Sanidad pospone la gestión pública de las ambulancias y licitará el contrato este año

Pero, según ha podido saber este periódico, los planes de Pesquera y del gerente del SCS, Rafael Sotoca, se han visto frustrados tras recibir un contundente informe elaborado en el seno de la Consejería de Economía que advertía de los serios riesgos presupuestarios de esa operación.

El paso atrás, confirmado ayer por el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se ha anunciado con disimulo. Así, a la vez que se ha comunicado que finalmente se licitará el nuevo contrato antes de que acabe el año -ahora está prorrogado precisamente por el cambio de estrategia que llegó tras el relevo en Sanidad-, Zuloaga, que también había apostado por «priorizar» la internalización, ha avanzado que «el Gobierno de Cantabria dará los pasos para crear un ente público que gestione el transporte sanitario en un futuro». Sin plazos, eso sí. El asunto se retomará, o no, ya la próxima legislatura. Dependerá de lo que decidan las urnas. Una noticia que recibirán con alivio desde la oposición. Tanto PP como Cs habían alertado del notable encarecimiento de los costes que conllevaría la internalización, como se ha podido comprobar en el caso de Baleares, el único con trayectoria en el tiempo para tomar como referencia. Izquierda Unida, en cambio, siempre abogó por la gestión pública y animó a la Consejería a dar el paso.

Desde Sanidad, por su parte, matizan que «no es una renuncia», sino que el proceso para la internalización lleva su tiempo y, mientras, hay que buscar soluciones a los problemas del servicio de ambulancias, razón por la que se saca la licitación.

Ahora la Gerencia del SCS tendrá que rematar los pliegos que ya dejó perfilados el equipo anterior para ajustar el coste del contrato al precio del mercado y a las condiciones acordadas en el nuevo convenio colectivo. De hecho, en el borrador que manejaban el dimitido Miguel Rodríguez y su gerente del SCS, Celia Gómez, estaba previsto un incremento en la dotación del 30% (de 45,1 millones a cerca de 60) para equilibrar, entre otras cosas, el desajuste motivado por la sentencia judicial que obligó a Ambuibérica a pagar como horas extra el exceso de jornada de las guardias.

La compañía, a la que le han llovido las quejas por mal funcionamiento y los conflictos internos, contaba los días para finalizar su contrato y poner freno así a las pérdidas millonarias que arrastraba (300.000 euros al mes). Pero el relevo al frente de Sanidad cambió el escenario. El equipo de Pesquera decidió recurrir a la prórroga para analizar mientras tanto la alternativa de la gestión pública. Había que hacer un estudio comparativo. El propio Zuloaga presentó los resultados con la lectura del «ahorro» que suponía para las arcas públicas: «3,2 millones al año». La sorpresa fue que cifró el coste total en 18,8 millones anuales, seis más de lo que ha estado pagando a Ambuibérica en esta última adjudicación, y que la cuenta se hacía sobre los 22 millones al año de una nueva licitación (casi el doble de la actual).