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El caso de los pinchazos vinculados con supuestos intentos de sumisión química que un grupo de jóvenes dice haber sufrido en el festival de reguetón que se celebró este domingo en La Magdalena ha provocado una cascada de reacciones entre sanitarios, grupos políticos y ... afectados, que ayer presentaron nuevas denuncias ante la Policía Nacional (por el momento se han registrado cinco).
Un día después de que se descartara la aparición de sustancias tóxicas en las analíticas realizadas a los once jóvenes (de ambos sexos) que fueron atendidos en el Hospital Valdecilla por los supuestos pinchazos, la Consejería de Sanidad informó a El Diario Montañés que los sanitarios que atendieron a los afectados «descartan que los síntomas que presentaban fueran compatibles con intentos de sumisión química». No obstante, el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Rafael Sotoca, anunció que se ha citado a las personas que fueron atendidas en Valdecilla por sospecha de pinchazo, entre el sábado y el domingo pasado, «con el objetivo de completar el estudio para descartar infecciones y tóxicos, y hacer un seguimiento de los casos». Además, Sotoca avanzó que el SCS va a revisar los protocolos que ya tiene en marcha de sumisión química y pinchazos accidentales para «adaptarlos a esta forma de agresión».
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Esta medida se produce después de alguna de las víctimas, como la que relató ayer su caso a este periódico, denunciaran que, pese a no haber consumido alcohol ni drogas, tuvieron una serie de síntomas como «adormecimiento de partes de su cuerpo» que atribuyen a que les pudieron drogar. El problema es que, aunque fuera así, en los análisis no ha aparecido ninguna sustancia, con lo que algunos han renunciado a denunciar su caso a las autoridades policiales.
Ante el revuelo que se ha generado y con la intención de arrojar algo de luz sobre un problema que se está extendiendo por todo España, la presidenta de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, Clara Ortega, que trabaja en el Instituto de Medicina Legal de Santander, explica que, «aunque es cierto que hay sustancias que el cuerpo elimina muy rápido y son difíciles de detectar en un test de análisis de un hospital, la mayoría de los casos de sumisión química, el 80%, se deben a un exceso de consumo de alcohol».
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DAVID S. OLABARRI
Sin entrar en un análisis profundo de los casos que han sido atendidos en Valdecilla y que «pueden ser provocados por el efecto de alguna droga», Ortega considera que se está creando «mucha alarma social». «Hay cosas que sí son ciertas y otras que son exageraciones». ¿El hecho de que los afectados hayan dado negativo en los análisis implica que no hay un intento de sumisión química? «No se puede descartar y se podrían hacer más pruebas, pero hay una mayor probabilidad de que no lo haya habido», apunta, al tiempo que recuerda que los síntomas habituales en estos casos son muy variables: «sueño, confusión, estar desinhibido, pérdida de memoria, alucinaciones, mareos...». «También puede ser alguien que va por ahí pinchando», opina.
En el ámbito político, el Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander solicitó ayer a la alcaldesa Gema Igual (PP) la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces a la que asistan también miembros de la Junta de Seguridad Local para conocer «en profundidad» los hechos acontecidos durante el Reggaeton Beach Festival.
Clara Ortega
Médico forense
José María Fuentes-Pila
Los regionalistas están «preocupados» y quieren conocer la repercusión de las informaciones vinculadas a este asunto «ante la gravedad de los hechos». Además, aseguran que se han producido «numerosas denuncias vecinales por los inconvenientes» generados en el entorno de la Magdalena durante la celebración festival, tanto para las familias que disfrutaban en la playa como para los vecinos de la zona, «con macro botellones alternativos que generaron una gran cantidad de basura».
Para el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, es necesario conocer las circunstancias en las que se ha desarrollado este festival «que aglutinó a un número tan importante de gente en unas condiciones que desconocemos en cuanto a los dispositivos de control y seguridad».
También Izquierda Unida de Santander mostró ayer su «preocupación» por el «auge de esta moda machista (la de los pinchazos), que pretende someter la voluntad de las mujeres y que impide celebrar con tranquilidad las fiestas», y exigió celeridad en la creación de protocolos para impedirlo.
Desde la Policía Nacional en Cantabria explicaron que no cuentan con un protocolo específico para este tipo de agresiones y que aplican el que suele emplearse en los casos de delitos graves.
Por su parte, el gerente del SCS recomendó a quienes crean que han sido objeto de un pinchazo que se pongan en contacto con el 112 para ser derivados a un centro sanitario o acudan directamente a él.
alfonso torices
Madrid. Los delincuentes sexuales que usen la sumisión química para doblegar la voluntad de sus víctimas cumplirán desde el próximo mes entre dos y tres años más de cárcel que el resto de asaltantes de su calaña.
La ley del 'solo sí es sí', que entrará en vigor a finales de septiembre, crea una agravante específica para castigar a quienes utilicen sustancias (alcohol, drogas ilegales o fármacos)para asegurar sus delitos contra la libertad sexual y, en muchos casos, con el objetivo secundario de ocultar su identidad o de nublar en la mente de la víctima el recuerdo de la agresión.
La aplicación de la agravante supondrá que la agresión –cualquier acto contra la libertad sexual que no cuente con un consentimiento claro– se pagará con un mínimo de seis años de prisión y con no menos de 7 a 12 años si es violación (asalto con penetración). Es más, si se da una segunda agravante, como por ejemplo un ataque en manada, la suma de ambos pluses subirá la pena por agresión a 7 años y el tiempo que pasaría encarcelado un violador a entre 9 y 15 años.
Esta condena adicional no es el único cambio con el que la ley del 'solo sí es sí' combate la sumisión química. Incorpora mejoras para elevar la eficacia en la investigación y aumentar las condenas y garantiza el asesoramiento y acompañamiento a la víctima desde el minuto uno. Eso sí, el aumento de recursos y la adecuación de estructuras administrativas, policiales y judiciales que precisan impedirá que este segundo bloque de cambios sea realidad antes de primavera.
La ley obliga que los policías, jueces y fiscales que vayan a intervenir en estas denuncias reciban una formación específica en violencia sexual.
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