Revilla respalda a Real por los contratos del SCS y apunta a la salida del gerente de Atención Primaria

El jefe del Ejecutivo, que en su día ordenó abrir una investigación para aclarar las críticas de la jefa de Contratación del SCS, ha respaldado en todo momento a la consejera. Es más, durante el último Debate sobre el Estado de la Región (septiembre), en respuesta a la petición de cese del Parlamento, Revilla realizó una defensa numantina de la titular de Sanidad porque los informes recabados no apreciaban «ni atisbo de delito, nada de compinches en un despacho planificando una trama de corrupción, ni chanchullos», como denunciaba el PP. «No voy a cesar a la consejera, de ninguna manera, porque sería una injusticia absoluta, ya que no hay ningún indicio de delito», dijo entonces el presidente cántabro, quien nada más saltar a la luz el escándalo (finales de abril) aseguró que no le iba «a temblar la mano en pedir dimisiones y cortar cabezas de inmediato si se demuestran irregularidades en la gestión del SCS».

Pero ahora el regionalista llama a la cautela y pide «esperar prudentemente» hasta que la jueza que instruye el caso «dictamine si hay alguna responsabilidad superior» a la de los exdirectivos contra los que se dirige la denuncia de la Fiscalía, y en el caso de que la haya, «actuaremos con rapidez y contundencia».

Mientras tanto, Revilla aseguró que seguirá respaldando a la consejera de Sanidad puesto que en la denuncia de la Fiscalía «no hay ningún indicio que la involucre». El líder regionalista trató de ganar tiempo al asegurar «en el momento en que haya alguna persona imputada del Gobierno, exigirá la dimisión». Unas palabras que le volverán durante los próximos días como un bumerán, ya que justo horas después transcendió que había citado como investigado a su consejero de Economía, Juan José Sota.

El camino de salida marcado por Revilla para el gerente de Atención Primaria contrastó con la defensa que hizo de él a la misma hora la consejera de Sanidad. «No hay absolutamente nada nuevo, el gerente está desempeñando sus funciones con normalidad», respondió ayer María Luisa Real cuando fue cuestionada por la posibilidad de que Rojo presentara su dimisión o fuera destituido tras ser incluido por la Fiscalía entre los investigados por las irregularidades en los contratos del SCS, al constatar que varias de las incidencias detectadas se enmarcan dentro del departamento que dirige, el de Atención Primaria.

«Quisiera recordar que estamos en un Estado de derecho y que existe la presunción de inocencia, que debe ser respetada», insistió la titular de Sanidad zanjando la cuestión. Sin embargo, Rojo no estuvo presente en la visita que Real realizó a las nuevas instalaciones del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), ubicadas en el centro de salud de Los Castros, en Santander. Pese a ser una infraestructura dependiente de su departamento y pese a que sí asistieron otros altos cargos del SCS, como su máximo responsable, Benigno Caviedes, el gerente de Atención Primaria no hizo acto de aparición. «Estará visitando algún otro centro de salud dentro de su trabajo habitual», aseguró la consejera al respecto intentando restar trascendencia a su ausencia.

Las críticas de la oposición ante la actitud de Revilla no se hicieron esperar. El Partido Popular consideró que hace un «auténtico papelón» al mantener en su cargo a la consejera de Sanidad pese a que la Fiscalía ve indicios de delito y lamentó que «el nivel de exigencia ética de Revilla siempre es muy alto para los demás y muy bajo para sí mismo». Según Íñigo Fernández, diputado regional y portavoz del PP, Revilla «está preso del PSOE y por eso cede a las exigencias de Pablo Zuloaga».

«No hablamos de que, puntualmente, un alto cargo haya sido imputado; hablamos de que toda la cúpula directiva del Servicio Cántabro de Salud está acusada por la Fiscalía», explicó Fernández, para quien «en esas condiciones la consejera de Sanidad debe asumir responsabilidades políticas».

Además, recordó Fernández que «cuando conoció la denuncia, en lugar de actuar, Real ocultó los hechos y bloqueó la investigación», por lo que «su implicación en el escándalo de los contratos del Servicio Cántabro de Salud es evidente».

«Revilla concibe la ética, la dignidad y la decencia como un embudo: lo ancho para él y lo estrecho para los demás. Si este escándalo se hubiera producido en Madrid o en Andalucía, ya estaría pidiendo cabezas y dimisiones por todas las televisiones de España». Sin embargo «aquí calla, escurre el bulto, agacha las orejas y esconde el hocico: eso es lo que hace Revilla cuando la corrupción le estalla en las manos».

«Es escandaloso que diga que desconoce que uno de los altos cargos acusados por la Fiscalía continúa en el cargo y que va a preguntar a la consejera. ¿Es esto un presidente? ¿Es admisible que no sepa cómo está la situación, aunque lleve ocho días de vacaciones en México?», se preguntan los populares. «En realidad, lleva de vacaciones tres años y medio: toda la legislatura», añadió Íñigo Fernández, antes de concluir que la titular de Sanidad está «completamente contaminada».