Sanidad ha notificado 7 multas de 3.000 euros por agresiones a personal del SCS

El establecimiento de sanciones administrativas a los agresores, especialmente a los reincidentes a través de la aplicación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria 7/2002, fue una de las propuestas que se incluyó en el acuerdo firmado con los sindicatos en diciembre, tras la huelga médica de Atención Primaria, aunque para entonces ya se habían puesto en marcha varios procedimientos. En la reunión mantenida esta semana con los Comités de Seguridad y Salud Laboral del SCS, el equipo de la Consejería ha dado cuenta de las medidas introducidas para garantizar la seguridad en los puestos de trabajo, una de las grandes reivindicaciones de la plantilla dado el creciente aumento de las agresiones.

En dicho encuentro, se perfiló el diseño de una campaña informativa, consensuada con los delegados de prevención, que incluya «mensajes educativos y disuasorios en los que se expliquen las consecuencias que tendrá ejercer cualquier tipo de violencia verbal o física contra los profesionales, aplicando las medidas administrativas y judiciales con el máximo rigor». Este era otro de los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales, junto con la instalación de cámaras de seguridad en todos los centros de salud, SUAP y consultorios -contrato pendiente de adjudicar aún (sólo está colocada la cámara piloto)-, y de personal de vigilancia en los puntos más conflictivos de la red. En concreto, desde hace mes y medio cuentan con seguridad privada los centros de Los Castros -donde se produjo en mayo la paliza a un médico que perdió parte de la visión de un ojo por las lesiones-, El Alisal y El Sardinero, en Santander; Covadonga, en Torrelavega; y Cotolino, en Castro Urdiales.

Del cúmulo de agresiones notificadas el año pasado, se abrieron 19 procedimientos judiciales y 25 sancionadores por vía administrativa (esta se paraliza si interviene el juzgado). De estos últimos, ocho aún están abiertos, por lo que no se sabe si acabarán en multa o no. Y de los otros diecisiete, según la información facilitada a los delegados, diez fueron archivados por falta de información o errores en la notificación, imponiéndose la sanción mínima de 3.000 a los otros siete. Si el juzgado sobresee y considera que no hay delito o dicta una sentencia absolutoria, la Consejería reactiva el procedimiento y puede sancionar. En caso de que haya condena, el expediente se cierra.

El Sindicato Médico, convocante de la última huelga en Atención Primaria, ha peleado insistentemente para que se aplicaran las sanciones económicas que contempla la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria de 2002, de forma que «repercuta en el bolsillo del agresor la falta de respeto a los profesionales». Porque hasta la llegada de estas primeras sanciones efectivas, la única consecuencia que tenían los agresores era una carta de amonestación remitida desde Sanidad. El año pasado, se enviaron 116 casos.