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Cantabria ·
El bipartito anuncia la medida tras rechazar la propuesta del PP de crear un plan de diagnóstico de las patologías que han quedado ocultas por la lucha contra la pandemiaLo secundario es que ayer no hubo un acuerdo entre los cinco grupos políticos con representación en el Parlamento de Cantabria. PRC y PSOE, las ... formaciones que sustentan al Gobierno, se negaron a apoyar una proposición no de ley del PP en la que solicitaban la creación de un plan extraordinario y urgente de diagnóstico y atención a las patologías no covid que han quedado ocultas durante la pandemia por la falta de diagnóstico. No quisieron dar al principal partido de la oposición el gusto de celebrar una victoria en la votación. ¿El motivo que alegaron? Que no hace falta instar a la Consejería de Sanidad a ello porque ya está manos a la obra. Lo sustancial es que, más allá del sentido del voto de cada uno, salvo algunos matices, las posturas no son tan distantes.
Todos reconocen que hay un déficit de atención –lamentable, pero comprensible en un contexto inédito en más de cien años– a los pacientes como consecuencia de la crisis sanitaria y que hay que hacer algo para paliarlo. Ese algo es una partida de ocho millones de euros con la que se quiere recuperar toda la actividad asistencial que se ha quedado por el camino como consecuencia de la falta de medios o las reducciones de consultas puestas en marcha para evitar los contagios. En resumen, tratar de devolver la lista de espera a niveles aceptables. Un plan que todavía está diseñando el departamento que dirige Miguel Rodríguez y que llegará tanto a los hospitales como a la Atención Primaria. Lo anunció durante su intervención en el pleno de ayer la diputada socialista Yolanda Algorri, que tiró la bomba de la mañana sin dar muchos más detalles.
Realmente habló de once millones, pero el Servicio Cántabro de Salud posteriormente corrigió esa cifra. El dinero irá dentro de los Programas Especiales de Sanidad, que suman en total –no sólo para recuperar el trabajo perdido por la pandemia– hasta trece millones y que próximamente serán aprobados por el Consejo de Gobierno.
«Queremos un plan. Queremos saber quién lo va a aplicar, con qué medios, cómo, cuándo, dónde y en qué plazos», reclamó el popular César Pascual, que reconoció que en Cantabria ya se están haciendo cosas al respecto, pero sin una estrategia clara. Su sospecha es que está ocurriendo lo mismo que con el plan de vacunación, que el Gobierno regional lo diseñó sólo después (recordó que tardaron 20 días) de que lo pidiera su formación. Ahora, aunque el bipartito pretenda negar que se hace a instancias del PP, Pascual espera que la Consejería no deje pasar tanto tiempo porque la falta de diagnóstico temprano está provocando un número de muertes difícil de conocer con la estadística oficial: «No he venido aquí a dejar en evidencia la gestión del Gobierno. No he planteado ni un solo dato que cuestione la gestión, y los tengo. Pido que planifiquen»
Algorri reconoció que durante la primera ola se ralentizó la atención a ciertas patologías crónicas, pero negó que se dejaran de atender urgencias con riesgo vital, de tal forma que «el sistema permitió atender de forma eficiente a los cántabros pese a estar sometido a una situación de estrés nunca antes vista». Puso el ejemplo de las cifras récord de trasplantes en 2020 o que sólo se bajaron los ratios de detección de cánceres durante las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Unas afirmaciones que encendieron a los populares. «Es cierto que se hizo lo que se pudo, pero bajo ningún concepto les voy a permitir que digan que no se dejaron de atender patologías de urgencia. No se hizo porque no se pudo, pero no sean ustedes negacionistas», concluyó Pascual.
Miguel Ángel Revilla afirmó ayer durante el pleno del Parlamento que su Ejecutivo tiene la intención de reclamar al Gobierno central que eche abajo la Residencia Cantabria, que lleva casi seis años cerrada por el mal estado del edificio. La idea es que, una vez que esté el solar despejado, se pueda conseguir su cesión para poner en marcha proyectos relacionados con la sanidad y la investigación. Todo en genérico, porque como respondió Revilla a una pregunta de la jefa de la oposición, María José Sáenz de Buruaga, todavía no se han definido los usos específicos.
«Cantabria no tiene tomada más decisión que vaciarla y pedir al Gobierno de España que la derribe», apuntó el presidente. También recordó los graves riesgos detectados en el inmueble y que, por su parte, la Consejería de Sanidad ha dado el visto bueno a una partida para dejar totalmente limpia la Residencia, en la que nacieron alrededor de 250.000 cántabros en las casi cuatro décadas que funcionó. «Estamos trabajando en proyectos que entendemos de mayor trascendencia», trató de justificar.
Por su parte, Buruaga lamentó la disparidad de criterios entre los socios del bipartito y, sobre todo, la falta de iniciativa: «No hay interés, y por eso nadie ha movido un dedo». En su opinión, sólo hay dos opciones, devolver el uso al Estado para que así la región no tenga que seguir pagando el IBI, la luz o la seguridad –o posibles daños provocados por accidentes– o poner en marcha un plan. Ya llegaría tarde, por ejemplo, para concurrir a los fondos europeos, como cree el PP que tendría que haber ocurrido.
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