Los abogados sientan al juez Acayro Sánchez en el banquillo de los acusados por prevaricación

En un auto emitido el 15 de junio, al que ha tenido acceso El Diario Montañés y que es firme, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, María Rivas, acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado e informa de ello al Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente deberá decidir si suspende de sus funciones a Acayro Sánchez (se encuentra de baja laboral desde hace meses), como ya acordó en 2015, en el primer caso en el que el togado se vio inmerso, concretamente una semana después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJC le condenara a un año y medio de cárcel y tres de inhabilitación por un delito de revelación de secretos (resolución que recurrió en casación y que tumbó a la postre el Tribunal Supremo).El magistrado que impulsó entre 2007 y 2015 una investigación en el Ayuntamiento de Castro que se ha saldado, por el momento, con 42 condenados, será enjuiciado por un presunto delito continuado de prevaricación judicial a raíz de la querella que presentó hace un año el Colegio de la Abogacía por «dictar resoluciones judiciales apartándose del objeto del procedimiento con otra finalidad en perjuicio del abogado José María Real (también querellante)».

Dicha querella se sustentaba en dos asuntos. Por un lado, el Colegio de la Abogacía sostiene que Acayro Sánchez dictó resoluciones con la finalidad de investigar la relación contractual que une a Real con el Ayuntamiento de Castañeda, las retribuciones, facturación, y forma de pago de los servicios prestados como abogado al Consistorio, informando sobre ello a la Agencia Tributaria. Por otro lado, denuncian que el juez dedujese testimonio a la Fiscalía (lo propuso una de las partes) contra Real por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental (que después se descartó).

Ahora en el auto en el que se acuerda la apertura de juicio oral, la instructora señala que la Sala de lo Penal, que será la encargada de juzgar al togado, desestimó el pasado 19 de mayo el recurso de apelación que interpuso Acayro Sánchez contra el auto que acordó transformar la causa en procedimiento abreviado, «confirmando íntegramente el mismo» e imponiendo las costas al magistrado. Posteriormente, el 13 de junio se dictó una nueva resolución en la que se desestimó la petición del encausado de rectificación del auto que rechazó su recurso de apelación. Un auto en el que la Sala concluye que Acayro se «excedió de sus facultades» y su actuación pasó a ser «arbitraria». «Con el dictado de las resoluciones, acordando diligencias finales inmotivadas, ajenas al objeto del procedimiento, y que no eran pertinentes para resolver la cuestión litigiosa suscitada, como se razona en el auto recurrido –dice la Sala– el juez Sánchez instrumentalizó las potestades jurisdiccionales de la que era titular, realizando una investigación prospectiva dirigida al letrado Real, injustificada, y al margen del proceso, que culmina con contumacia, deduciendo testimonio a la Agencia Tributaria por irregularidades en sus facturas con trascendencia tributaria».

Tanto el Ministerio Fiscal como el Colegio de la Abogacía de Cantabria han solicitado para el magistrado una pena de 15 años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de la función jurisdiccional, una multa de 12.000 euros y una indemnización de 5.000 euros a abonar al abogado querellante por el daño moral y perjuicio causado.