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Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria han dado varios repasos a los más de 4.080 folios que forman el sumario judicial del 'caso ... Obras Públicas', pero en los tres tomos proporcionados por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander no aparecía el informe de la Agencia Tributaria que analiza el patrimonio de Miguel Ángel Diez -el funcionario que encabeza la trama- y de su familia. Un informe pericial en el que se confirma que hasta 19 empresas constructoras -otras distintas a las ahora investigadas- pagaron supuestos mordidas al funcionario entre 2003 y 2012. De ahí «la sorpresa y el cabreo» de Miguel Ángel Revilla y el resto de miembros del Ejecutivo al enterarse por el periódico de estas supuestas mordidas -pasados más de diez años, ya habrían prescrito- que el presidente califica como un «hecho grave de corrupción», pero también entiende que no se trata de una práctica generalizada.
«No podemos generalizar», ha insistido Revilla en referencia a estos supuestos pagos que justificarían el incremento patrimonial del entramado familiar de 160.000 euros a 4,6 millones entre 2003 y 2012 y que involucran «a una serie de empresas y a un funcionario que ha acumulado una fortuna de muchísimos años fruto, al parecer, de la extorsión».
En este sentido, el regionalista ha hecho un llamamiento a las empresas para que «no se dejen extorsionar por nadie» y denuncien si algún funcionario les exige «algún tipo de compensación económica» para adjudicarles contratos públicos, como habría ocurrido en la presunta trama encabezada por el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas que se encuentra en prisión provisional. Revilla ha pedido que se denuncie ante la Administración «cuando se detecte que hay el menor indicio» de posibles actuaciones irregulares para poder tomar medidas, ya que «el silencio no es buena causa» y «se deteriora la imagen de las empresas y la del funcionariado, que por lo general hace un gran trabajo».
«Con estas noticias todos perdemos», ha lamentado, haciendo alusión a la investigación sobre esta trama de corrupción en torno a diferentes expedientes de la Consejería de Obras Públicas, tras ser preguntado por la prensa acerca de la información publicada este jueves que da a conocer que se han descubierto más pagos al funcionario encarcelado por parte de otras 19 empresas desde 2003, además de las cuatro implicadas en la causa judicial.
«Todo lo que ha aparecido es un funcionario que se ha enriquecido de manera escandalosa en los últimos años y un numero limitado de empresas», ha reiterado, añadiendo que tampoco hay «afortunadamente ningún político de este Gobierno» involucrado en estos «hechos tremendos que dañan al conjunto de la Administración».
El Gobierno de Cantabria ya tiene lista la guía de buenas prácticas en materia de contratación en la que incorporará nuevas medidas para intensificar el control sobre los expedientes e informes que promuevan las diferentes consejerías para contratar cualquier tipo de obra o servicio. Será un documento único para todos los órganos y las mesas de contratación. El Ejecutivo defiende que, de este modo, «dará un paso más para unificar y reforzar las medidas implantadas en aras a garantizar la transparencia. Esta fue una de las medidas que anunció Miguel Ángel Revilla el pasado viernes en rueda de prensa para tratar de evitar que se produzcan casos como el de Obras Públicas. La acción se sumará a los planes estratégicos e instrucciones internas en materia de contratación dictadas por las diferentes consejerías, que establecen, entre otras medidas, la obligación de las direcciones generales de elevar un informe sobre el grado de cumplimiento de las contrataciones, los contratos menores, las empresas adjudicadas o los presupuestos, entre otros aspectos.
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Ana del Castillo
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