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Nadie contaba ya con que se desvelase esta legislatura el futuro de la vieja Residencia Cantabria, cerrada a cal y canto hace más de dos años. «Es imposible hacer la devolución al Estado en el plazo previsto, no da tiempo», dijo el pasado abril Julián ... Pérez Gil. Fue la última vez que se refirió a este tema, porque al mes siguiente presentaba su dimisión como gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS) tras ver cuestionada su gestión por la denuncia de presuntas irregularidades en la contratación. Las dudas sobre qué será del edificio que alojó la maternidad de Cantabria durante casi medio siglo se prolongan, ahora sí, 'sine die'. Porque por el camino ha habido un cambio de planes.
Hasta hace seis meses, la idea era desalojar el edificio anexo, el de la Gerencia del SCS, para devolver el conjunto a la Tesorería de la Seguridad Social, que tiene la propiedad -cabe recordar que fue una cesión del Estado al Gobierno de Cantabria-. Con esa intención, Pérez Gil descartó la obra de separación de las instalaciones que comparten ambos edificios (luz, agua, calefacción...), ya que hacerlo implicaba un desembolso de «700.000 euros», según cifró en distintas ocasiones. Entendía que era tirar el dinero en un edificio que tenía los días contados.
Por eso, se buscó un nuevo emplazamiento para reubicar la sede del Servicio Cántabro de Salud. Se barajó la posibilidad de un emplazamiento de alquiler, acorde a las necesidades de espacio y a un precio razonable, pero no se encontró. De ahí que ganara la opción del traslado al bloque próximo del Idival (Instituto de Investigación), de tal forma que éste pasara a alojarse en Valdecilla. Pero esa mudanza conllevaba también una inversión de «cerca de un millón de euros» para acondicionar el nuevo destino, según avanzó el todavía gerente la pasada primavera. Así que había que esperar al Presupuesto de 2019, porque el de este año no contemplaba ninguna partida para este fin.
Dentro de esas previsiones inmobiliarias se enmarcó la salida de la Gerencia de Atención Primaria, que compartía sede con el SCS. Sus oficinas fueron recolocadas antes del verano en las plantas recién reformadas del centro de salud de la calle Vargas, trabajos que fueron acometidos por la empresa SIEC (se adjudicaron por 762.804 euros). Debido a la antigüedad del edificio, construido en 1997 por el Instituto Nacional de Salud, se encargó la reforma integral de la tercera planta, que se acondicionó para consultas; y la quinta, la séptima y la octava, destinadas a oficinas.
Allí se instaló el equipo de la Gerencia de Atención Primaria. Era la primera fase del desalojo efectivo del edificio contiguo a la Residencia, que por otro lado abrió un conflicto con el servicio de Informática, que se quedó fuera de aquella mudanza. Sin embargo ahora, a seis meses de que expire la legislatura bipartita, el planteamiento es otro.
En las últimas semanas, se han iniciado los trabajos para independizar el suministro de agua y la energía eléctrica de la Residencia del bloque anexo, las obras que Pérez Gil había descartado desde un principio. ¿Significa eso que la Consejería de Sanidad renuncia ahora a evacuar la sede del SCS? El nuevo gerente, Benigno Caviedes, asegura que «la estrategia no ha cambiado». Y justifica así la decisión: «El objetivo es salir de aquí, pero el edificio no está en las mejores condiciones y el traslado aún va para largo». Reconoce que el Idival no se puede reubicar «con la rapidez que hubiéramos querido, lo que implica que nos vamos a tener que quedar más tiempo».
¿Cuánto? Caviedes no se aventura a dar fechas, aunque el hecho de que en las obras encargadas se haya incluido también la reforma de la fachada del bloque de la Gerencia denota que el eventual cierre del edificio está más lejos que cerca. «Hemos encargado la separación de las instalaciones para garantizar el suministro y que no dependamos de la Residencia», añade el gerente, y subraya que el coste será «inferior a 200.000 euros, correspondiendo la parte más importante de ese desembolso a la reparación de la fachada».
Además, en los trabajos previstos se incluye también la instalación de un sistema de detección de incendios. No obstante, el gerente insiste en que la «desafectación» de la Residencia, es decir, la devolución del inmueble al Estado (paso imprescindible para que se pueda replantear -o descartar del todo- un nuevo uso) se realizará junto con el edificio contiguo.
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