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El escándalo de Fresenius, la empresa líder mundial en diálisis que habría sobornado a médicos de la sanidad pública para aumentar su facturación durante años, ha salpicado de lleno al antiguo equipo del servicio de Nefrología del Hospital Valdecilla -los seis aludidos están ... ya jubilados-. Desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS) se limitan a decir que «se está recabando toda la información disponible en relación con este asunto dado que hasta el momento todo lo que conocemos es una información periodística». La publicada ayer por El País, y que se basa en un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos que revela que la multinacional alemana realizó entre 2007 y 2015 «pagos inapropiados» a facultativos de hasta 17 países, con el fin de que les adelantaran información confidencial sobre concursos públicos, «enviaran a pacientes a sus clínicas» y «utilizaran los productos más caros de la compañía».
Dicho informe es el resultado de siete años de investigación interna de la empresa junto a las autoridades estadounidenses. Al asumir el abono de 207,6 millones de euros para evitar ser procesada por haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero, se entiende que Fresenius reconoce las prácticas que se le atribuyen, que sólo en España habrían reportado a la compañía unos ingresos de 21,1 millones de euros. Esta declaración ha estallado como una bomba en los servicios de Nefrología de los hospitales españoles, incluido Valdecilla.
Ya en la primera entrega publicada por El País, el pasado 24 de mayo, se apuntaba a especialistas de Valencia, Almería y Barcelona, al tiempo que se ponía el foco sobre centros de diálisis propiedad de nefrólogos de la plantilla del sistema público que fueron posteriormente adquiridos por la empresa, que a su vez era proveedora de esas unidades. Pero ha sido en la segunda parte de esta investigación donde ha salido a relucir el nombre de Santander. En concreto, se habla de seis nefrólogos de Valdecilla vinculados a una clínica de diálisis ubicada en el centro empresarial Zoco Gran Santander (Primero de Mayo-Peñacastillo). Se trata de Dialsán (hoy Fresenius Medical Care Services Cantabria), que nació como centro concertado con el SCS para administrar los tratamientos de diálisis derivados desde el hospital.
Según la documentación publicada, en 2004 la compró Fresenius por «5 millones de euros». Una cantidad percibida por sus impulsores a la que habría que sumar «el 5% de la facturación de la clínica durante los siguientes cinco años», que ascendió a unos 750.000 euros hasta 2009. Consultados por este periódico, los tres médicos citados en la información de El País (no se da el nombre del resto), los doctores Ángel de Francisco, Manuel Arias (ambos fueron jefes de servicio de Nefrología) y Julio González Cotorruelo (excoordinador de trasplantes de Cantabria), han accedido a explicar de forma detallada su versión para dejar claro que «no se puede cuestionar el modo en el que los profesionales de la salud se relacionan con la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, sembrando dudas sobre unas relaciones perfectamente legales además de estrictamente necesarias, mientras la formación continuada de los profesionales de la salud y el impulso a la investigación no puedan ser asumidas por el sistema público de salud».
Los facultativos reconocen que han realizado «contratos de consultoría con Fresenius y otras compañías» a lo largo de su vida profesional, «que en muchas ocasiones han revertido también en la financiación de becarios y ayudas de investigación en Valdecilla». Aunque puntualizan que «en España, los honorarios a profesionales por consultoría y el pago de la formación y los gastos de inscripción y asistencia a Congresos son legales».
Sobre las formas en las que Fresenius consiguió supuestamente información privilegiada de concursos públicos, denunciadas en dicho informe, los antiguos nefrólogos de Valdecilla aseguran que «nunca hemos decidido la resolución de concursos de material de diálisis en nuestro servicio de Nefrología», sino que «nos hemos limitado a responder a necesidades técnicas. La decisión la toma la mesa de contratación, que desde hace 40 años lo reparte entre diversas empresas, y últimamente entre Baxter, Fresenius y Medtronic».
Su presunta implicación en esta trama de ámbito internacional, que tiene también en el punto de mira a profesionales de Turquía, Marruecos, China, Arabia Saudí, México, Serbia, Bosnia..., les ha cogido con el pie cambiado. Tanto que aún no han decidido si emprenderán acciones legales contra el medio de comunicación que ha destapado este asunto vinculándoles con su nombre y apellido, «a la espera de consultar con nuestros abogados».
Respecto a la puesta en marcha de Dialsán, la clínica que posteriormente fue vendida a la multinacional alemana, los facultativos recuerdan que la razón de su apertura fue la «saturación asistencial» generada a partir de 1979, cuando el Dr. César Llamazares situó al servicio de Nefrología de Valdecilla a la cabeza de España en trasplante renal. En vista de aquella demanda, argumentan, «se solicitó al Insalud la creación, con cargo a sus recursos, de un centro de diálisis extrahospitalaria que estuviera integrado dentro de la asistencia global de la insuficiencia renal crónica en Cantabria». Y fue «la negativa del Insalud» a su propuesta lo que motivó que en 1981 decidieran ellos mismos constituir la sociedad Diálisis Santander SL. Una secuencia que se repitió en otras comunidades.
«Como consecuencia de nuestra incompatibilidad para la creación de un concierto con la Seguridad Social y las insalvables dificultades financieras dos años después, es decir hace 36 años, la empresa se transfirió a otros propietarios», explican en un comunicado conjunto, en el que no especifican a quiénes. Durante este tiempo, añaden, «el Servicio Cántabro de Salud ha realizado conciertos de diálisis, inicialmente con Dialsán, y desde hace 15 años con Fresenius. Obviamente nunca hubiera podido realizar un concierto, por incompatibilidad, si los propietarios hubiéramos sido los nefrólogos del SCS».
De Francisco, Arias y Cotorruelo reconocen que la compra de la clínica por parte de Fresenius «tuvo repercusiones económicas para nosotros, derivadas de las circunstancias de la primera venta, en la que nos reservamos la posibilidad de recomprar el centro, si en el transcurso del tiempo desaparecieran las incompatibilidades». Es decir, que nunca se desvincularon del todo del proyecto. No obstante, declaran que «los aspectos económicos están claramente expresados en documentos públicos que están a disposición de quien lo estime oportuno».
Dicho esto, consideran que «lo sustancial de este asunto, y de lo que nos sentimos orgullosos, es que con esta organización al cabo de tantos años hemos conseguido, en el último registro de la Sociedad Española de Nefrología y Organización de Trasplantes de 2017, que Cantabria sea, por millón de población, la primera del mundo, igualada por Noruega, en prevalencia de pacientes viviendo con trasplante renal y lógicamente la comunidad mundial con menos pacientes en diálisis». Este resultados, insisten los tres nefrólogos, «está motivado por la organización que iniciamos hace 40 años gracias a la visión de futuro del Dr. Llamazares. Pero por encima de ello, por la excelente organización de la Nefrología y de Valdecilla (referencia española y mundial en esta área), por el trabajo de auxiliares, enfermeras y médicos, y por la generosidad de los cántabros en la donación de órganos».
En el ámbito sanitario, las conclusiones del informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos y su vinculación con reconocidos profesionales de Valdecilla fue el tema de conversación del día, mientras que la Consejería de Sanidad declinó hacer valoraciones, limitándose a la escueta respuesta facilitada desde el SCS: «Se está recabando la información y documentación disponible en relación con este asunto». Puesto que los médicos aludidos ya están retirados -el último en despedirse fue De Francisco, que se jubiló en agosto de 2018-, se sobreentiende que se están revisando los contratos adjudicados con la citada clínica al menos en los años a los que se refiere a la investigación, de 2007 a 2015, en los que ya era propiedad de Fresenius.
El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Félix Álvarez, reclamó ayer «una investigación inmediata sobre los supuestos sobornos en Sanidad», puesto que «la Consejería tiene que garantizar la calidad, la solvencia y la honestidad del sistema sanitario público». Álvarez, que calificó este «nuevo escándalo» como «gravísimo», exigió al departamento que dirige María Luisa Real «que inicie una investigación profunda para llegar al fondo del asunto» y, «en caso de encontrar posibles delitos e infracciones, lo traslade a la Fiscalía para depurar responsabilidades».
La Sociedad Española de Nefrología salió al paso ayer de las graves acusaciones que apuntan a varios de sus asociados a raíz de la investigación sobre Fresenius, aclarando que las informaciones publicadas «se refieren a supuestos hechos ajenos por completo al ámbito de actividad de esta Sociedad, que se desarrolla según los principios de honestidad, transparencia y legalidad, sin que esa actividad haya sido cuestionada en ningún momento por la publicación referida o por cualquier otra en ningún medio». Cabe recordar que una de las primeras profesionales salpicadas por este asunto fue su presidenta, María Dolores del Pino, jefa de servicio de Nefrología en el hospital de Torrecárdenas (Almería) hasta su reciente destitución, poco después de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos hiciera público el documento.
La Junta Directiva de la Sociedad recuerda que en la información publicada, basada en informes hechos públicos por el Departamento de Justicia estadounidense, «no se cita ningún nombre propio ni se aporta ninguna evidencia específica sobre los supuestos pagos a médicos y menos aún sobre la influencia de estos pagos en la adjudicación de concursos». Y defiende que «deslegitimar el pago de la industria a profesionales de la salud (médicos, enfermeros, directivos sanitarios...) de formación continuada, inscripción y viajes a congresos, dotaciones para proyectos de investigación... es una enorme irresponsabilidad, además de una gran hipocresía, pues es prácticamente el único medio que tienen los profesionales (no sólo los nefrólogos sino los de todas las especialidades) de formarse y avanzar en la investigación con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y, por ende, la salud de los pacientes». Además, subraya que «para que hubiera habido soborno, tendría que demostrarse que ha habido pagos inapropiados y que éstos han servido para manipular concursos, y El País no ha aportado prueba documental alguna de que así haya sucedido, ni hay ningún procedimiento judicial en marcha en relación con todo ello».
Desde la Sociedad sostienen que «apoyaremos las investigaciones que estimen oportuno las administraciones y hospitales concernidos por estas informaciones, investigaciones que además consideramos necesarias para dar oportunidad de defensa a compañeros nefrólogos cuyos nombres han sido citados, y que desconocen completamente los hechos concretos de los que se les acusa. Exigimos asimismo a Fresenius que aporte a las autoridades sanitarias españolas toda la documentación relativa a los hechos relatados en el informe de la SEC».
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