Revilla dice que el informe interno sobre el SCS «desmonta las acusaciones del PP»

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que el informe encargado por el Gobierno regional para investigar las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS), presentado hoy en el Consejo de Gobierno, «desmonta la mayor parte de las acusaciones del PP». Revilla ha subrayado que los técnicos de la Consejería de Sanidad no han detectado «ningún ilícito penal, sólo cinco pequeñas irregularidades».

Revilla ha achacado las acusaciones vertidas sobre las contrataciones en el SCS a «una táctica del PP por la situación terrible que atraviesa, de intentar dar la sensación de que todos los partidos cometen delitos», y ha subrayado el «rigor absoluto» con el que ha actuado el Gobierno de Cantabria en este caso. «Lo que hemos visto en el informe, desde luego en materia penal no hay nada, no ha habido ningún desvío de fondos, las obras que han podido recepcionarse antes de que estuviesen hechas tienen unas explicaciones, son irregularidades, pero tienen unas explicaciones, porque se pueden perder los dineros del presupuesto. Y no vemos más materia que esto».

El presidente cántabro ha incidido en que su Gobierno «ha hecho las cosas bien y ha dado todos los pasos» al haber encargado este informe y al trasladarlo ahora a sus órganos jurídicos y de control para que lo estudien y hagan su valoración, antes de actuar si lo considerase necesario.

Revilla ha pedido «esperar un poco porque se va a saber todo en no mucho tiempo y a lo mejor alguno se lleva una sorpresa, de que ha montado aquí una especie de campaña pensando que el Servicio Cántabro de Salud es un desastre, cuando no es así».

Miguel Ángel Revilla ha defendido, además, la imposibilidad de que la consejera de Sanidad, María Luisa Real, pueda supervisar los más de 40.000 contratos anuales que se firman en su departamento y ha recalcado que «los responsables son los que los firman, que ya han dimitido». «La responsabilidad es de aquel que firma algo ilegal. La responsabilidad de quien lo ha nombrado llegará a que, si ve que esa persona no ha actuado correctamente, se la tiene que dimitir (sic), como ya han dimitido varios en este Gobierno».

El presidente cántabro, a preguntas de los periodistas, también ha vuelto sobre sus afirmaciones de que no conocía a los altos cargos del SCS que han dimitido, el exgerente Julián Pérez Gil y el exsubdirector de Gestión Económica, Javier González, y ha recordado que esos nombramientos no están entre sus cometidos. «Los que los tienen que conocer son los consejeros que les nombran», ha recalcado Revilla, quien ha alegado que ni siquiera los consejeros de su partido le piden permiso, autorización u opinión parar nombrar a sus altos cargos. «Si tu confías en un consejero tienes que confiar en que esa persona tiene lucidez, capacidad y sensatez suficiente para rodearse del mejor equipo».

La consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), ha asegurado que ella ya ha dado los pasos para la remisión al Parlamento de Cantabria del informe de la Inspección Sanitaria sobre las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), un documento que, a su juicio, «constata que el asunto de las supuestas irregularidades se ha desconfigurado por intereses absolutamente políticos».

A preguntas de los periodistas en relación al informe analizado este jueves en Consejo de Gobierno, que aún no se ha hecho público, Real ha explicado que «de la decena de contratos señalados por el PP por esas supuestas irregularidades, hay en algunos en los que no se ha encontrado absolutamente ninguna incidencia».

En otros, ha reconocido, se han encontrado «incidencias, pero no de calado». En este sentido, a preguntas de los medios, la consejera ha vuelto a desvincular las dimisiones del hasta ahora gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González, de las conclusiones del informe y ha subrayado que una cosa es «independiente» de la otra.

En relación a la remisión al Parlamento del informe, Real ha insistido en que, por su parte, ella ya ha hecho los trámites ante la Consejería de Presidencia, que dirige el regionalista Rafael de la Sierra, para que el informe sea remitido al Parlamento.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cantabria, partido que gobierna junto al PRC, ha subrayado este jueves que la consejera de Sanidad, María Luisa Real, ya ha demostrado que «no se esconde y da la cara». Pablo Zuloaga ha respondido así al ser preguntado por el informe encargado por el Gobierno regional para investigar las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

El líder socialista ha explicado que lo que ha hecho el Consejo de Gobierno es remitir el informe a la Intervención General y a la asesoría jurídica para «seguir ahondando en cualquier incidencia en las contrataciones, aunque ya sabemos que no existe ilícito penal».

En opinión de Zuloaga, este asunto es una «cortina de humo del PP que pone en entredicho la gestión del sistema público de salud».

Zuloaga ha dicho primero que las dimisiones del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y del subdirector de Gestión Económica, Javier González, se debieron a que se encontraban en un «escenario de mucha presión». Aunque más adelante, a preguntas de los periodistas, ha relacionado las dimisiones con las irregularidades: «Las irregularidades las tiene que analizar ahora la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Tendrán que ver qué profundidad tienen, qué ha pasado... Sí que ha habido ya dos ceses, dos dimisiones, que asumen la responsabilidad de haber llevado a cabo unas posibles irregularidades, que no son ilícitos legales».

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado las conclusiones «a la carta» que ha sacado el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) del informe de la Inspección Sanitaria sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que, según ha insistido, revela «irregularidades» y ha instado al Ejecutivo remitir el informe de forma inmediata al Parlamento regional y a la Fiscalía.

En declaraciones a los medios, la presidenta de los 'populares' cántabros ha opinado que, tras el informe, nadie del Gobierno o de los grupos que los sustentan en el Parlamento, PRC y PSOE, puede decir que «no hay irregularidades, porque las hay».

«No pueden continuar diciendo que no hay irregularidades porque las hay, porque las han reconocido y porque ya hay la dimisión de dos altos cargos sobre la mesa. Si hay o no hay ilícito penal eso es algo que corresponde dilucidar y decir a los tribunales no al presidente del Gobierno ni a ninguno de los consejeros».