Revilla tras declarar ante la fiscal por la llamada de la delegada del Gobierno: «Supongo que le darán carpetazo»

Acompañado de la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, y de su jefa de prensa, Revilla apareció este lunes en el complejo judicial de Las Salesas pasadas las ocho de la mañana, en su coche oficial, que accedió al recinto por la verja principal. Estaba citado para las 08.30 horas, media hora antes de que los juzgados abriesen sus puertas al público, pero su acto a las doce del mediodía en Vitoria adelantó su declaración, ya que tenía casi dos horas de viaje por delante.

Su comparecencia, en calidad de testigo, apenas llegó a la media hora. Una vez finalizada no tuvo ningún reparo en atender a los medios de comunicación que aguardaban en la entrada de los juzgados. Allí dejó claro que había «ratificado» ante la fiscal superior lo que ya ha había explicado públicamente en relación a la llamada que recibió de Ainoa Quiñones la misma mañana en la que se produjo el registro y lo que ella le dijo en torno a la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la Consejería de Obras Públicas.

Respecto a la hora de la polémica llamada, Revilla señaló que en su teléfono ya no está registrada porque, según le informaron fuentes de su equipo, el dispositivo del presidente «sólo conserva las llamadas de los últimos nueve días» (la operación se produjo el 22 de febrero). Sin embargo, precisó que «en el teléfono de ella (de la delegada del Gobierno) sí» y fue «a las 07.43 horas», según recoge Europa Press.

Revilla insistió en su opinión de que Quiñones «ha cumplido con su obligación de llamar al propietario de una 'casa' cuando van a intervenir, no tirarla a porrazos», aludiendo así a que la Consejería de Obras Públicas es una dependencia del Gobierno de Cantabria y él es el presidente, con lo que ve «normal que le llamen para decirle que va a entrar la Policía a registrar». Además, explicó que, tras la comunicación, contactó con el entonces consejero, José Luis Gochicoa, para indicarle que se pusiera a disposición de los agentes «todos lo medios de apoyo» de la Consejería «para que hagan bien la instrucción». «Y esto es lo que hay», indicó Revilla tras declarar ante la Fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación para proceder al esclarecimiento de los ellos en relación a este supuesto 'chivatazo', que Ciudadanos (Cs) llevó ante la Fiscalía.

«Se supone que me han revelado algún secreto, pero qué secreto me van a revelar si cuando me ha llamado a mí la Policía ya estaba dentro», aseveró el presidente, quien no pudo precisar si cuando se produjo dicha llamada de Quiñones los agentes estaban ya dentro de la Consejería efectuando el registro o si, por el contrario, en ese momento aún estaban cercando su exterior. «Yo allí no estaba», dijo. No obstante, indicó que, aunque «no entiende mucho de esto», «supone» que a la denuncia contra la delegada del Gobierno «le darán carpetazo porque no tiene ningún sentido».

Estas no fueron las únicas declaraciones que realizó este lunes Revilla sobre este asunto. Durante la rueda de prensa que ofreció en Vitoria tras participar en una reunión con los presidentes de Euskadi, Asturias y Galicia para compartir iniciativas sobre asuntos de «interés común» de los territorios atlánticos, Revilla explicó que «en ningún momento» el aviso de la delegada supuso una «intromisión» para tratar de «variar el ritmo de la investigación», dado que en ese momento «los cuerpos de seguridad ya estaban en la puerta» del edificio en el que iba a desarrollarse la operación.

Por eso insistió en que no tiene «nada que ocultar» y que Ainoa Quiñones solo cumplió con su «obligación» de «avisar al propietario de una instalación que iba a ser allanada».

La que no quiso confirmar si ya ha declarado por este asunto es la delegada del Gobierno y, cuestionado por este asunto, Revilla afirmó que «no tiene ni idea».

La denuncia

Este nuevo capítulo del 'caso Obras Públicas' surge después de que el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Félix Álvarez, pusiera en conocimiento de la Fiscalía la polémica llamada telefónica.

El líder de la formación naranja considera un «escándalo» que Quiñones y Revilla conocieran «de antemano» la intervención que agentes de la UDEF y la Agencia Tributaria iban a realizar en la sede de Obras Públicas. Y ante la posibilidad de que estos hechos pueden ser constitutivos de delito según el artículo 466 del Código Penal, Cs denunció a principios de la semana pasada ante la Fiscalía esta llamada, que considera fue un «chivatazo» de la operación en la que, además de la Consejería, se registraron varios domicilios particulares y empresas.

«El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, encargado de la investigación, había decretado el secreto de sumario, lo que impide que nadie, salvo la jueza y la Policía que está a sus órdenes, pueda tener conocimiento alguno de la intervención», insiste Álvarez, que trasladó a la Fiscalía las declaraciones realizadas por el presidente de Cantabria en la rueda de prensa en la que anunció, el pasado 3 de marzo, la dimisión de José Luis Gochicoa.