Sanidad tramitó 819 abortos el año pasado, casi el 20% de los embarazos

El año pasado hubo 4.116 embarazos en la región, contando los 3.297 que acabaron en parto (2.768 en Valdecilla, 329 en Laredo y alrededor de 200 en la Clínica Mompía) y los 819 que fueron interrumpidos, lo que supone casi el 20%.

En 2020, en cambio, los abortos fueron menos. La Consejería de Sanidad acaba de recoger en una memoria los datos relativos a las peticiones de IVE, con el fin de actuar en consecuencia. En un momento en que el Ministerio de Igualdad está inmerso en la redacción de la nueva Ley del Aborto, que permitirá a las menores de 16 años solicitar la interrupción del embarazo sin el permiso de los padres, Jubete aboga por «incidir en una mayor formación» porque el aborto «es el último recurso de urgencia, un paso muy duro para la mujer que lo solicita y también para el sistema sanitario y sus profesionales».

Según la memoria, en 2020 se realizaron 760 abortos voluntarios, 69 menos que el año anterior, algo que Jubete atribuye a la menor interacción social por la pandemia. Por franjas de edad, la tasa más alta se encuentra en el grupo de 20 a 24 años, igual que a nivel nacional. Crecen las interrupciones en mujeres que tienen antecedentes, de tal manera que el 28,5% de las mujeres que solicitaron una interrupción de embarazo ya habían pasado por un aborto previo.

También asciende la tasa de abortos en adolescentes (menores de 19 años), que se sitúa en 7,48%, una cifra que cuadra con la media nacional. Lo preocupante está en que el 28% de las mujeres en Cantabria que recurren a una IVE no utiliza ningún método anticonceptivo, un porcentaje que asciende a más del 29% en las menores de 19 años y al 41% entre las inmigrantes. El perfil de la solicitante de aborto en la región es el de una mujer menor de 30 años, de nacionalidad española, que convive en pareja y tiene descendencia, con estudios y activa laboralmente.

En 2020 el número estimado de embarazos en adolescentes en la región se situó en 143. El 69,2% de ellas recurrió a una interrupción voluntaria. «Donde tenemos que trabajar es en la gente menor de 18 y de manera firme. La mayoría de las comunidades ha puesto a disposición de las mujeres una anticoncepción y la población tiene cierto criterio sobre la prevención del embarazo», advierte Jubete, que insiste en la necesidad de continuar con la formación porque «el aborto es un fracaso de todo eso, es un fracaso del sistema sanitario y de la educación sexual».

En cuanto a la modificación de la ley que se baraja, la ginecóloga se muestra partidaria: «Desde un punto de vista sanitario, las menores deberían tener la libertad de tomar esa decisión final, informando a los padres, pero teniendo ellas la última palabra, porque se dan situaciones muy difíciles», explica. Muchas veces esas menores «pertenecen a hogares desestructurados y es muy difícil poner a los padres de acuerdo, o bien ellas chocan con convicciones de los padres, y se trata de su futuro, de su vida futura», reflexiona.