y la derogación de ciertos puntos de la Ley de Sosteniblidad de la Administración Pública, que impide «la prolongación de la vida activa más allá de la edad de jubilación».

Desde STEC, Diego San Gabriel, secretario del sindicato, expone reinvindicaciones similares a las de Trueba: «Consideramos impostergable la adecuación salarial. Desde que Cantabria asumió las competencias educativas en 1998 fueron adecuado el complemento autonómico salarial del profesorado cada cinco años. Se adecuó en 2003 y 2008 y llegó la crisis y llevamos ya más de una década sin actualización salarial, con la inflación disparada». Desde STEC calculan que «el profesorado ha perdido hasta 15 puntos de poder adquisitivo», por lo que reclaman «una negociación retributiva para abordar esta actualización salarial».

Otro de los aspectos que reclaman en línea con ANPE es la reducción de la jornada lectiva para el profesorado de más de 55 años: «Es personal que ya se ha dedicado muchos años a la enseñanza y esa medida permitiría recortar en tres horas diarias su jornada lectiva, que no es la laboral», destaca San Gabriel. «En la anterior legislatura el Partido Popular llegó a llevar al Parlamento una PNL que instaba a recuperar este derecho. Esperamos que ahora que está en el Gobierno sea una de sus primeras medidas», concluye.

Los procesos de estabilización de interinos es otro de los temas que los sindicatos educativos ponen sobre la mesa dado que, como indican desde ANPE Cantabria, «durante el verano se han adjudicado a funcionarios de carrera y prácticas resultantes de los procesos de estabilización e interinos más de 3.500 vacantes en el mes de agosto y más de 200 en el mes de septiembre».

San Gabriel ahonda en la cuestión, denunciando que «son los grandes perjudicados del verano y quienes están en una situación más precaria». «Ha habido una gran desestabilización en Cantabria, porque la mayoría de las plazas que han sacado para estabilizar han recaído en docentes venidos de otras comunidades y eso ha descolocado las listas y ha provocado que la mayor parte de la gente haya empeorado sus condiciones por tener que ir a plazas más lejanas».

En ese sentido, reclaman a la Consejería más agilidad y previsión: «Si esas adjudicaciones se adelantasen facilitarían el asentamiento de los docentes que se tienen que trasladar y que pudieran planificar mejor su vida. Una semana no es tiempo suficiente para ajustar todo lo que conlleva ese cambio».

En un país que sale a prácticamente a una nueva ley educativa por legislatura, con planteamientos muy ideológicos y enfoques a menudo casi contradcitorios, el del consenso se sitúa como el gran reto de fondo del sector. Porque las bases de una cuestión tan sensible, estratégica y esencial como es la educación deben ser tan sólidas como ecuánimes. Todo ello sin perjuicio de que el modelo tenga la suficiente versatilidad para adaptarse a los constantes cambios sociales, económicos y culturales que marcan a las sociedades contemporáneas.

Desde esa perspectiva, el consejero de Educación, Sergio Silva, sitúa el consenso como una de las principales aspiraciones de la nueva Administración cántabra. La definición que el propio Silva hace de la educación ya ilustra esa concepción transversal e integradora: «Educar no es solo lo curricular, no es solo aplicar las matemáticas y el resto de asignaturas. Educar son hábitos de vida saludable, es prevenir adicciones, es transmitir valores, es combatir el acoso escolar, es dar una respuesta a un alumno si tiene unas necesidades específicas o especiales».

Por ello, y con el fin de conformar un modelo educativo capaz de responder a estas premisas, destaca la importancia del consenco en torno a la educación: «No concibo que en el debate político esté la educación más allá de lo circunstancial. Entiendo que hay una dificultad de gestión y que eso se cuestione políticamente, lo cual es perfectamente razonable», afirma. «Pero, más allá de eso, aspiro a que seamos capaces de entender que la educación como valor de la sociedad a futuro tiene tal importancia que o somos capaces de recuperar el espíritu del Acuerdo por la Educación de 2017 y sacarlo del debate político constante, o tenemos un problema muy serio».

«¿Cómo es posible que casi vayamos a ley educativa por legislatura? Estamos de alguna forma en la cresta de la ola del mundo occidentalizado y avanzado y lo que tenemos que dar es un salto de calidad», concluye.

Sobre esta cuestión, desde el sindicato STEC apuntan a la necesidad de un mayor peso de los docentes en el diseño del modelo educativo, algo que a juicio de San Gabriel redundaría en una mejora significativa del mismo: «Hay muchos sentires comunes entre todo el profesorado y si las leyes y las políticas educativas tuvieran más en cuenta la comunidad educativa, al profesorado y a los claustros, probablemente generarían muchos más consensos que si se discuten en cámaras legislativas representativas de políticos y por gente que es ajena al mundo educativo».

En cuanto a las familias, el representante de FAPA Cantabria, José Manuel Torre, destaca que «es necesario que haya un consenso para evitar los vaivenes que han caracterizado al sistema educativo español». Desde su punto de vista, «la clave está en cómo llegar a ese consenso, porque hay temas complicados». Entre ellos, apunta a temas como el de la presencia de la religión en las aulas y el de la escuela concertada, que complican la posibilidad de alcanzar ese consenso.