«Sabíamos que el virus iba a volver a llegar a las residencias, pero no tan pronto»

-El 19 de marzo, el primer caso en una residencia y el 23, el primer fallecido. ¿Estamos mejor, peor o parecido?

-Ahora, en datos globales, igual que el 21 o el 22. Sin fallecidos en las residencias, pero con contagios. En cuanto a nuestra situación como sector, mucho mejor. Ahora parece que en cada caso está más controlado. Cuando empezamos entonces fue una cadena. De un positivo en la residencia en la que yo estuve pasamos en tres o cuatro días a siete u ocho y en una semana, a catorce. Ahora tenemos material para proteger a trabajadores y usuarios, sabemos cómo reaccionar y eso permite evitar contagios masivos.

-Concrete qué ha cambiado.

-Lo primero es que nosotros no teníamos nada de material. Alrededor del día trece, la Federación se puso a coser mascarillas. Buscamos tela y nos pusimos a ello. Llegamos a fabricar 150.000 y 25.000 batas para repartir. Ahora todos los centros tienen mascarillas quirúrgicas y FPP2, batas, calzas... Aquellas que hicimos posiblemente no cubrían bien pero era lo que había. Ahora hay material, más allá de que no nos hemos quitado la quirúrgica desde entonces. En marzo tardamos en cerrar unos días. Ya estaba el virus cuando cerramos. Ahora, cuando una residencia tiene un posible brote, prácticamente se cierra, se hacen los PCR (que tardan 24-48 horas)... De aquella no se hacían PCR, sólo con síntomas claros. Aquí en San Cipriano la semana pasada nos llamó un trabajador que está de vacaciones y que dio positivo. Automáticamente, se llamó a Salud Pública. Vinieron y todos negativo. El hacer test masivos a usuarios y trabajadores está demostrado que ayuda mucho. Si se pudieran hacer a toda la población, que desconozco si es viable, nos daría un número de positivos que se confinarían. Hacer test permite aislar a los positivos.

-En esos días hubo un fuerte conflicto entre las residencias y Sanidad. Llegaron a decir que el Gobierno mentía. ¿En eso estamos mejor, peor o parecido?

-Estamos trabajando. Lo que ha dejado claro esta pandemia es que la coordinación sociosanitaria no existía o era prácticamente nula. Nos hemos dado cuenta y estamos en ello. Hay una comisión de trabajo de Sanidad, Servicios Sociales y centros para un plan de contingencia en los centros que se está terminando. Y se han abordado cosas de la coordinación sociosanitaria. Pero está claro que es deficiente o nula y que habrá, a lo mejor, hasta que modificar un poco el modelo de centros.

-Resumiendo, en cuanto a preparación, mejor. En cuanto a coordinación, sólo un poco mejor.

-Sólo un pelín mejor. Hablamos con técnicos, ellos entiendo que lo tienen que transmitir a sus superiores y, en la siguiente reunión, nos dicen lo que hay. Se ha avanzado en el plan de contingencia (qué medidas adoptar y cómo hacerlo, aunque queda avanzar en el caso de los positivos de los trabajadores), pero en la coordinación sociosanitaria no hemos avanzado mucho. El consejero ha dicho en varios medios que ha montado un grupo de doce o quince personas que está elaborando un tema de prestación de servicios. Cuando lo tengan más avanzado, nos llamarán.

-Descríbame, más allá de cifras, la fotografía de la situación.

-Teníamos claro que el virus iba a volver a llegar más pronto o más tarde. Sobre todo, cuando viniera octubre y noviembre, en época de gripe. Que iba a llegar y nos iba a dar muchas complicaciones. Lo que no pensábamos es que iba a ser a principios de agosto. Nos ha sorprendido que fuera tan rápido y con gente aún sin descansar.

-En ese contexto, ¿qué ve si mira a las próximas semanas?

-Estoy convencido de que vamos a ir a peor. Cerrar y confinar para la economía sería muy duro. Debemos insistir en las medidas. Y si no se hacen test masivos volveremos a estar como abril o en mayo. Sí que parece que el virus tiene menos fuerza, pero de eso no puedo opinar, no soy médico.

-¿Se sienten amparados por la Administración?

-En lo que se refiere a Políticas Sociales hemos estado amparados desde el primer día. La consejera, Ana Belén Álvarez, nos ha apoyado y ha hecho infinidad de llamadas. Todo el Icass y todos los técnicos han estado preocupados por nosotros. No ha sido así con Sanidad. Entendemos que tenían sus problemas y que podían estar desbordados (Sierrallana y Laredo se desbordaron), nos gustaría tener una mejor relación y haber avanzado más en la coordinación en los servicios que nos tienen que dar. Pero bueno, el protocolo nos facilita una serie de teléfonos y medidas que creemos que vamos a poder agilizar. Además, hemos conocido a gente que estaba al otro lado del teléfono y eso creo que hará todo más fácil.

-¿A día de hoy qué piden?

-Seguimos demandando poder restringir las visitas y cerrar los centros. Sabemos que hacemos una demanda que no se puede hacer salvo con una orden judicial o un estado de alarma. Según la norma, cuando alguien tiene un positivo, tiene que comunicarlo a Sanidad y ellos hacen las gestiones para que el juez autorice el cierre. Lo que pedimos es que, preventivamente, podamos cerrar y avisar luego a Sanidad. Y que el juez diga después si tenemos que volver a abrir o continuar cerrados. Si tú dejas un centro abierto con un positivo, si es una persona autónoma, podría salir y contagiar a más gente. Somos conscientes de que el consejero no tiene autoridad, pero entendemos que sí se puede tomar esa medida preventiva. Cuando a los centros nos envían a una persona que encuentran en la calle con una patología mental, no la envían con orden judicial. Primero la envían y luego piden la orden. Pues lo mismo. Podemos controlar lo que pasa dentro, pero no lo de fuera.

-Al hablar de residencias tendemos a pensar sólo en mayores. Pero abarcan a más personas. Incluso muy jóvenes.

-Allí es más duro. Y lo puedo decir porque estuve cerca de cuarenta días en Las Caldas. Nos quedamos casi sin gente y me fui allí. Al poco se nos murió un chico. Estaba con él en la habitación sin poder hacer nada y con una enorme impotencia. Y sí que tienen muchas patologías, hasta más que gente más mayor. Pero se muere un chico joven y es muy duro. Y encima son chicos que llevan diez o doce años allí. Hasta treinta. Hay una sensación de familia. Algunos decían que por qué estaban castigados. Dos o tres se escaparon. Pero lo llevaron bien, aunque a veces tuvieras que explicarlo tres veces al día. Lo duro para ellos fue ver morir a un compañero.

-¿Cuando esto pase, la función de las residencias va a cambiar? ¿Pueden quedar tocadas?

-No creo. Lo tocado fue hecho a conciencia por determinadas personas, por desviar la atención. Es lícito ganar dinero con la atención a las personas como es lícito hacerlo cuando se opera a una persona o se le da clase a alguien. No creo que se nos pueda echar la culpa de lo que ha pasado. Las familias saben lo que hemos hecho. Dependíamos del ministro de Servicios Sociales, que tendrá que definir bien qué quiere. Pero no hay capacidad económica en España para hacer públicas las residencias. Tendrían que pagar un justiprecio, los trabajadores pasarían a ser funcionarios (con su salario y condiciones)... Una residencia pública concertada (privada) en Cantabria cuesta unos 55 euros diarios a la Administración. Una pública gestionada públicamente ronda los 175-200. Y pongo el caso de una pública, el CAD de Sierrallana. Salió en prensa que tiene 70 residentes y 130 trabajadores. En Cadmasa tengo 90 residentes y 50 trabajadores, lo que marca la normativa. Otra cosa es ver si el precio o la ratio de personal es suficiente, o si cierto tipo de residencias deben medicalizarse. Todas no. Lo que marca la Ley de Dependencia es que el usuario debe estar como en casa, no en un hospital. Más allá de la falta de personal sanitario.