Sanidad reconoce que tardará «varios años» en ajustar el presupuesto al gasto real

Rodríguez respondió así a las críticas que le habían vertido al respecto desde la oposición los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos. En primer lugar, el portavoz de la formación naranja, Félix Álvarez, había asegurado que el presupuesto diseñado por Sanidad para el próximo año «es falso en esencia» porque tiene previstos 922 millones de euros, una cantidad a su juicio «insuficiente», porque, según argumentó, este año, sólo hasta octubre, se han gastado ya 809 millones y «calculando por lo bajo, se van a necesitar más de 950 para acabar el ejercicio».

En esta misma línea se expresó después el diputado del Partido Popular, César Pascual, que indicó que «no es el presupuesto que merece la sanidad de Cantabria» porque está «muy por debajo del gasto real» que va a tener el sistema y «cuenta nuevamente con ingresos inflados», lo que terminará llevando de nuevo al Servicio Cántabro de Salud (SCS) «a la senda del déficit y de la deuda», algo «habitual» con los gobiernos bipartitos PRC-PSOE.

Pascual, que fue director gerente del Hospital Valdecilla entre 2011 y 2015 durante el Gobierno del PP de Ignacio Diego, añadió que el presupuesto de Sanidad «contradice lo que dijo el presidente Revilla, porque no es ni realista, ni prudente, cualquier cosa menos responsable, ni es social ni ambicioso», sentenciando que «aboca a la sanidad cántabra a una nueva crisis».

Aprovechó Rodríguez su turno de réplica para solicitar a los partidos de la oposición, no sin cierta ironía, que se «aclaren» en cuanto al sentido de sus críticas, porque mientras que el PP y Cs valoraron que el presupuesto de Sanidad está «infradotado», Vox señaló que «hipoteca todo el Presupuesto de Cantabria de 2020 y nuestro futuro». «Para hacer frente al aumento del gasto, con un aumento del 7% en las nóminas que es insostenible, se han tenido que reducir los fondos del resto de las consejerías», criticó el diputado Armando Blanco, que pidió al consejero poner en marcha «medida de eficacia y eficiencia».

Los partidos de la oposición también focalizaron reproches sobre el gasto farmacéutico, que asciende de 139 a 163 millones, un aumento que PP y Cs consideraron «insuficiente». El más contundente fue Pascual, que señaló que esta partida está «escandalosamente infradotada». Álvarez volvió a echar cuentas para defender sus argumentaciones, asegurando que este año «ya van a faltar 45 millones» para gasto farmacéutico y el próximo, «faltarán otros 20», que acabarán como «facturas en el cajón». Mientras, Blanco (Vox) lo que criticó es el «dramático aumento» de la partida para gasto farmacéutico, que «está fuera de control» y ante el cual la Consejería «no tiene ningún plan para tratar de frenarlo». Auguró el diputado que, de continuar así, el consejero de Sanidad «tendrá que comparecer en el Parlamento para exponer sus cuentas».

Rodríguez, que dio respuesta a todos y cada uno de los cuestionamientos de los grupos parlamentarios, justificó que con este aumento del gasto farmacéutico lo que se pretende es que «el presupuesto sea realista para intentar ajustarlo al gasto real» y, con ello, «reducir el periodo de pago a las oficinas de farmacias en dos meses».

Rodríguez explicó con detalle ante la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento los apartados claves en los que se invertirán los 922 millones que gestionará su departamento en 2020, 48 millones más que este año, en lo que supone la mayor partida de los Presupuestos Generales de Cantabria. El montante total se reparte entre los 21,3 millones de la Consejería (un 4,5% más) y los 900,7 destinados al SCS (un 5,5% más), la que definió como «la mayor empresa» de la región, con más de 10.000 empleados. De hecho, casi la mitad del presupuesto (442 millones) se dirige a gastos de personal.

Unas cuentas pensadas, tal y como definió el titular del área, «para situar a las personas en el centro del sistema sanitario y para que, por supuesto, ningún ciudadano que necesite tratamiento quede excluido de él», porque la Sanidad «no entiende de ideologías».

La Consejería de Educación aplicará una 'discriminación positiva' a los docentes de centros rurales, para favorece su continuidad; actualizará el protocolo de acoso escolar, cuyas medidas considera «insuficientes»; y encargará al Consejo Escolar un estudio sobre el futuro de los cupos y centros, ante la importante reducción de escolares en Cantabria.

Además, el departamento que dirige Marina Lombó (PRC) está trabajando en los trámites para la escisión de la parte de Educación de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) de forma que los técnicos superiores de Infantil que atienden las aulas de dos años vuelvan a la Consejería de Educación antes de junio de 2020.

Son los principales anuncios en materia educativa que hay hecho hoy la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo durante una comparecencia parlamentaria en la que ha presentado las cuentas de su departamento a los grupos políticos, en la que Lombó ha defendido que se trata de un «buen» presupuesto, el mayor de la historia de la comunidad autónoma, mientras la oposición lo ha censurado como «mentiroso» o «insuficiente y desilusionante».

Lombó ha señalado que, frente a las peticiones de que la gestión de las aulas de dos años se lleve a cabo por parte de la Consejería de Educación, en este departamento están «dispuestos a trabajar en esa línea y haciendo todos los trámites para que en la SRECD produzca su escisión la parte de Educación y pueda volver a la Consejería de Educación» antes de que concluya la encomienda de gestión en junio de 2020, ha dicho.

Posteriormente, el Gobierno ha precisado en un comunicado que escindirá en 2020 la actual Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte para que los técnicos superiores en Educación Infantil se integren en la Consejería de Educación, Formación, Profesional y Turismo, en una sociedad de nueva creación y con competencias exclusivas en esta materia.

El presupuesto ha recibido las críticas de la oposición. Desde el Grupo Mixto, Cristóbal Palacio (Vox) ha censurado que la Consejería «penaliza y discrimina» a la enseñanza concertada, lo que Lombó ha descartado aludiendo a un incremento de cinco millones de euros en la aportación de su departamento para este concepto en 2020.

Por su parte, Félix Álvarez (Ciudadanos) ha censurado la «falsedad presupuestaria» del documento pues, según ha dicho, el incremento del peso de la educación en el presupuesto general respecto al año anterior ha sido de un 0,16%, con lo que crece «bastante menos» que el propio PGC (1,2%).

Mientras, el diputados del PP Álvaro Aguirre ha tachado el documento de «insuficiente y desilusionante», un «trampantojo» puesto que «está por debajo de lo que se va a gastar este año». Ha lamentado que «no hay un euro más» para libros de texto o refuerzo escolar, y ha denunciado la «desconexión de la Formación Profesional con el mundo de la empresa».

Ya por la tarde, llegó el turno para el consejero de Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín (PRC), que ha reconocido que le hubiera gustado tener un presupuesto mayor en 2020 pero «nos ha tocado apretarnos el cinturón y ser solidarios» para dar prioridad a las políticas sociales (Sanidad, Educación y Dependencia). No obstante, «el compromiso es que el año próximo serán las consejerías inversoras las que vean reforzado su presupuesto».

Así lo ha manifestado durante su comparecencia ayer en el Parlamento para rebatir las críticas de la oposición, que ha coincidido en criticar el elevado gasto del personal de su departamento (un 7,49%), frente a los recortes de derminadas partidas, como el presupuesto de Sodercán, que la diputada de Ciudadanos Marta García ha cifrado en 10 millones de euros. «Es absolutamente desmedido el peaje que han tenido que pagar (el PRC) por recuperar Sodercán», ha dicho, sociedad que en la anterior legislatura estuvo en manos del PSOE.

Aunque fue el portavoz del PP y expresidente de la CEOE, Lorenzo Vidal de la Peña, quien se mostró más duro con Martín. A su juicio, el presupuesto de la Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio para 2020 debería ser «el motor del Gobierno», y sin embargo «es más bien un motor abrasado y sin recorrido», un documento que establece «esperanzas donde debería haber objetivos y gasta en nóminas donde debería haber inversiones». En su opinión, es un presupuesto «recortado, en declive, decepcionante y pobre en discurso e ideas», que no va a servir para amortiguar el impacto de la desaceleración ni para impulsar el cambio de modelo productivo. Es el presupuesto con el que va a financiar la fiesta de despedida Revilla», ironizó.

Con carácter general, los tres grupos de la oposición –PP, Ciudadanos y Vox– criticaron el elevado gasto de personal de la consejería, y los «recortes» en determinadas partidas, en las ayudas a la cuenca del Besaya y en el presupuesto de la empresa pública Sodercán.

En su réplica, el consejero admitió «algunos recortes» pero de escasa entidad, y defendió que es un presupuesto «coherente, consecuente, sólido y paciente y solidario porque tocaba en este momento, lo que no supone que se haya suspendido o cancelado ningún programa».

Sobre Sodercan destacó que hay un aumento notable de los fondos para apoyo a empresas, que crecen de 11 a 15 millones. En este sentido señaló que la empresa pública iniciará en 2020 el proceso de transición de sociedad anónima a organismo autónomo, del que saldrá «reforzada». En cuanto al gasto de personal, explicó que la consejería tiene «una carga administrativa muy amplia y mucha tramitología» con lo que las plantillas son «relativamente amplias».