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El concurso de traslados abierto y permanente, la fórmula para que los profesionales sanitarios fijos puedan cambiar de plaza, va camino de cumplir dos años ... de retraso. En teoría, estaban previstas dos convocatorias anuales (abril y octubre), pero no las hubo en 2023 ni en 2024. En las próximas semanas se resolverá, según avanzan desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS), pero no para todos. Los profesionales de Atención Primaria tendrán que esperar, como mínimo, hasta octubre, porque ya se ha comprobado que será inviable tener las listas definitivas en mayo (son 152 plazas ofertadas y se han recibido 132 peticiones) para que dé tiempo a incorporarse a los nuevos puestos antes de las vacaciones estivales. La razón: los problemas informáticos con la plataforma Orion, en la que se bareman los méritos de los solicitantes, que trae de cabeza al equipo de Recursos Humanos.
«El lío es continuación del que veníamos teniendo con los procesos de estabilización (OPE), porque el programa informático es el mismo», explica el subdirector del área, Juan Ramón Artiga. En su día (final de la legislatura pasada, con el PSOE a los mandos de la sanidad cántabra), «en lugar de adquirir un producto comercial, se optó por un desarrollo a medida, que hay que construir paso a paso». Con los inconvenientes que ello conlleva, que se traduce en un sinfín de incidencias, reclamaciones y, en consecuencia, tiempo perdido. «Está costando un sufrimiento, el equipo está haciendo un esfuerzo tremendo para sacarlo adelante», destaca Artiga.
Esta misma semana, desde la Gerencia se ha expuesto la problemática a los sindicatos, que han trasladado «el hartazgo» existente entre los afectados. En total, son cerca de un millar de aspirantes a traslados entre los tres procesos abiertos, que siguen distinto curso. El más avanzado, el de los facultativos especialistas (FEAS), que son 26 plazas, se completará «después de la Semana Santa», porque se decidió hacer a través del procedimiento ordinario con la antigua aplicación; al igual que el del resto de categorías hospitalarias (enfermería, celadores, auxiliares administrativos, TCAE...), que han registrado 668 solicitudes. «Esta última convocatoria se ha demorado por un problema puntual, que ya está en vías de solución, por lo que esperamos contar con los listados definitivos en mayo», añade el subdirector de Recursos Humanos. Pero «donde no podemos garantizar llegar a tiempo para que los profesionales tomen posesión antes del verano es en Atención Primaria».
Y es ese 'pero' el que ha indignado a los sindicatos, después de conocer que «hay al menos trece solicitudes de médicos de familia de otras comunidades dispuestos a trabajar en Cantabria, que no van a poder venir porque no se puede resolver su petición del traslado por los fallos de Orion, plataforma que gestiona la empresa del mismo nombre desde Cataluña.
Juan Ramón Artiga
Subdirector de Recursos Humanos del SCS
«No se puede estar así en pleno siglo XXI, es decepcionante e irritante. No puede ser que el programa para gestionar al personal del SCS sea tan farragoso y dé tantos problemas», critica Margarita Ferreras (CSIF), que ha advertido a la Gerencia que «no resolver los traslados de Atención Primaria supone darse un tiro en el pie, teniendo en cuenta el verano que se presenta». Al déficit habitual de sustitutos (este año habrá menos incluso que el pasado), se suma que los residentes no terminarán su formación hasta agosto. «Y encima los profesionales que se ofrecen a venir a trabajar en Cantabria por la vía del traslado, que ya sabemos que no serían todos los que han presentado la solicitud, porque pueden optar a la misma plaza, resulta que no van a poder incorporarse por las trabas burocráticas y los fallos de Orion», lamenta Ferreras.
En la misma línea se expresa Santiago Raba, desde el Sindicato Médico: «Es absolutamente bochornoso. Todo el SCS es ahora mismo rehén de una pequeña empresa catalana que no funciona; rescindir el contrato ahora y empezar de cero con una nueva plataforma sería aún más caótico que seguir parcheando el sistema». A su juicio, «hay que hacer una revisión profunda de la forma de contratar que tiene la Administración, porque el sistema de adjudicación prioriza excesivamente el precio sobre la solvencia para la ejecución del servicio, lo cual en muchas ocasiones acaba produciendo el efecto opuesto al deseado: se acaba encareciendo el servicio por la necesidad de ir ampliando la asignación presupuestaria y la calidad no es la contratada«. Además, »tampoco vemos que se esté trasladando, en caso de incumplimiento de la adjudicataria, las consecuencias económicas (y no económicas) del mismo», apunta.
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