Revilla abre la posibilidad de eliminar el impuesto de Patrimonio al igual que en Andalucía

La caja de Pandora la abrió el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con unas declaraciones –después matizadas por la portavoz del Gobierno central, Isabel Rodríguez– en las que defendió unificar la fiscalidad en España y, por tanto, despojar a los gobiernos autonómicos de la potestad que tienen de gestionar determinados impuestos. La propuesta de Escrivá, harto de este «despropósito en el que unas comunidades se dedican a competir fiscalmente unas con otras», da un giro de 180 grados con respecto a la postura de la izquierda, que siempre ha pedido mantener el gravamen sobre el patrimonio.

Antes de la rectificación a Escribá desde sus propias filas, el presidente de Cantabria afirmaba estar «de acuerdo» con esta centralización de impuestos que defiende el ministro «para evitar que algunas comunidades autónomas se conviertan en paraísos fiscales frente a otras». Pero es que además, en su calidad de secretario general del PRC, ha avanzado que si no se lleva a cabo esta «unificación fiscal para que todos los españoles, independientemente de donde vivan, paguen en función de unas normas tributarias iguales», su partido estudiará, con vistas a las elecciones de 2023, su postura sobre el impuesto de Patrimonio y si a la Comunidad Autónoma le compensa o no suprimirlo «para no quedar descolgada» del camino que plantean otros territorios, entre ellos Andalucía y Madrid.

Para Revilla lo que «no se puede consentir» es que «en una unidad de mercado, como es España, haya disparidad de criterios recaudatorios en función de la capacidad que cada comunidad autónoma tiene de poder generar ingresos por otras vías». Para el presidente cántabro, que haya comunidades que eximan del pago del impuesto de Patrimonio es una «incitación a la fuga de capitales» de otros territorios.

Según la Consejería de Economía, actualmente, este impuesto lo pagan unas 3.000 personas de rentas altas en la región y supone una recaudación de unos 15 millones de euros anuales. En la actualidad el impuesto de Patrimonio de Cantabria se mantiene como estaba en 2017, cuando el consejero Juan José Sota aumentó su tipo impositivo. Aunque no siempre fue así. El Gobierno de España recuperó este impuesto durante el mandato de Zapatero y en 2011, cuando en Cantabria ganó las elecciones Ignacio Diego, el PP no hizo nada por retirarlo. Aunque el expresidente cántabro se opuso públicamente a seguir manteniéndolo, dejó las cosas como estaban.

Desde la oposición en Cantabria, el PP insistió en la necesidad no solo de tocar Patrominio, sino también los tramos autonómicos del IRPF. La número dos de los populares, María José González Revuelta, afirmó que su partido seguirá defendiendo reducir la presión fiscal para incrementar de manera inmediata la renta disponible y el poder de compra de los cántabros.

Todo lo contrario que en IU. Su coordinador regional, Israel Ruiz Salmón, cree que la propuesta de Revilla sólo beneficiaría a los casi 3.000 ricos cántabros con 2,4 millones de media: «El 0,5% más rico recibiría el regalo de Revilla; el 99,5%, la mayoría, el perjuicio, al contar con menos recursos para los servicios públicos y el apoyo a las familias, pequeñas empresas y autónomos».