Revilla espera pactar la Ley del Suelo con el PP y Buruaga tacha su propuesta de «apaño infumable»

Por un lado, los regionalistas han acordado con sus socios del bipartito un conjunto de enmiendas que consagran esa posibilidad de manera indefinida en los municipios de menos de 5.000 habitantes bajo una serie de condiciones concretas. Las enmiendas también incluyen una moratoria de dos años para poder hacerlo igualmente en los de más de 5.000 habitantes. Solo durante dos años desde la entrada en vigor de la norma. A partir de ese momento, como ha querido dejar claro el PSOE, quedará prohibido, algo que afecta a Santander, Torrelavega y una parte importante de los municipios costeros, entre otros. Eso es lo que dice la literalidad del texto, pero el problema es que, por otro lado, el PRC insiste en que, 'de facto', transcurrido ese plazo, la prohibición no se hará efectiva de una de otra manera. Que hay fórmulas para continuar con la construcción.

«Estamos en disposición de que la ley sea aprobada con el consenso de la mayoría de la Cámara. Es una ley que da estabilidad. Estoy seguro, ya tengo algún conocimiento, de que vamos a llegar a acuerdos para que muchas enmiendas de las que presenta el PP sean admitidas. Me apetecería muchísimo que el PP estuviera en ese acuerdo. Que estuviéramos los tres», ha asegurado Revilla tras la reunión que ha mantenido este miércoles con la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga.

Lo que dice la líder de la oposición, que mantiene su máxima predisposición a llegar a un acuerdo, es que eso es imposible si esas enmiendas conjuntas del bipartito salen adelante con la actual redacción. Que si mueven la manta hacia el lado socialista para contentar a su socio de Gobierno, ellos no pueden sumarse al acuerdo que ansía Revilla para la Ley del Suelo.

Para los populares, es «irrenunciable» que se mantenga el actual estatus que permite la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico en todo el territorio. No les sirven las buenas intenciones manifestadas por el PRC de prorrogar esa posibilidad con independencia del plazo de dos años que aparece en el proyecto de ley no sirven. «La enmienda dice lo que dice, que el régimen transitorio tiene una duración de dos años y cuando termina entra en vigor el resto de artículos de la Ley del Suelo, que lo prohíben», ha insistido Buruaga. La jefa de la oposición entiende que existe margen para el acuerdo, pero siempre que se tenga en cuenta esa línea roja.

Buruaga ha dejado su intención de diálogo sobre la mesa si bien al tiempo ha expresado que Revilla y el bipartito no se lo están poniendo fácil «con sus contradicciones internas y sus cambios de criterio y bandazos. Es muy difícil entenderse con quien defiende una cosa y la contraria, con quien no habla claro a los ciudadanos». A su entender, esa moratoria de solo dos años con la posibilidad de ampliarla -como expresan los regionalistas- por otra vía «pretende un apaño infumable».

«Algo que es irrenunciable es blindar el actual régimen frente a un proyecto de ley del Gobierno que, en contra del discurso oficial, no flexibiliza ni facilita la construcción de la vivienda unifamiliar, sino que la restringe al máximo hasta el punto de convertirla en una excepción. Cada trámite de la Consejería ha dado una vuelta de tuerca más en una clara concesión al Partido Socialista», ha añadido la líder del PP, para quien el mejor termómetro de que el proyecto va en la dirección contraria es «la euforia del PSOE, que saca pecho porque le ha impuesto a su socio regionalista la vivienda unifamiliar como una excepción».

En esa reunión también ha participado el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, que a pesar de ser preguntado por la doble interpretación -doble y contradictoria entre sí- que hacen los dos socios del Gobierno sobre sus enmiendas, se ha negado a aclararlo. Cabe recordar que en el primer borrador que diseñó su departamento ni siquiera se recogía esa moratoria de dos años para construir vivienda unifamiliar en suelo rústico en municipios de más de 5.000 habitantes -sí se daban más facilidades en los de menor tamaño- y mucho menos se contemplaba una prórroga una vez transcurrido ese tiempo.

Para el PP, socialistas y regionalistas «tratan de engañar a la gente». Al PRC también le acusan de jugar a dos bandas con ese «régimen transitorio que es un dispara desde el punto de vista jurídico y un claro fraude político a los ciudadanos» porque «dice una cosa la ley -que se prohíbe esa construcción- y otra cosa la disposición transitoria». ¿Y a qué atribuyen los populares esas piruetas políticas? A la intención de demorar la prohibición de la vivienda unifamiliar en la mayoría de municipios «hasta después de las elecciones».