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El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pedido al Gobierno central una «justificación razonable» que explique el reparto de 9 millones de euros de los fondos europeos entre País Vasco, Navarra, Extremadura y la Comunidad Valenciana, a través de un real decreto ... en el que ve «discriminación» hacia el resto de comunidades.
Revilla ve «muy sorprendente» que se haya decidido repartir este fondo que incluye partidas para la inserción laboral entre cuatro comunidades y especialmente ha cuestionado la concesión a País Vasco y Navarra, que «son de las que menos paro tienen» del país y cuentan con «un sistema foral muy específico de ventajas», por lo que «si además los fondos del estado discrecionales van a esas comunidades, se contribuye a un agravio» con el resto, ha opinado.
Por ello «no sé los criterios y desde luego no me parece que sea un buen método», ha sentenciado el presidente cántabro tras advertir que «no le gusta nada el procedimiento que se ha seguido», «de forma sorprendente y a través de un decreto ley», y al margen de la comisión formada entre los gobiernos autonómicos y el central para beneficiar a cuatro regiones, a las que ha felicitado «porque les ha tocado una cierta pedrea».
El jefe del Ejecutivo ha reconocido que el Gobierno de España «puede administrar como le plazca esos recursos», pero considera que «tiene ene que dar una justificación razonable de por qué esas cuatro comunidades sí y otras no».
«Estamos expectantes a que de una explicación de eso, pero el procedimiento de entrada a mí no me gusta nada porque supone una discriminación», ha incidido Revilla, que no ha avanzado si Cantabria se sumará a la ofensiva impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por este reparto de fondos europeos.
El presidente ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en Reinosa, donde ha acudido para visitar las instalaciones de Amica.
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Por otro lado, Miguel Ángel Revilla ha manifestado que le gustaría que los test de antígenos fueran más baratos, pero ve «un paso positivo» que se haya fijado el precio máximo de venta en 2,94 euros.«Me gustaría que fueran más baratos, pero es un paso», ha respondido este viernes el presidente a preguntas de la prensa sobre la decisión que tomo ayer la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) de fijar ese precio máximo para las pruebas.Revilla, que ha hecho estas declaraciones en Reinosa, donde ha visitado hoy las instalaciones de Amica, ha manifestado que recientemente ha comprado unos test que le costaron 10 euros, por lo que al menos «2,94 euros es más asequible».
No obstante, ha señalado que no sabe «por qué no pueden tener el precio» de países como Portugal, donde rondan los dos euros.
LA CIMP acordó ayer por unanimidad que el precio máximo de venta de los test de antígenos de autodiagnóstico de la COVID-19 en las farmacias sea de 2,94 euros a partir de este sábado.
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