«Sanidad nos deja en un segundo plano y no tiene en cuenta la opinión de los municipios»

–¿Conoce a algún alcalde que esté conforme con el semáforo covid?

–Las quejas han venido principalmente de los municipios que hemos estado en nivel 3 o 4. Los que desde el principio pudieron abrir no han padecido este sistema, por lo menos de momento.

–Dicen que el nivel de riesgo que establece no corresponde con la realidad de los municipios. Es Sanidad quien tiene los técnicos y los expertos, ¿no se fían de su criterio?

–Desde la Federación no tenemos nada que decir sobre los criterios técnicos. Es un sistema objetivo de niveles en función de la incidencia. Lo que pasa es que al plasmar esos números sobre el terreno se dan situaciones muy particulares. Por eso pedíamos que se hiciera un estudio individual para todos los municipios que aparezcan en nivel 3 y 4. Porque en aquellos de entre 5.000 y 10.000 habitantes es muy imprevisible este sistema. Igual hay dos familias confinadas muy localizadas que no suponen ningún problema y elevan la incidencia muchísimo. Se vio muy claro en Colindres. Esperemos que se tenga en cuenta.

–También pidieron que, tras la evaluación semanal de los miércoles, las medidas entren en vigor de forma inmediata, no el viernes siguiente.

–Si un municipio está mal no tiene sentido alargar la decisión dos días, pero si está bien tampoco.

–¿Estos problemas o desajustes se habrían solucionado si Sanidad hubiera hablado previamente con los ayuntamientos?

–Sí que ha faltado bastante comunicación. Tanto a nivel individual con cada municipio como a nivel global con la Federación. Lo que pedimos al consejero es que a los municipios que vayan a estar cerrados no sólo se les llame previamente para avisar con cierto margen, sino también que se les explique cómo se ha hecho el análisis para que el propio alcalde se lo pueda transmitir a los vecinos. Nosotros somos los que estamos en la calle, a nosotros nos preguntan y muchas veces no sabemos ni qué responder, porque no tenemos una idea clara. En Reocín hemos tenido el foco la residencia de Quijas y yo me he enterado de todo por los medios de comunicación.

–Más allá de ese asunto, ¿falta sensibilidad en el Gobierno regional con los ayuntamientos?

–No tengo duda de que, al menos desde que yo soy presidente, el Gobierno tiene en cuenta a la Federación en todo. Lo que pasa es que el tema sanitario es fundamental, sobre todo en el último año. Desde el desconfinamiento hemos visto que estamos en segundo plano y no se cuenta con nuestra opinión. Claro que tienen que valorar los técnicos, pero nosotros tenemos la experiencia de la calle. Menos con Sanidad, con las demás consejerías sí que hay buena comunicación.

–El Gobierno central ha enviado a las autonomías recursos para hacer frente a los sobrecostes del covid, pero Cantabria no los ha traspasado a los ayuntamientos.

–En general, no ha habido traspaso de nadie a los municipios. Ni de Cantabria ni del Estado. Estamos contentos de que el Gobierno central nos permita ya utilizar nuestros remanentes, pero al final son nuestros propios recursos, lo que hemos ahorrado. Con todos los recursos extraordinarios, tanto las ayudas europeas de reconstrucción como con los gastos del covid, hay mucha incertidumbre. En lo que estamos es en utilizar nuestros recursos y si viene algún fondo adicional, bienvenido sea. Pero no podemos paralizar ningún proyecto hasta que nos llegue dinero de fuera, porque igual no llega.

–¿Hay alguna estimación de los sobrecostes por limpieza, personal, servicios sociales…?

–No existe ese cálculo. Pero lo que hicieron los ayuntamientos fue reajustar todas las partidas. Los presupuestos siguieron cuadrando e incluso siguieron generando superávit. No hubo déficit a pesar de que ningún ayuntamiento puso problemas en gastar lo que hiciera falta en la lucha contra el virus. Todas las necesidades que surgieron se cubrieron.

–Una de las demandas históricas de la FMC, los problemas para encontrar secretarios e interventores municipales, parece que se resuelve con la creación de una bolsa de empleo común.

–Es una buena solución. Va a dar mucha fluidez e inmediatez a la situación que nos encontramos muchas veces de no tener técnicos municipales. Lo que queremos es ampliarlo a otros perfiles. Nos vemos muchas veces muy apurados para encontrar ingenieros o arquitectos. Son puestos muy especializados que son complicados de suplir, que requieren procesos largos. Además, muchos ayuntamientos pequeños no pueden tener en plantilla a un arquitecto propio.

–Consiguieron que el Estado les autorizara a usar sus remanentes durante 2021. ¿Los ayuntamientos están haciendo uso de esta posibilidad?

–En general sí. Lo que ocurre es que tramitar todos esos expedientes lleva tiempo. Los funcionarios suman a eso sus obligaciones habituales y esto genera un atasco en los expedientes. Al final se hará lo que haga falta para resolverlo de una manera o de otra, pero por eso pedimos que la suspensión de las reglas fiscales se amplíe a 2022, porque este año no se va a poder hacer uso de todo el remanente. Creo que el Gobierno de España nos va a hacer caso.

–¿Ya saben si el Gobierno incrementará en 2022 la cuantía del Fondo de Cooperación?

–El espíritu era que se fuera incrementando año a año, pero Cantabria tampoco está muy boyante. Con que se mantenga y se pague en plazo como hasta ahora, nos damos por satisfechos. Estamos muy contentos con esto, con que al final se han blindado los 15 millones para que si hay un cambio de Gobierno no se lamine, como ocurrió antes en otras etapas.

–Otro problema es la dificultad para cubrir plazas en las policías locales. Se está estudiando hasta compartir efectivos.

–Los requisitos para crear un cuerpo local son muy exigentes y lo que demandamos es que se relajen. Por ejemplo, que no tenga que haber un mínimo de cinco agentes en un municipio, sino tres, dependiendo de su tamaño. El modelo que se plantea es la asociación entre varios municipios, pero con las normas actuales se requiere que previamente tengan su propio cuerpo. Eso también nos gustaría cambiarlo.

–Han peleado, parece que sin éxito, por conseguir que el lobo siga siendo especie cinegética.

–Veremos a ver si esa es la decisión definitiva. En Cantabria era un problema que teníamos resuelto. Se estaban poniendo en marcha las medidas y se había solucionado la polémica con ese punto de equilibrio que era el Plan del Lobo. En la medida en que podamos, vamos a seguir reivindicando este asunto.

–En su ayuntamiento está en marcha la comarcalización del Torrebús. ¿Hace falta una Ley de Comarcas para avanzar en otros procesos con ese modelo?

–No conozco que haya avances en ese ámbito, pero es verdad que lo de mancomunar servicios tiene que ir a más. Es la forma de poner en marcha un servicio que un municipio no podría tener por sí solo. El transporte urbano de la comarca del Besaya va a ser un buen ejemplo y va a mejorar muchísimo la movilidad en toda la zona.