Sanidad asegura que «nunca ha habido negación de asistencia» a mayores como insinúan las residencias

«Nunca ha habido ninguna negación de asistencia«. «Siempre se actúa con criterio clínico, antes y ahora». La gerente del Servicio Cántabro de Salud, Celia Gómez, respondió este miércoles a las críticas lanzadas desde las asociaciones empresariales de la dependencia, agrupadas en FED y Lares, que cuestionaban el trato sanitario recibido por los usuarios de las residencias afectados por la epidemia de coronavirus. Una contestación que desde que se hicieran públicas esas acusaciones no ha dado ni el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ni la directora de Salud Pública, Paloma Navas, hacia quienes iban dirigidos los interrogantes de los responsables de los centros residenciales. ¿Cuántas personas contagiadas procedentes de residencias han ingresado en la UCI? ¿A cuántos se les ha provisto de respiradores? ¿Cuántos, después de haber sido derivados a la red sanitaria, han vuelto a sus centros a fallecer? Esas preguntas siguen sin respuesta, aunque la insinuación es clara.

Gómez no esquivó el tema, en la conversación mantenida con este periódico, aunque se limitó a asegurar que «en Cantabria ha habido suficientes respiradores y camas de UCI para atender a todos los pacientes que cumplían los criterios de ingreso, que son siempre criterios clínicos (por decisión médica), exactamente igual que antes. No ha habido ningún problema». Una visión sobre la que discrepan los empresarios que gestionan las residencias de mayores, que ya han tenido 97 fallecidos por Covid-19 desde el inicio de la epidemia, que no entienden por qué la Consejería sigue considerando «innecesario» un apoyo sanitario directo (presencial) en los centros más afectados, pese a la altísima tasa de mortalidad que se produce en la población que vive en ellos. Sostienen que han pedido ayuda, aportando ideas para aliviar la tragedia, sin obtener soluciones.

Es más, criticaron que Sanidad «ha obrado de forma contraproducente», con «el descenso en la frecuencia de las visitas de médicos y enfermeros a prestar servicio a los usuarios de las residencias» y dotándoles de test rápidos de detección del coronavirus «poco fiables» y, por tanto, «nada útiles». A este respecto, la gerente responde que «los cambios en la atención sanitaria han sido los mismos que para el resto de la población, con más atención telefónica y menos in situ, manteniendo la prestación, pero con una forma de trabajo en la que buscamos también proteger a los profesionales». Pero no sólo han llovido las críticas desde el sector de la dependencia, esta semana también el Sindicato Médico y el de Anestesiólogos han puesto de manifiesto «la falta de material de protección», asegurando que ha habido «compañeros que han tenido que confeccionarse batas con bolsas de basura, poner dinero de su bolsillo para comprar acetato para hacer pantallas protectoras y coser mascarillas de tela en sus casas».

La gerente del SCS admite que «al principio tuvimos dificultades, porque llegó todo de repente y los pedidos tardaban en llegar, pero hemos buscando soluciones permanentemente». No obstante, asegura que no le consta que se hayan dado las situaciones que describen ambos sindicatos. «No es verdad que los profesionales hayan tenido que utilizar ni bolsas de basura ni mascarillas caseras, salvo por su voluntad para añadir más protección; en todo momento se han seguido las indicaciones del protocolo y de medicina preventiva», subraya. «En todos los centros ha habido material siempre disponible».

El Sindicato Médico insiste en que «los protocolos se iban adaptando al material existente», reciclándose incluso batas que son de un solo uso, porque no hay más. Gómez reconoce que ahora mismo hay escasez de batas y que están a la espera de que lleguen varios pedidos, y no niega que Cantabria recibió 21.000 mascarillas quirúrgicas, repartidas por el Ministerio, que resultaron defectuosas y tuvieron que ser retiradas. «Se habían distribuido unas 10.000, básicamente entre los centros de salud, y en el momento en que se recibió la alerta se dio la indicación de paralizarlas», explica. «Era una mercancía procedente de una donación, que el Ministerio repartió por todas las comunidades. El problema es que tenían una protección inferior a la que decía en la ficha técnica, lo cual no quiere decir que no tuvieran cierta protección», pero en cualquier caso -añade- se habían destinado «a tareas en las que en principio hay poco contacto, en los que es difícil que haya un contagio. No se habían usado en UCI, ni en quirófano ni en procedimientos de aerosoles, donde la exposición es mucho mayor». De ahí que considere «difícil determinar» si hay algún profesional afectado por el Covid-19 derivado del uso de estas mascarillas.

Para conocer el nivel de afectación de la plantilla, ya se están realizando test tanto en Atención Primaria como en los hospitales, «donde iremos extendiendo las pruebas de forma progresiva a todos los servicios». Precisamente, ese control masivo a los profesionales es una de las reivindicaciones que trasladaron, en un comunicado conjunto, el Colegio de Médicos y el de Enfermería de Cantabria. Sus respectivos presidentes, Javier Hernández de Sande y Rocío Cardeñoso, exigen tanto al Gobierno central como al autonómico «que supervisen el material de protección para que no haya ni un error más». Subrayan que, aunque en la región «aún no ha habido ningún caso de muerte entre el personal sanitario» por Covid-19, no están dispuestos a que lo haya «por no haber contado ni con la protección adecuada ni con la información de si tiene o no la infección por la falta de pruebas diagnósticas». En este sentido, Celia Gómez garantiza que, a raíz de la alerta de las mascarillas, «hemos extremado la validación de los productos que nos llegan. Estamos analizando todo de forma más exhaustiva. Si en circunstancias normales, la ficha técnica se corresponde con lo que se recibe, porque trabajamos con proveedores habituales; ahora ya hemos visto que puede no ser así. Nos interesa que los profesionales tengan el material necesario. Todo el mundo reconoció las dificultades iniciales, pero hemos ido buscando soluciones. Ahora tenemos pedidos realizados para garantizar esa protección en unos meses».

Los dos colegios profesionales, que consideran «inadmisible» las cifras de contagio en los colectivos sanitarios (más de 30.600 casos en España, el peor parado en el ranking de países europeos), solicitan a la Consejería de Sanidad «una actuación inmediata» para que «se pongan todos los medios necesarios para el buen desarrollo del trabajo de los profesionales de la salud». Y se suman a las solicitudes de sus Consejos Generales. En concreto, el de Médicos ha anunciado que se personará como acusación particular en aquellos casos de contagio derivados del uso de mascarillas defectuosas y exige que las secuelas de la infección por SARS-CoV-2 se reconozcan como accidente de trabajo. Por su parte, el de Enfermería califica de «caótica y absolutamente descoordinada» la gestión de la crisis que lleva a cabo el Gobierno. De otro lado, el sindicato ATI ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la falta de protección de los celadores de Valdecilla, «los grandes olvidados», a quienes «se les expone a riesgos innecesarios y ciertamente letales» por disponer de «un material totalmente insuficiente».

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