Sale de prisión el funcionario Miguel Ángel Diez, el principal encausado en el 'caso Obras Públicas'

La puesta en libertad de Miguel Ángel Diez da un vuelco a todo el proceso judicial. Hay que recordar que la jueza se había opuesto, a finales del mes de mayo, a la anterior (y segunda) petición de libertad de la defensa bajo la argumentación de que «el importante riesgo de fuga existe». En un auto emitido el pasado 25 de mayo, la instructora señalaba que el Ministerio Fiscal, la letrada del Gobierno de Cantabria (acusación particular) y la acusación popular (la Asociación de Constructores de Cantabria y Vox) habían informado desfavorablemente respecto a la petición de libertad de la defensa. Todos ellos coincidieron en que las circunstancias que motivaron el ingreso en prisión de Miguel Ángel Diez en febrero de este año seguían en vigor. Y la instructora se mostró entonces de acuerdo. «Como ya puso de manifiesto la Audiencia Provincial –dijo la jueza en el auto–, existe un importe peligro de fuga y de que el investigado Miguel Ángel Diez pueda sustraerse de la acción de la justicia, una vez traspasadas las fronteras nacionales, al haber demostrado la actitud para ser titular de cuentas bancarias en un país extranjero, riesgo que aparece incrementado por las importante cantidades económicas que eran manejadas por su entorno familiar y la gravedad de las penas que se le pudieran imponer por los delitos investigados».

Por su parte, la defensa había alegado, entonces, que no había riesgo de fuga, entre otros motivos, porque Diez tiene sus cuentas intervenidas. Además, apuntaba que con la pensión que le pasan de 3.500 euros al mes a su familia –llegaron a pedir 5.000, pero la jueza lo rechazó– «queda demostrado que su situación económica es difícil». Además, la defensa sostenía que no hay riesgo de destrucción de pruebas ya que tras los tres meses que su cliente llevaba entonces en la cárcel «ha dado tiempo suficiente para asegurar las pruebas aportadas». «Y tampoco riesgo de reiteración delictiva».

El conocido como 'caso Obras Públicas' estalló a raíz de la investigación de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, iniciada a principios de 2022, con la detención de 8 personas por supuestas adjudicaciones irregulares en el servicio de carreteras de Cantabria, una trama que se cifró en varios millones de euros.

La investigación señala al funcionario como responsable de emitir los informes técnicos que, presuntamente, habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la región: La Encina, Rucecan, Cannor y Api Movilidad.