¿ESTAMOS RODEADOS?

Cantabria lidera el paro por segundo mes consecutivo en España; y si la culpa de la subida del desempleo en 2017 fue, según nuestro Gobierno, que la Encuesta de Población Activa está mal hecha cuando no le favorece, la subida del paro registrado en 2018 obedece a que ha nevado mucho. Eso sí, cuando la estacionalidad traiga sus contratos temporales y precarios, la mejora del indicador no será porque ha hecho buen tiempo, sino porque el Gobierno es maravilloso. Que el Parlamento no reaccione ante estas burlas retóricas es signo de que la legislatura terminó hace ya mucho tiempo y está en lo que, con un símil baloncestístico, podrían llamarse ‘los meses de la basura’. La legislatura ‘emergente’ ha sido una de las más improductivas de la historia de Cantabria. El parto de los montes y cuatro años a la papelera. A los 42.000 parados, la mitad de ellos mayores de 44 años, presumo que no les hace mayormente gracia.

El debate sobre la actualización de pensiones y sueldos públicos es surrealista, no porque sus destinatarios no la merezcan, sino porque deja fuera de foco el problema auténtico: con 20.000 personas veteranas sin empleo, y con el tipo de salarios que el mercado cántabro ofrece a los trabajadores más jóvenes, ¿podrán pagarse siquiera las actuales pensiones, no digamos ya actualizarlas al IPC? ¿Qué pensión va a percibir una persona cántabra que apenas cotice de los 44 a los 67 años? ¿Qué cotización va a aportar a la Seguridad Social un empleado menos que mileurista, de ritmos laborales irregulares o jornadas parciales? Y añadamos, por último, que la base de jóvenes será cada vez más pequeña, y la cúspide de pensionistas cada vez más grande. ¿Vamos a organizar manifestaciones sindicales contra las matemáticas?

Nuestros vecinos vizcaínos llevan mucho tiempo dedicándose intensamente a la innovación, a la exportación, a lograr ‘privilegios’, sí, esa parte del embudo, para mantener niveles importantes de inversión privada y pública. Allí la inversión privada, o la colaboración público-privada, no son pecado como aquí. Quizá por eso el PIB per cápita vecino nos da sopas con honda a pesar de que somos las mismas rías, las mismas montañas, las mismas lluvias y, en muchísimos casos, si hemos de hacer caso a las guías telefónicas, hasta los mismos apellidos. Ellos también viven el invierno demográfico, pero procuran contrarrestarlo con una economía exportadora que atraiga gente nueva. Antes sufrían el hándicap del terrorismo, que expulsaba a los emprendedores propios y espantaba a los ajenos. Pero parece que han dejado atrás definitivamente esas patologías políticas. Aun Urkullu pudo operar ante el esperpéntico Puigdemont como un hombre de Estado plenamente ‘español’. Solo un 14% de los vascos quiere ahora la independencia, y casi un 40% aplaude la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Para Cantabria, pues, el dividendo de gozar de un vecino conflictivo se ha terminado. Quizá el regionalismo lo está reconociendo implícitamente al urgir un tren de altas prestaciones Santander-Bilbao, idea excelente que nadie puede rechazar, pero cuya materialización técnica y presupuestaria, si hemos de juzgar por los tiempos de otros proyectos semejantes, puede requerir entre diez y quince años, suponiendo que no haya judicializaciones de aspectos ambientales como ocurrió en el tramo Unquera-Llanes de la A-8. Ello no es óbice para que se inicien trámites, pero sí parecerá imprudente que nuestra política de desarrollo se centre en esperar sentados una década.

Mientras tanto, nuestro pésimo registro económico (llevamos tres lamentables años por detrás de la media española) y de empleo no es malo solo para los parados, sino también para las pensiones y para los propios servicios públicos de la autonomía, que se financian con la actividad de la región. Pero las 180.000 personas que tienen en el erario su fuente directa de ingresos parecen sólo inquietas por su propio poder adquisitivo, no por la situación del mercado donde ese poder adquisitivo se genera con el trabajo del sector privado. En el caso de las pensiones o de los funcionarios de la administración central, puede aceptarse una razonable expectativa de compensación por la cohesión nacional. Sin embargo, en el caso de los servicios autonómicos es sencillamente quitar dinero de la inversión para ponerlo en sueldos, olvidando la lección de Keynes: si aumentamos los ingresos de los que casi no tienen, posiblemente gastarán toda esa renta nueva, por lo que moverán la economía; si se los aumentamos a quien ya tiene para vivir con cierta calidad, puede que lo ahorre como reserva de liquidez y entonces nada se moverá. Es un sinsentido macroeconómico subir un 2% a sueldos holgados en vez de crear empleo para gente cuyo sueldo es cero euros. Como obligar a 42.000 parados a presenciar los fabulosos superávits de sus ayuntamientos. Ojalá alcaldes y concejales hubieran dejado ese dinero en el bolsillo de la gente: habríamos tenido más consumo y empleo.

A veces pienso que aquella expresión jocosa de un colega de juventud, ‘¡Estamos rodeados!’, ha dejado de ser humorística. Para lo único que han servido las nuevas vacaciones escolares socialistas es para que nuestros funcionarios docentes gasten más parte de su renta en otras comunidades o en el extranjero, precisamente en las épocas peores para nuestra hostelería y comercio. Disculparán nuestras autoridades que no las felicitemos por esta generosa donación de PIB y empleos cántabros a otros territorios. ¿Estamos rodeados? Sin duda y puede que sin remedio.