Revilla: «Si un funcionario se ha aprovechado de su cargo para lucro personal, que lo pague»

De momento, las responsabilidades se limitan a cargos técnicos y empresarios, no existen indicios de que el caso salpique a políticos de ningún signo. No solo en el PRC, sino también en el PP, ya que ambos partidos han gestionado esa cartera los últimos treinta años, el mismo tiempo que lleva trabajando en ese departamento el funcionario presuntamente involucrado en las mordidas de los contratos.

Lo que sí aseguró ayer Revilla es que el Gobierno tendrá una «transparencia máxima» en este asunto. En primer lugar, tanto el consejero de Obras Públicas como el propio presidente se han puesto a disposición de los agentes para «darles toda la documentacion que pidan y que se aclare si hay alguna persona que, siendo funcionario público, ha cometido algun tipo de delito y que caiga todo el peso de la ley sobre él. Esto es lo único que podemos decir por ahora». Y, en segundo lugar, el departalemento de Comunicación de Gobierno organizó una rueda de prensa con Gochicoa sólo cinco horas después de conocer los hechos. Poca información pudo aportar en ese momento, pero el objetivo era no esconderse, dar la cara rápidamente y trazar un cortafuegos entre la investigación y los cargos políticos de la Consejería.

«Esperamos que dentro de los próximos dias nos aclaren de qué se trata todo este asunto», señaló Revilla, que volvió a insistir en que «si alguien se ha aprovechado de su cargo de funcionario para hacer una operacion delictiva y lucrarse personalmente, que lo pague y caiga sobre él todo el peso de la justicia».

Seguro que el presidente tiene muy presente en la memoria el último escándalo que salpicó a Obras Públicas, hace ahora diez años. Fue en 2013 cuando la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) impuso una histórica multa de 16,5 millones de euros a once empresas de Cantabria por manejar y desvirtuar el mercado del asfalto durante 13 años, repartiéndose más de 900 obras y fijando los precios con los que se las adjudicaban.

Mientras tanto, los registros policiales cogieron al vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, en Tama (Liébana), en los trabajos de geolocalización de fosas de víctimas de la Guerra Civil. Desde allí, el líder del PSOE pidió «cautela y aseguró que el Ejecutivo autonómico colaborará en el esclarecimiento de los hechos con «absoluta transparencia, compromiso y con asunción de responsabilidades». «No depende directamente de mi decisión –aclaró–, pero estoy seguro de que el Gobierno tendrá un absoluto compromiso con la investigación y, llegado el caso, estoy seguro que también con asunción de responsabilidades», sentenció.