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La Consejería de Sanidad no renovará, al menos de momento, a los 42 rastreadores contratados por función pública como funcionarios interinos que finalizarán su contrato a lo largo del mes de diciembre. Ya ayer terminaron un total de 29. Así, a final de año, en ... la Unidad de Vigilancia Epidemiológica quedarán 52 profesionales en ese régimen a los que se suman los 30 trabajadores contratados por el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Unas tareas de rastreo en las que también colaboran los 60 militares del Ejército con los que contaba la región junto con otros 15 cuya incorporación estaba pendiente y que ya están operativos dando apoyo al servicio de seguimiento de los brotes que se registran en la comunidad autónoma.
Esta reducción de la plantilla en uno de los equipos clave en el control de la expansión del virus llega con la sexta ola en pleno crecimiento, una decisión que para el sindicato Trabajadores Unidos (TÚ) «no tiene sentido ni sanitario, ni científico, ni económico». Porque su trabajo es «imprescindible». Por eso el colectivo instó al Ejecutivo regional no sólo a mantener al equipo completo, sino a incrementar el número de trabajadores dado que, considera, «no hay suficientes» para dar respuesta al repunte de contagios de las últimas semanas. Una preocupación que Félix Álvarez, portavoz de Ciudadanos (Cs), trasladó al Parlamento de Cantabria el lunes. Cuestionado por este punto, el titular de Sanidad, Miguel Rodríguez, subrayó que no se trata de «despidos», sino de finalizaciones de contratos, y que Cantabria no se queda «sin la mitad de los rastreadores» –como critica el sindicato TÚ–, pero sí sin una parte, aunque no afecte ni a los contratos hechos por el SCS ni al servicio que presta el Ejército. Eso a 31 de diciembre, a primeros de año «veremos qué contratos hacemos» porque la plantilla «se adaptará a la situación y evolución de la pandemia en cada momento», insistió.
La decisión de no renovar automáticamente esos contratos es una medida que la organización sindical no entiende dado el «momento tan vital» que atraviesa la región y la necesidad de mantener «la guardia alta» contra el covid. Por eso instó al Gobierno a «reflexionar y recapacitar». También sobre estas dudas se pronunció Rodríguez señalando que «no se va a prescindir para siempre de esos contratos». Cambia la dinámica y se pone en marcha otro sistema. De esta forma, las personas a quienes no se les renueva el contrato ahora, «si lo desean», pasarán a formar parte de una bolsa de empleo del SCS a la que «se irá recurriendo en función de las necesidades de rastreadores de cada momento».
A la Unidad de Vigilancia se han sumado 15 militares y si no se añade más personal es porque, a día de hoy, entienden que cuenta con las manos «suficientes» para atender el rastreo de los casos que cada día suma la región. Un punto que la secretaria general de TÚ, Isabel Rodríguez, no comparte: «Los trabajadores no dan abasto», indicó el lunes. No obstante, el personal se irá ajustando conforme cambie la situación epidemiológica.
En este sentido, el consejero explicó que, a través del Boletín Oficial de Cantabria, se ha introducido una medida para «optimizar» la contratación en esta línea con el fin de garantizar la «agilidad» en las nuevas incorporaciones, facultando al SCS para convocar con urgencia el proceso selectivo en el que se prime la experiencia previa en los trabajos de rastreo y seguimiento de casos covid. «Una bolsa específica a la que se recurrirá según las necesidades». A pesar de la explicación, el portavoz de Cs volvió a pedir a Rodríguez una reflexión sobre la medida para no dejar sin personal al servicio. «La estructura siempre se ha mantenido con una división suficiente para sacar adelante la carga de trabajo, no se va a quedar nadie sin rastrear», sentenció Rodríguez. Y a partir del 1 de enero, según esté entonces la situación, adoptarán o no medidas en una unidad de vigilancia que, pretenden, «se mantenga como medida preventiva de salud pública» para que Cantabria cuente con una «estructura sólida» una vez finalice la pandemia.
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