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Protestas de los trabajadores, procesos judiciales y amenazas con el descuelgue del convenio colectivo... Ambuibérica, la concesionaria del transporte sanitario del Servicio Cántabro de Salud ( ... SCS) desde 2012, cuyo contrato se renovó en 2018 y luego fue prorrogado contra su voluntad en febrero, dice que ya no puede asumir las «pérdidas millonarias» de las actuales condiciones laborales. Acuciada por la situación, la Consejería de Sanidad busca soluciones a un problema enquistado desde hace años y ahora, por vez primera y con Raúl Pesquera como consejero, sopesa que el servicio pase a manos públicas.
«Con la llegada del nuevo consejero se están trabajando los pliegos del nuevo contrato y, en paralelo, valorando otros escenarios», reconocen fuentes de la Consejería. «Eso sí, siempre con la premisa del cumplimiento de las condiciones del contrato en vigor».
Fue ayer el tema tratado también en la asamblea organizada por Izquierda Unida (IU) para los trabajadores de Ambuibérica con la presencia de Henar Moreno, diputada de esas siglas en La Rioja y vicepresidenta del Parlamento en esa Comunidad, donde el pasado mayo culminó un proceso similar al que se plantea ahora en Cantabria. «Desde este partido hemos venido dando la batalla desde hace años para recuperar servicios públicos y devolver a manos públicas el transporte sanitario ha sido una de nuestras prioridades», cuenta la diputada.
«Veníamos escuchando desde hacía tiempo la falacia de que había servicios sanitarios principales y otros secundarios y esto va en detrimento de la dignidad de los trabajadores y también de la calidad del servicio que prestan a los ciudadanos», agrega Moreno.
El objetivo de la reunión era poner sobre la mesa un proceso que comenzó con una enmienda presupuestaria para la creación de una empresa pública que se ocuparía de recuperar para la Administración esos servicios públicos: «En Cantabria puede hacerse lo mismo».
Desde la coordinación de Izquierda Unida en la región, Israel Ruiz Salmón lo tiene claro: «Estos problemas que estamos encontrando con Ambuibérica desencadenan complicaciones con los trabajadores, pero también con los servicios que prestan y, por ello, es urgente resolver la situación y que sea la Administración la que se ocupe de su gestión». También carga contra el Ejecutivo regional: «La empresa es responsable de esta situación, pero el Gobierno, que fue quien aceptó ese contrato a la baja y quien de hecho volvió a renovarlo a sabiendas de que no funcionaba, también».
En el Comité de Empresa de Ambuibérica hay diversidad de opiniones. De un lado IU, CC OO y UGT están a favor de lo que denominan la 'internalización' (su paso a manos públicas) del servicio. Pero otros representantes de los trabajadores no aceptan la alternativa o lo hacen sólo con matices. Mientras, en Ambuibérica la opinión es clara en contra de que el servicio deje de estar externalizado. «Un ejemplo de ruina ha sido la operación que se hizo en las Islas Baleares. Se devolvió el servicio a manos públicas y ha salido totalmente mal. Aquí corremos el riesgo de que suceda lo mismo», apuntan fuentes de la concesionaria, que aspira a una revisión del contrato que le resulte rentable.
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