Revilla pretende llevar a Cantabria a la «nueva normalidad» el 15 de junio

Antes incluso de que entre mañana en la fase tres, ya se trabaja con el escenario más que probable de que Cantabria concluya el próximo 15 de junio todas las etapas de la 'desescalada' y pase a lo que el Gobierno central ha denominado como la «nueva normalidad». El decreto que oficializa la decisión aún no está firmado, pero esa es al menos la pretensión de quien tiene la capacidad legal de tomarla, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que se convertirá a partir de ahora en la autoridad competente para gestionar el estado de alarma dentro de los límites de la comunidad autónoma. Con la entrada de Cantabria y otras once regiones en fase tres, el mando único ha cedido esta competencia a los líderes territoriales, incluida la de regular la movilidad, una de las principales restricciones que continúan vigentes desde que estalló la crisis sanitaria.

Si Revilla pretende que la etapa de la 'desescalada' que comienza el lunes dure siete días y no catorce -era la recomendación inicial del Ministerio de Sanidad- es, precisamente, para abrir las fronteras de Cantabria y permitir la llegada de visitantes de las provincias limítrofes, aunque este paso también implicaría una nueva relajación de las principales restricciones en todas las actividades. De hecho, el presidente regional quería que el Estado lo hubiera permitido ya para la fase tres con el argumento del peso específico que tiene el turismo en la economía, especialmente en los municipios de la zona oriental, que aguardan a los visitantes vascos o propietarios de segundas residencias. No ha sido así. Esa es la mala noticia que anunció el ministro Salvador Illa el viernes, pero, en cambio, el Gobierno central sí ofrece a las comunidades autónomas que sean ellas las que tomen la decisión con la única exigencia de que origen y destino se encuentren ya en esa «nueva normalidad». Que establezca cada una su propio calendario.

A día de hoy, ese es el escenario. Eso sí, a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el próximo martes un real decreto que regule esta situación. Desde Peña Herbosa, de hecho, hasta que no lo vean no terminarán de creérselo. Hasta llegar al momento actual, ha habido varias versiones diferentes sobre cómo sería la regulación de la movilidad y sobre quién tendría la responsabilidad política al respecto. Varias versiones y confusión sobre la interpretación de cada una de ellas.

El Gobierno central anunció el martes pasado, rectificándose a sí mismo, un primer cambio de criterio. Como se ha confirmado, adelantaba la intención de permitir a partir de mañana el tránsito entre provincias, pero sólo entre aquellas que estén en la misma comunidad autónoma. Ese último matiz que introdujo el ministro Illa corregía lo que había anunciado 24 horas antes el Ejecutivo. Sus palabras enmendaban las del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que fue quien el lunes avanzó que la única condición para viajar entre provincias sería que tanto la de origen como la de destino estuvieran en la fase tres.

Ábalos no lo dio por hecho, pero casi. Así que muchos hosteleros y comerciantes de los municipios cántabros que viven del turismo comenzaron a prepararse. Como explican desde la Asociación de Hostelería de Cantabria, incluso se levantaron los ERTE y se realizaron contrataciones en previsión del levantamiento inminente de las restricciones, que no llegó, para la indignación de los empresarios y trabajadores afectados. Eso, lamentan, se traduce en «pérdidas, decepción y enfado».

También se explicitó el descontento de varios gobiernos autonómicos. Los de Cantabria y País Vasco encabezaron la queja. El lehendakari Urkullu y Revilla decidieron crear un frente común que ha dado resultados a medias. Porque el viernes Illa matizó sus palabras y detalló que, finalmente, la movilidad no dependería de Madrid -los viajes habrían estado prohibidos, como norma general, hasta el 21 de junio con el decaimiento de la figura constitucional del estado de alarma, que permite restringir ese derecho fundamental-, si no de cada autonomía. La última versión llegó ayer. Los territorios que estén en la «nueva normalidad» podrán solicitarlo y con toda probabilidad les será concedido, pero no podrán tomar la decisión por su mano mayor. Salvo nueva orden, en eso estamos.

Entonces, con todo lo anterior, ¿cuándo se podrá ir de Castro Urdiales a Bilbao, de Unquera a Llanes, o viceversa? Pues si de Cantabria depende, a partir del 15 de junio con su entrada en la «nueva normalidad», pero para ello los presidentes autonómicos del Principado de Asturias y de Euskadi tendrán que decidir también que están preparados para dejar atrás la fase. Con Castilla y León habrá que esperar más, porque ellos van más retrasados en la 'desescalada' y se encuentran aún a punto de entran en fase dos.

Revilla y Urkullu tienen la intención de ir «de la mano» para abrir sus 'fronteras' el mismo 15 de junio, pero de momento el lehendakari no lo ha verbalizado. Un esbozo hizo ayer la consejera vasca de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Para nada cerró la puerta a una fase tres exprés -como la que quiere Cantabria- que tenga una duración inferior a las dos semanas en principio previstas, pero sí dijo que en cualquier caso su «nueva normalidad» no llegaría en ningún caso antes del próximo fin de semana.

El ejemplo de Noja es paradigmático, pero son muchos los municipios de la zona oriental de Cantabria cuya economía depende, en gran medida, del consumo de los visitantes del País Vasco. «Hasta el 95% del Producto Interior Bruto procede del turismo», apunta Javier Gracia, portavoz de los comerciantes de la villa. «En verano alcanzamos los 50.000 residentes y todo está dimensionado para ese volumen de personas. Ahora mismo somos 2.500 vecinos. No hay bares funcionando y el comercio que está abriendo es el del todo el año, pero vamos a seguir quince días más muertos». Por eso afirma que siete o quince días de retraso en la reanudación de la actividad puede suponer perder todo el mes de junio.

En Castro, con 32.500 censados, la población se duplica en temporada alta. Y Laredo pasa de 11.500 a unos 70.000 'vecinos' en el pico del verano. «Necesitamos ese impulso económico. Laredo vive de los meses de verano y dependemos de los vecinos del País Vasco. Estamos saliendo de algo gordo, pero ahora hay que reactivar la economía y por eso confiamos y apelamos a la responsabilidad de las personas», apunta la alcaldesa, Charo Losa, que entiende la prudencia del Gobierno central «porque mira por todo el país», pero también la postura del regional porque «la llegada de vecinos del País Vasco es fundamental para nuestra economía. Hay que reactivar el comercio local, la hostelería, hoteles...».

El alcalde de Ramales de la Victoria, César García, entiende que es «pronto» para abrir el tránsito interprovincial: «Sí que es bueno para la economía de la zona, pero soy partidario de esperar al 21 de junio ya que el virus se incuba durante dos semanas».

Aunque Madrid es el principal mercado turístico de Cantabria en cifras absolutas, el País Vasco es el segundo muy de cerca, y se convierte en el principal en lo referente a estancias cortas o visitas de fin de semana. El INE apunta que cerca de 100.000 vizcaínos y alaveses tiene segunda residencia en la región. Si todos llegaran a la vez, habría en Cantabria un vasco por cada seis locales.