La otra cara de la moneda es que al Gobierno regional ya no le quedarán excusas ni podrá culpar a un agente externo si no cumple con las exigencias económicas del Estado, algo que, por otra parte, la consejera descarta. «A efectos de déficit nos deja en una mejor posición para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria», confirmaba ayer Sánchez, quien también señalaba que con esta cuantía se cumplen las previsiones de ingresos que había realizado en el Presupuesto de 2019 Juan José Sota, su predecesor y antiguo jefe en la Consejería de Economía.
En todo el país, el dinero de las entregas a cuenta suma alrededor de 4.500 millones de euros, un dinero que en un primer momento el Gobierno central dijo que no podría liberar al estar en funciones y sin Presupuesto en vigor. Sin embargo, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha confirmado que ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado para aprobar el abono en los próximos días. La idea del Ejecutivo es elaborar un decreto ley sobre financiación autonómica que desligue para siempre las entregas a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que sentará un «precedente» muy favorable. De esta forma, «no habrá excusa» para que las autonomías dejen de aprobar sus propios presupuestos, ya que no afectará el hecho de que el Gobierno central esté o no en funciones.
La consejera asegura que «nunca» dudó de que Hacienda liberaría esa cuantía
Para el PP es «inaceptable»
La polémica política ha surgido porque el Gobierno de Pedro Sánchez había afirmado antes de la convocatoria electoral que no podía entregar a las comunidades esta cantidad vital para su funcionamiento si seguía en funciones, por lo que muchos ven ahora en el cambio de estrategia una medida electoralista ante la proximidad del 10-N. Ese fue el argumento que esgrimió este jueves desde Santoña el líder nacional del PP, de visita en Cantabria, quien considera el movimiento un «arma electoral» del PSOE «con el dinero de los contribuyentes».
Casado calificó de «inaceptable» el informe favorable por parte de la Abogacía del Estado que sirvió para dar luz verde a la transferencia monetaria hacia las comunidades autónomas. Para el presidente de los populares «se trata de un uso partidista» de este órgano por parte de Sánchez, que, en su opinión, «lleva reteniendo durante un año el pago y lo saca ahora».
María Sánchez, que ayer aseguró que «nunca» dudó de que Hacienda liberaría finalmente esta cuantía, volvió a insistir en que el Gobierno de Cantabria no ha realizado ningún tipo de recorte, como denuncian desde la oposición. «Lo que se ha hecho es una mejor gestión económica del presupuesto» al recuperar como créditos disponibles aquellos expedientes presupuestarios que no han llegado a ejecutarse.
Los comicios pueden retrasar la llegada de las cuentas a la Cámara
El vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, dio por descontado este jueves que los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2020 entrarán en vigor con total normalidad el próximo 1 de enero, pero es posible que el Ejecutivo no pueda cumplir con su intención de llevar el proyecto al Parlamento este mismo mes, como había anunciado la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez. El motivo es el cierre de la Cámara durante una semana con motivo de la campaña electoral. Los servicios jurídicos del Gobierno están analizando si se puede registrar antes o después de la campaña electoral ese proyecto de Ley, aunque Zuloaga aseguró que «lo más probable es que sea después por coincidencia de fechas y por la suspensión de la actividad parlamentaria».
Sobre este asuntó se pronunció ayer el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que cree que el Ejecutivo «no presentará los Presupuestos hasta después del 10-N para que no veamos que sus promesas son una burda mentira». En opinión de su líder regional, Félix Álvarez, detrás de este anuncio se esconde que las cuentas para el año que viene «no van a reflejar el dinero, las ayudas, las inversiones y las promesas que están haciendo en estos días preelectorales».
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