Sanidad y Educación dicen que ningún proceso de estabilización en Cantabria se ve afectado por la sentencia del TS

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que rechaza la conversión de los trabajadores interinos en fijos de manera automática. El Alto Tribunal considera que esa no es la solución para acabar con la temporalidad en el empleo público español y que tampoco es el único camino que marca la justicia europea. Esta alusión tiene que ver con la resolución fechada en febrero de este año en la que el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) cargó contra España por no remediar la alta temporalidad en el sector público, algo que también se ha interpretado como la posibilidad de convertir a los interinos en fijos sin mediar proceso selectivo. Ahora, el Supremo, según informa Lucía Palacios, considera que esa conversión, por muchos años de temporalidad que se acumulen, es «incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública –que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la función pública– y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente».

La noticia despertó ayer cierta inquietud entre el personal interino cántabro, entre el recién estabilizado o el que aún está por consolidarse al abrigo de la Ley 20/2021, pensada para reducir la interinidad por debajo del 8% en respuesta al tirón de orejas de la UE a España. Por ejemplo, en la sede del sector de Sanidad de CSIF-Cantabria, el teléfono sonó con insistencia y Margarita Ferreras, su responsable, se esmeró en dar todas las explicaciones a su alcance tras informarse con los responsables de su sindicato. «El hecho es que no afecta a los procesos de estabilización convocados» en el ámbito sanitario, constató, y eso, en términos generales, se debe a que la estabilización implica un proceso –un concurso de méritos, un concurso-oposición extraordinario–. En la Sanidad cántabra, miles de profesionales interinos confían en consolidarse en los procesos de estabilización, y, al menos, 2.194 lo lograrán «antes de verano» gracias a un concurso de méritos.

Juan Ramón Artiga, subdirector de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), señaló ayer a este periódico que los procesos de estabilización –históricos en Sanidad– siguen su curso, sin olvidar el concurso-oposición que pondrá en juego 379 plazas. «No veo que nos afecte», apuntó Artiga, que, a grandes rasgos, avanza que la resolución del Supremo no le ha sorprendido «excesivamente» porque «una cosa es el reproche a la temporalidad y otra es llegar a una solución automática».

Tampoco tendrá reflejo esta sentencia en los procesos de estabilización del ámbito educativo, más avanzados y a falta solo de ejecutar una convocatoria por concurso-oposición extraordinario para el Cuerpo de Maestros, dotada con 109 plazas. Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Consejería de Educación, FP y Universidades que dirige Sergio Silva. En su momento, este departamento fijó en 886 los puestos susceptibles de consolidarse en la comunidad. Sin abandonar el ámbito educativo, Rus Trueba aseguró ayer que la sentencia «no afectaría al personal docente», ya que atañe únicamente al laboral, indicó la presidenta de ANPE.

Por su parte, Carmen Meruelo, al frente de la Federación de Servicios Públicos de UGT, puso sobre la mesa el informe que ya emitió su sindicato el 22 de febrero, a la par que la sentencia del TJUE, ya que los argumentos, defendió Meruelo, se mantienen. Así, dicha sentencia europea «no anula, a nuestro entender, los procesos de estabilización en marcha»; se refiere «a personal laboral temporal que ha sido objeto de abuso en la contratación», y la meta ha de ser seguir trabajando en reducir la temporalidad porque «es un problema que no se ha resuelto». En estabilización, Meruelo lamenta el caso del Ayuntamiento de Camargo, «que no tienen aprobadas las bases de estabilización» a pesar de tener «un índice alto de temporalidad» y de haber pasado tres meses desde que UGT, CSIF y CC OO presentaran una propuesta consensuada al respecto.

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