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«Si no es capaz de prestar el servicio por su situación, habrá que tomar otro tipo de determinaciones». Así ha respondido el consejero de Salud, César Pascual, al conflicto abierto en el transporte sanitario programado en Cantabria, después de que la nueva adjudicataria, Diavida, ... tenga pendiente aún el pago de la nómina de octubre a sus 136 trabajadores. A preguntas de la prensa, Pascual ha reconocido «la delicada situación» que atraviesa la compañía valenciana, que se ha visto «terriblemente afectada por la DANA».
Como publicó la semana pasada este periódico, Diavida perdió en las inundaciones 21 ambulancias (la mitad de la flota con la que operaba en la provincia de Valencia), al llegar la riada a su base en el polígono Alqueria de Moret, a cien metros del barranco del Poyo, en Picanya. Además, la ola de barro afectó a la maquinaria del taller, a las oficinas y a todo el almacenamiento de material en la nave, circunstancia a la que el propio gerente de la empresa, Antonio Moreno, achacó el retraso en la tramitación de las nóminas de su personal.
Sabedor de esa problemática, el consejero ha asegurado que se «está supervisando» el servicio de las ambulancias no urgentes, a la espera de conocer «qué alternativas se van a plantear para salir de esa compleja situación, pero de momento es muy pronto para anticipar ningún tipo de solución por nuestra parte», ha señalado, a la espera de las negociaciones en el Orecla, donde ha interpuesto su denuncia el sindicato UGT, y de ver cómo responde la empresa en los próximos días. El consejero ha señalado también que, si bien había mejorado el número de incidencias, respecto a las semanas de arranque del transporte programado de las ambulancias (cogió el relevo de Ambuibérica el 1 de octubre), «se están incrementando de nuevo, aunque sin que sea un caos», ha precisado. No obstante, «el Gobierno no va a permitir que eso se consolide». De hecho, cuando Diavida apenas llevaba dos semanas de actividad en la región, el SCS ya le abrió un expediente sancionador, que sigue su curso, cuyas penalizaciones pueden llegar a superar los 100.000 euros. La preocupación y las dudas que había en la plantilla sobre la capacidad de la empresa valenciana para sacar adelante un servicio con menos presupuesto del licitado se han agravado al transcurrir la primera semana de noviembre sin recibir el ingreso de sus nóminas. En consecuencia, el viernes se decidió en asamblea convocar una huelga.
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