Sánchez busca en La Magdalena un difícil acuerdo en los cuatro grandes retos del país

Esta vez, Sánchez no ha logrado ni siquiera fijar el orden del día de la Conferencia. La intención del Gobierno central era hacer un monográfico sobre el problema de acceso a la vivienda, pero las comunidades del PP han presionado hasta lograr introducir otros asuntos en la agenda: la financiación autonómica -con la marejada del sistema singular para Cataluña-, la crisis migratoria y la falta de profesionales sanitarios en los servicios públicos. Asuntos estos últimos que el socialista prefería tratar en otros órganos, quizás a sabiendas de que los acuerdos son aún más complejos. Finalmente, Moncloa aceptó y ahora se propone salir del Palacio de La Magdalena, donde se celebrará el encuentro durante toda la jornada, con un acuerdo transversal de mínimos en todos ellos.

¿Cómo llega Cantabria y Buruaga a esta cita en la que serán anfitriones? Pues en un momento algo menos tenso en las relaciones con el Estado después de desbloquear el proyecto de la estación intermodal de La Pasiega, pero también con posiciones muy lejanas con Sánchez en los temas que se tratarán en la Conferencia de Presidentes, en la línea del resto de territorios gobernados por el Partido Popular. A todo esto, aunque se sabe cuáles son los cuatro asuntos a debate, el Ejecutivo central no ha detallado qué propuestas concretas llevará -si es que las lleva- en cada una de las carpetas.

La posición de Cantabria es clara: el consejero Roberto Media considera que la aprobación de la Ley nacional de Vivienda ha sido contraproducente y que ha reducido la oferta de pisos en alquiler por el miedo de los propietarios a amenazas como la de la okupación. Una norma que incluye medidas como topar el precio de los alquileres, que se ha puesto en marcha en territorios como Cataluña y, según los datos de la Generalitat, sí está contribuyendo a reducir los precios medios. La región opta por derogar la ley estatal y considera que la única vía para solucionar el problema es acelerar la construcción de viviendas públicas para aumentar la oferta y que, así, el mercado se autorregule. En este sentido, desde el Gobierno de Buruaga opinan que el Ministerio no hace lo suficiente. Por su parte, el Estado considera que este camino es complementario al anterior y acaba de anunciar la creación de una empresa pública para llevar a cabo nuevas promociones.

La urgencia es solucionar el problema de saturación de los centros de menores extranjeros no acompañados que existe en Canarias. En verano hubo un pequeño acuerdo para 'repartir' por todo el país la ínfima cantidad de 260 menores -Cantabria aceptó 29, que aún no han llegado-, pero es del todo insuficiente. Lo que dicen las comunidades del PP es que no se oponen a la modificación de la Ley de Extranjería que reclama Sánchez para que este reparto sea automático, pero ponen condiciones añadidas para luchar contra la inmigración ilegal. Además, exigen que el Estado dé dinero a las autonomías para asumir estos gastos. Que, como también defiende Cantabria, solo serán solidarias con Canarias a cambio de dinero.

Lo paradójico es que, justamente los territorios más afectados -Ceuta y Melilla, además de Canarias-, todos ellos gobernados o cogobernados por el PP, tenían un preacuerdo con el Gobierno de Sánchez que los populares han tumbado. En los últimos días se han celebrado distintas reuniones entre PP y PSOE y estas comunidades autónomas para llegar a la Conferencia de Presidentes de Santander con un documento cerrado al que se sumaran el resto de barones regionales, pero no ha sido posible.

Con el PP gobernando en la mayoría de comunidades autónomas, los populares serán mayoría en la Conferencia de Presidentes. En cuanto a los cambios en el modelo de financiación autonómica, todos tienen en común -también algunos del PSOE- su rechazo a la promesa de Sánchez a Illa de una financiación singular para Cataluña. Los problemas vienen cuando hay que decidir cuáles tienen que ser los nuevos criterios de reparto de los recursos, porque los intereses de Cantabria, Galicia y Castilla y León, por ejemplo, chocan con los de Murcia, Andalucía, Baleares y Valencia. Todos sus presidentes son del PP, pero los primeros quieren que se mantenga un modelo como el actual en el que primer el coste efectivo de los servicios y se tenga en cuenta factores como el envejecimiento y la dispersión de la población y, los segundos, que tenga un mayor peso el número de habitantes. Cada uno tira de la cuerda hacia el lado que más le favorece.

Probablemente, el Gobierno central intentará sacar a relucir esas diferencias entre compañeros. Lo que le corresponde al Estado es hacer una nueva propuesta de modelo de financiación -hace dos años ya hizo una que descartó en la que Cantabria salía muy perjudicada- y convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que tradicionalmente se debaten estos asuntos. En esta ocasión, el PP lo ha querido llevar a la Conferencia de Presidentes para manifestar otra vez su rechazo a la financiación singular para Cataluña, que Sánchez también tiene que concretar.

La situación del sistema sanitario público está siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza del Gobierno de Buruaga. Y el principal problema es la imposibilidad de cubrir todos los puestos vacantes por la falta de profesionales médicos. Lo que ocurre en Cantabria se repite en el resto de comunidades autónomas, que apuntan como principal culpable al Ministerio de Sanidad. Le acusan de no acoplar las plazas de estudiantes de Medicina a la demanda real en un momento en el que se aproxima un aluvión de jubilaciones.

Entre los presidentes autonómicos que han tomado la delantera en este asunto está el aragonés Jorge Azcón, que reclama un pacto de estado por la sanidad. Además de aumentar el número de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR), entre las propuestas sobre la mesa se encuentra la de aumentar de manera voluntaria la edad de jubilación de los profesionales o planes de choque contra las listas de espera como el que ha puesto en marcha el consejero César Pascual en Cantabria, aún con resultados inciertos.