«Las empresas del 'caso Obras Públicas' que se presenten a un concurso tienen que ser tratadas como cualquier otra»

Un proceso que Fomento comenzó el pasado mes de septiembre y que todavía no ha concluido. Además, en todos los concursos públicos pueden participar las empresas investigadas por el presunto pago de mordidas al funcionario a cambio de su labor en la manipulación de las adjudicaciones. Rucecan, API Movilidad, La Encina y la filial de esta última, Cannor, pueden seguir optando a estos contratos porque así lo ha determinado tanto la jueza que lleva el caso como la Audiencia Provincial, que desestimaron la petición del Gobierno regional de apartarlas momentáneamente como medida cautelar. «No podemos apartar desde el Gobierno la capacidad de licitar a ninguna de esas empresas. Cualquier empresa de estas que se presente a los concursos tiene que ser tratada como cualquier otra», ha insistido Media, después de que este periódico publicara que API es una de las seis empresas que optan al único de esos contratos que se paralizaron que ya está en su fase final y que esta compañía es la favorita para hacerse con los trabajos, al haber conseguido la máxima puntual.

Además de mantenerse personado en el juzgado como acusación particular y de la reactivación de estos contratos, la mayoría de ellos relacionados con labores de mantenimiento y seguridad en las vías regionales, también le corresponde al Gobierno de Cantabria seguir adelante con la auditoría encargada por la presidenta María José Sáenz de Buruaga nada más llegar a Peña Herbosa.

El consejero ha precisado que no se ha detectado ninguna «irregularidad significativa» desde el punto de vista de la legalidad administrativa. «Los expedientes se hacían bien a conciencia», ha subrayado Media. Es decir, que el funcionario que los investigadores sitúan en lo alto de la trama seguía al pie de la letra los procedimientos, aunque después se las apañaba para inflar los importes y manipular el concurso para que ganara quien le interesaba.

Pero que no haya irregularidades significativas no quiere decir que no se aprecie el rastro de la presunta corrupción, que sí que aparece en la otra vertiente de la auditoría, la que analiza el quebranto económico para las arcas públicas. Los interventores de la Consejería de Economía, que están analizando de forma exhaustiva los contratos de carreteras de los últimos cuatro años y de forma aleatoria los de los últimos 20 años aprecian que el perjuicio «tiene una cuantía significativa, si bien la determinación exacta de su importe requiere de un trabajo más exhaustivo». Esa cantidad exacta es la que se conocerá cuando la auditoría llegue a su fin.