Revilla: «No quiero ver molinos en los valles pasiegos, pero no depende de mí»

Por eso lo que quería esta tarde Vox –así lo confesaron– durante su interpelación al presidente del Ejecutivo cántabro era evitar que este se pusiera de perfil. «Todos estamos a favor de las renovables. No le pregunto si está a favor de instalar molinos en algún lugar. Lo que le pregunto es si está a favor o en contra de que se instalen en los valles pasiegos», reclamó el portavoz de la formación, Cristóbal Palacio. Y Miguel Ángel Revilla se pronunció con mayor claridad que nunca: «A mí no me gusta para nada ver molinos en la zona de los valles pasiegos. No quiero». Eso sí, el jefe del Ejecutivo autonómico insistió en que no depende de su opinión que estos proyectos privados salgan adelante. Ni estos dos concretos, que por su gran tamaño está gestionando el Ministerio de Transición Ecológica, ni los más pequeños que se tramitan en Cantabria.

«Igual usted se piensa que el presidente tiene esa potestad, pero en la administración se funciona de forma legal», dijo Revilla, aludiendo a que son los informes técnicos los que marcan el camino para autorizar o no un proyecto empresarial. «Esté tranquilo. El procedimiento está regladísimo, afortunadamente. Hay garantías en la administración con los informes de impacto ambiental. Y con los tribunales. Hay tantas garantías que no tenemos ni un molino montado», apuntó. Es verdad que hay pocos, pero el presidente dejó fuera la única excepción, el parque que montó hace 15 años Iberdrola en Soba. Desde entonces, todos los proyectos anunciados se han quedado parados en los despachos.

Revilla quiso desterrar definitivamente la ambigüedad del PRC en este asunto asegurando que «en unos días» los funcionarios del Gobierno terminarán los informes sobre Ribota y Garma Blanca. Hasta ahora, los regionalistas apuntaban que no presentarían alegaciones, porque en esos casos concretos la pelota estaba en manos del Ministerio. Además, el presidente dijo que esos informes tendrán carácter técnico. «Nunca he llamado a un consejero o a un técnico para que haga un informe a medida», subrayó Revilla, que entiende que eso sería prevaricación.

Vox volvió a deslizar la idea de que tras el aluvión de parques eólicos que están saliendo o saldrán a información pública hay un afán especulativo y reclamó que se creen zonas de exclusión eólica. En este asunto, esta formación está en la línea con toda la oposición y también con la izquierda extraparlamentaria, ecologistas y el PSOE. Todos quieren que se restrinjan las partes más sensibles ambientalmente de Cantabria con figuras como el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), con la Ley del Suelo o con una norma nueva.

«Ya sé que se tramita en Madrid, pero en Cantabria hay instrumentos para impedirlo si se quiere impedir. Eso no es prevaricación. Nosotros somos el legislativo. Nosotros hacemos la ley y podemos decidir que una zona indicada, por sus características, sea una reserva», concluyó Palacio. Así, Revilla garantizó que, efectivamente, el futuro PROT incluirá zonas de exclusión eólica.

La consejera de Vivienda, Ana Belén Álvarez, aseguró que su departamento está «con las manos atadas» en el caso de los 140 pisos de protección oficial de Primero de Mayo, donde tras finalizar los diez años de alquiler social con opción a compra, los inquilinos tienen que pagar ahora el doble de lo que cuestan las propiedades para seguir allí. El diputado popular Roberto Media lamentó la «incapacidad» del Ejecutivo para solucionar este problema que afecta a personas vulnerables que no pueden hacer frente a esas cuantías, alrededor de 220.000 euros. Frente a esta situación, amparada por una norma nacional, Media recordó que el Ayuntamiento de Santander ha cambiado las condiciones del contrato en auxilio de las familias.

Álvarez lamentó la «demagogia popular», ya que en el segundo caso, el propietario es el Consistorio y no una empresa privada. «¿Plantean una expropiación?», preguntó la socialista, que insiste en que Vivienda sólo puede mediar para buscar un acuerdo entre las partes y que el polémico contrato lo autorizó el Gobierno del PP.

El PSOE se quedó sólo en su posición de mantener la prohibición de la caza en parques naturales como Picos de Europa, que entró en vigor el pasado diciembre. El resto de formaciones, incluida el PRC, apoyaron la propuesta de Vox de recuperar la actividad cinegética. Según Armando Blanco, además de ser un impulso a la economía de zonas en riesgo de desploblación, ayuda al control de las especies y a la sanidad animal. La diputada Marta García (Cs) señaló lo «absurdo» de esta prohibición, ya que continuará el control de especies, sólo que en vez de que la administración reciba ingresos de los cazadores, ahora tendrá que pagar para hacerlo con medios públicos.

Frente al PRC, que cree que ambas cosas son «compatibles», el socialista Javier García-Oliva recordó que no hay estudios que relacionen la caza con el control de las poblaciones y subrayó que mantenerla sería lo mismo que eliminar los parques nacionales, porque Europa les retiraría esta condición:«Ahora se permite en el 87% del territorio español. ¿No tienen suficiente espacio para pegar tiros?».

P y Vox reclamaron ayer al Gobierno de Cantabria y al nacional que ponga fin a la discriminación que, a su juicio, sufre la educación privada. La iniciativa que planteó Vox en la Cámara apuntaba que las medidas que se recogen en el Pacto Regional por la Educación que salió adelante la pasada legislatura sólo se están poniendo en marcha en los centros públicos. Por ejemplo, el diputado Armando Blanco, lamentó que el próximo calendario escolar no ha sido consensuado con las familias y los centros concertados, que allí tampoco se ha reforzado la red de orientadores ni reducido ratios y que los alumnos de van a este tipo de escuelas no pueden acceder a becas de transporte y comedor.

Desde el PP, el diputado Álvaro Aguirre lamentó la hostilidad del PSOE contra la enseñanza concertada, pero pidió a Vox que lo diferenciada del pacto educativo. Los dos socios del bipartito destacaron el buen ritmo en la consecución de los objetivos de este gran acuerdo que también defendió Cs, frente a propuestas vacías de Vox como la del pin parental.