Sale a información pública el decreto que regula la exhumación de víctimas de la Guerra Civil

La Consejería de Cultura ha sacado a información pública el proyecto de decreto que regula las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en Cantabria. Un paso más de la polémica que rodea este asunto desde hace cuatro años, cuando PRC y PSOE aprobaron en el Parlamento autonómico la Ley de Memoria Histórica y Democrática, derogada el año pasado por el PP y Vox. Cuando eso sucedió, la presidenta del Gobierno cántabro, María José Sáenz de Buruaga, se comprometió a garantizar el derecho a la exhumación de los desaparecidos. Y eso es lo que pretende hacer el Ejecutivo con este decreto que ahora sale a consulta pública.

El texto completo del proyecto de decreto puede ser consultado en la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico (calle Ruiz Alda, 19, de Santander); en la página www.participacion.cantabria.es; en la web del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es), y en el portal de transparencia (www. transparencia.cantabria.es). Cualquier interesado puede formular sus alegaciones o aportaciones al texto en un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria. Es decir, desde hoy.

Tras la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, el PP aseguró que no se pondrían trabas a la apertura de fosas comunes ni a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para que las familias puedan recuperar sus restos. Según declaró en su momento el senador Íñigo Fernández, «la proposición introduce en su articulado la cobertura legal suficiente para garantizar las exhumaciones». Además, estos procedimientos, dijo, estarán amparados por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria que regula el patrimonio arqueológico y paleontológico. Así, las exhumaciones seguirán teniendo cobertura legal a través del decreto que ahora sale a información pública.

Según el PP, también hay una salvaguarda para que no corra peligro la custodia del material documental referido a la represión por motivación política durante la II República, la Guerra Civil y la dictadura. La ley tenía un apartado sobre este particular, pero el PP subraya que este aspecto no está en riesgo con la derogación en aplicación de la Ley de Archivos de Cantabria.

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