Sanidad ya tiene listo el pliego de los protones y dice que funcionará en 2024

«La previsión es que se cumplan los plazos y que la unidad de protonterapia pueda estar funcionando en 2024», respondió Rodríguez al diputado César Pascual (PP) durante una interpelación en el Pleno del Parlamento regional. Es decir, que el Gobierno de Cantabria entiende que la sucesión de contratiempos que han venido acompañando al proyecto no afectará a su puesta en marcha. Que se cumplirá el calendario en la horquilla más generosa, porque inicialmente se hablaba de que los primeros pacientes podrían empezar a recibir este innovador tratamiento contra ciertos tumores a «finales de 2023 o principios de 2024».

«Vamos camino de constituir otro desastre de gestión como las obras de Valdecilla durante la etapa del PSOE», afirmó Pascual, que insistió en que la terapia habría estado ya plenamente operativa si Sanidad hubiera apostado por la colaboración público-privada en el momento que se empezó a hablar del proyecto. Rodríguez negó la mayor en ese punto, pero no fue tan preciso a la hora de explicar cómo se financiará la actuación, de cerca de 45 millones de euros, después de los últimos contratiempos. Los recordó Pascual. Porque inicialmente los protones se iban a pagar íntegramente con fondos europeos React-UE y después Sanidad y Economía crearon un 'plan b' en caso de que no diera tiempo a tener la obra acabada en 2023, ya que más allá de esa fecha no se pueden pagar facturas con cargo a Bruselas.

La idea era 'meter' en los fondos europeos actuaciones que inicialmente iban a pagarse con el Presupuesto y que sí da tiempo a ejecutar. Y a la vez reservar el dinero de estas para la terapia. En principio gastos sanitarios, aunque siete de los 45 millones del fondo React-UE que se habían reservado a los protones irán finalmente a la modernización de la Agencia Cántabra Tributaria. «Cantabria tendrá su proyecto de protonterapia pagado con fondos europeos», se limitó a decir el consejero sin profundizar. Ante las dudas expresadas por Pascual sobre la apuesta real del Gobierno, subrayó que «sigue siendo un proyecto de legislatura».

Cantabria será la primera comunidad autónoma de España en garantizar por ley que los precios concertados en el sector de la dependencia y discapacidad se actualizarán conforme a los incrementos salariales que provengan de la negociación colectiva sectorial. Se trata de una medida que pretende beneficiar a las más de 6.000 personas trabajadoras del sector en Cantabria con una mejora de sus condiciones laborales y avanzar así en la profesionalización del empleo en el ámbito de los cuidados, según explicó este lunes la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, durante la defensa de la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales, que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento.

El Pleno también aprobó por unanimidad una moción que exige al Gobierno de Cantabria dar una solución a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo antes de que termine la presente legislatura. Es la enésima votación en este sentido, como lamentaron algunos de los intervinientes en la tribuna. En concreto, la iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, insta al Ejecutivo regional a cumplir y hacer efectiva la declaración institucional aprobada en mayo de 2017 en la que se pedía solventar el problema en dos años. Como aquello se quedó en papel mojado, en 2019 se dio luz verde a otro texto similar con el mismo nulo resultado. El de este lunes es un nuevo intento. PRC y PSOE reconocieron que la solución está siendo «más lenta de lo que todos desearíamos».